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AngloGold Ashanti y demás trasnacionales poseen en concesión un territorio de 43.000 km2, tan grande como los departamentos de Boyacá y Cundinamarca juntos. Por exenciones tributarias, Drummond dejó de pagarle a Colombia casi un billón de pesos entre 1995 y 2007. En Cerromatoso, por malas liquidaciones, la nación puede haber perdido desde 1998 la suma de 210 mil millones de pesos. Pésima la auditoría estatal. La auditoría es indelegable y no debe ser hecha por la empresa privada.

Las trasnacionales de la gran minería le imponen a Colombia las condiciones y el país sigue en el peor de los mundos, dijo hoy Jorge Enrique Robledo en el debate al gobierno nacional que tuvo lugar en la Comisión Quinta. Las compañías no pagan los impuestos y regalías que debieran, no están sujetas en la práctica a una adecuada auditoría y hacen lo que les da la real gana en materia laboral y de seguridad industrial. En contraste, los pequeños y medianos mineros sufren a diario un tratamiento punitivo que persigue sacarlos del mercado.

Al aclarar una vez más que la inversión extranjera es bienvenida siempre y cuando sea beneficiosa y no afecte la soberanía, Robledo denunció que en el país “la cuerda suele reventarse por lo más delgado cuando entran en conflicto el interés de la nación y el de los monopolios extranjeros”. Como aberrante, en especial, calificó las condiciones laborales en las minas, donde rige el sistema de contratistas, con jornadas de doce horas y salarios 70 por ciento inferiores a los del personal de nómina. Cunden las enfermedades ocupacionales, pero las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, se niegan a reconocerlas como tales.

Para ilustrar el punto, el senador del Polo expuso varios casos críticos, entre ellos el de la Frontino Gold Mines en Segovia y Remedios (Antioquia), el de la Colombia Goldfield en Marmato (Caldas), el de la Greystar Resources en el Páramo de Santurbán (Santander), el de la AngloGold Ashanti en Cajamarca (Tolima), el de la Cosigo Frontier en Taraira (Vaupés) y el de la mina aurífera del río Suárez, en el Cauca. Se solidarizó con el paro cívico que adelantan los habitantes de Segovia y Remedios por el despido de 1.600 trabajadores y previno sobre los graves daños que van a causar las explotaciones a cielo abierto previstas en Marmato, La Colosa y Santurbán. Sobre las minas de carbón en el Cesar, donde está asentadas la Drummond y la Glencore, Robledo citó a Salud Hernández-Mora: lo que hay allí “es un concierto para delinquir. Un complot para desaparecer ríos, arruinar proyectos de vida, devastar una región y enriquecer unos pocos bolsillos”.

Hizo referencia a Cerromatoso, donde según Audit Age S.A., una firma de auditoría, la nación dejó de percibir por malas liquidaciones entre 2004 y 2008 más de 23 mil millones de pesos y acusó a Ingeominas por haber aceptado un tribunal de arbitramento con la empresa extranjera, cuando las leyes colombianas lo prohíben. También por malas liquidaciones Colombia perdió en el contrato con Prodeco-Glencore 420 mil dólares. Agregó que la Drummond dejó de pagarle a Colombia casi un billón de pesos (un millón de millones) entre 1995 y 2007, por concepto de IVA, compensaciones y devoluciones. Robledo le pidió al gobierno no prorrogar el contrato con Cerromatoso ni proceder a nuevas renegociaciones de contratos con ninguna de las trasnacionales mientras no sean debatidas ante la Comisión Quinta.

El senador del Polo Democrático advirtió que Juan Manuel Santos seguirá colmando de privilegios al capital extranjero de la gran minería y persiguiendo a los pequeños y medianos y cerró el debate citando a León Teicher, presidente de El Cerrejón: “Así como el país fue afortunado al tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante (…) Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen”.

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