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Luego del asesinato de Hernando Pérez, ocurrido el pasado 19 de septiembre en el corregimiento El Totumo del municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, la situación para los campesinos víctimas de despojo de tierras en la región agroindustrial se complica a tal punto que probablemente unos cinco líderes deberán abandonar sus municipios en los próximos días.

Así lo manifestó Carmen Palencia, líder de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), quien no dudo en calificar el  asesinato de Pérez como una dura advertencia sobre lo que serán los procesos de restitución de tierras que pretende adelantar el Gobierno nacional en la región.

De acuerdo con Palencia, varios de los integrantes de la Asociación fueron amenazados de muerte semanas atrás mientras que varios campesinos de Necoclí recibieron presiones para que desistieran de sus reclamaciones. Ahora, tras la trágica desaparición de Hernando Pérez, varios de los amenazados ya están pensando en abandonar la zona.

“En este momento tenemos dos líderes del corregimiento El Totumo amenazados y estamos viendo la manera cómo los sacamos porque están en alto riesgo. Tenemos otro compañero en Apartadó en la misma situación; la semana pasada unos tipos armados fueron a buscar a una compañera de Chigorodó a su casa y hace como tres meses sacamos a un compañero escondido de la zona porque ya lo iban a matar y lo mandamos para una ciudad del interior del país. Allá está ‘tirado’, pero, ¿Qué más podemos hacer?”, señaló Palencia.

Las intimidaciones, refirió la dirigente, provienen de grupos armados que operan en la zona y que estarían al servicio de testaferros y terratenientes que fungen como propietarios de extensas hectáreas de tierra dedicadas a la ganadería y cultivos agroindustriales como la palma africana.

“Aquí estamos en manos de los violentos. Ellos se pasean por la región como si nada. A los que reclamamos tierras nos están amenazando. Cómo será que ni siquiera la presencia del Ministro de Agricultura evitó que asesinaran a Hernando”, expresó Palencia, haciendo alusión al hecho que horas antes de su muerte, Hernando Pérez estuvo presente en el acto de entrega de 34 títulos de propiedad para igual número de familias de las veredas La Teca, California, Calle Larga y Nueva Unión del corregimiento Nueva Colonia, municipio de Turbo, evento que contó con la presencia del jefe de la cartera de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

El hecho es de tal gravedad que para el próximo 24 de septiembre, integrantes de la Asociación se reunirán en Bogotá con el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, para estudiar posibles medidas de protección para las víctimas de este flagelo. A la cita también asistirán organizaciones no gubernamentales que acompañan estos procesos, como la Fundación Forjando Futuros.

Gerardo Vega, director de la Fundación, dijo que pedirá al Ejecutivo la creación de bloques de búsqueda integrados por Fiscales, Jueces y Policías para que den con los responsables de estos crímenes para que no queden en la impunidad. “Necesitamos también la presencia de los más altos representantes del Gobierno en las regiones, para que los violentos entiendan que la restitución es una decisión de carácter nacional”, expresó Vega. 

Igualmente, el director de la Fundación le propondrá al Vicepresidente de la República que incentive la creación de organizaciones de víctimas de despojo en todo el país que cuenten con el debido acompañamiento estatal y, además, se dicten medidas de protección para los líderes amenazados e invitará igualmente a las organizaciones internacionales para que participen y acompañen más a los campesinos reclamantes.

Situación preocupante
Con la desaparición de Pérez ya son 47 los campesinos vinculados a procesos de reclamación de tierras asesinados en el país en los últimos tres años, de los cuales siete han ocurrido en la región del Urabá antioqueño. Precisamente en mayo de este año se registró la extraña muerte de Albeiro Valdez, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un despoblado del corregimiento El Totumo de Necoclí. Si bien los primeros reportes forenses indicaron que causas naturales produjeron su deceso, hoy se tienen indicios claros que fue víctima de envenenamiento. 

Lo que preocupa a los pobladores de la región agroindustrial, quizás una de las más afectadas en el país por el despojo de tierras, es que todos estos crímenes aún permanecen en la impunidad, “y eso se ha convertido en una patente para que nos sigan matando”, indicó Palencia.

Para Alberto Yépez, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEU), instancia que le ha hecho seguimiento a la situación de las víctimas de despojo de tierras en el país, hechos como este deben llevar a que el Gobierno nacional afine sus estrategias de protección para los campesinos reclamantes ahora que manifiesta la intención política de restituirles tierras usurpadas en el pasado.

“Antes de hacer las restituciones, el Gobierno debería hacer presencia con sus organismos de seguridad y enfrentar estas estructuras mafiosas paramilitares que todavía campean en los territorios y que ya demostraron en Urabá que no están dispuestas a entregar las tierras por las buenas. El Estado tendrá que llegar no sólo con las leyes sino también con los ‘fierros’, es decir, con las autoridades militares pero para apoyar a los campesinos”, sostuvo Yépez.

Para el Coordinador del Observatorio de DD.HH de la CCEU, el hecho que el Congreso de la República se apreste a discutir la llamada Ley de Tierras, iniciativa legislativa que pretende restituir dos millones y medio de hectáreas entre campesinos víctimas de la violencia en los próximos cuatro años, constituye un momento crucial no sólo para brindar garantías efectivas para los labriegos sino también para comenzar a develar quienes estuvieron detrás del flagelo del despojo de tierras.

“Creo que antes de proponer acciones como un catastro social con las víctimas, el Gobierno nacional deberá realizar primero una evaluación de quienes son las empresas e inversionistas que han terminado beneficiándose de las tierras despojadas, sacar a la luz pública sus nombres y buscar los mecanismos judiciales para que también sean vinculados a las investigaciones por las muertes de estos campesinos reclamantes”, añadió Yépez.

Además de pedir celeridad en las investigaciones por las muertes de los líderes de los campesinos, muchas de las cuales aún permanecen en la más completa impunidad, Yépez alertó sobre posibles la arremetida violenta que están padeciendo las víctimas de despojo en otras regiones del país.

“Hay presiones muy fuertes contra campesinos reclamantes de tierra en Córdoba, César, Magdalena, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Son zonas donde hay una presencia muy fuerte de grupos paramilitares y donde se han asentado importantes conglomerados económicos ligados a la agroindustria, que en últimas son los que terminan beneficiándose de las tierras despojadas”, aseveró el activista.

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