Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

En los últimos veinte años, no ha habido proyecto regresivo que no se haya presentado como un arma contra la corrupción, argumento de corte extorsivo que pretende acallar a los contradictores y exime a quienes lo utilizan de efectuar análisis complejos, al tiempo que los presenta como honrados, aun cuando no lo sean. No constituye una paradoja sino la expresión de una astucia que la inmensa defraudación del patrimonio público implícita en las privatizaciones haya sido montada sobre la retórica de la falsa moralidad neoliberal.

Tampoco es casual que el debate sobre la ley de regalías lo quieran convertir en un pleito entre “los corruptos” de los municipios y los departamentos que reciben regalías directas, donde se explotan los minerales, y “los honrados” del gobierno nacional, que quieren definir qué hacer con esas platas. Se silencia que las indirectas, que van al resto del país a través del Fondo Nacional de Regalías, las controla Planeación Nacional, entidad que además tiene el deber de vigilar que no se pierdan o malbaraten las de los municipios productores.

Entonces, cuando el gobierno manipula el debate como un pleito entre honrados y corruptos, le sucede lo que al que escupe hacia arriba, con un agravante: con alguna excepción, todos los que deciden sobre regalías, alcaldes y gobernadores, diputados y concejales, Contralora y Procurador y altos burócratas que despachan desde Bogotá, votaron por Santos, luego ¿cómo explican la contradicción que por conveniencias plantean? Además, el zar anticorrupción sostiene que en la contratación nacional se roban cuatro billones de pesos cada año.

Que sobre los corruptos, al igual que sobre los malbaratadores, estén donde estén, caigan las sanciones que deban caer. Pero que se debata con seriedad y se toquen todos los aspectos en cuestión.

Por razones obvias, cómo se nota que en el proyecto no hay nada contra la corrupción. Ni siquiera dispone de un porcentaje de las regalías para auditar a las trasnacionales, donde se originan todos los recursos del sector y que, según la Contraloría, nadie vigila en serio. Se les cree por fe, dice el ente de control. ¡Por fe! ¡A las trasnacionales!

Si lo que se proponen se limitara, como dicen, a pasar regalías de unos municipios y departamentos a otros, bastaría con cambiar la ley y no la Constitución. La tienen que modificar para poder arrebatarles a las entidades territoriales, a las de ahora y las de después, sus derechos sobre las regalías, derechos que en la práctica pasarán al gobierno nacional, que los usará para enjugar su déficit y efectuar gastos de responsabilidad nacional que llamará regionales. Golpear la descentralización no es nuevo en este caso: entre 2009 y 2011, lo gastado y comprometido por el gobierno del Fondo Nacional de Regalías para otros asuntos suma 3.3 billones de pesos. Y en el presupuesto para el año entrante va por más.

Tan no resisten análisis las cifras oficiales sobre una bonanza inexistente, que el ministro de Minas no se atreve a avalarlas, porque la producción petrolera está inflada en más del 30 por ciento. E igual de falsos son los números que aparecen en una hojita que circula sin las formalidades que el caso amerita: allí se dice que el total de las regalías llegará a los departamentos en los próximos años, cuando se sabe que entre el 30 y el 40 por ciento se dejará en el exterior no se sabe por cuánto tiempo y que otro diez por ciento irá parar a un fondo de pensiones.

También se silencia cómo es el reparto de la renta petrolera, que incluye regalías, impuestos y ganancias: a las trasnacionales les toca el 58%, al gobierno nacional el 34.46% y a las regiones productoras, que cargan con los enormes daños ambientales y sociales propios del negocio, apenas el 7.54 %.

Coletilla: no podía ser peor, para Andrés Felipe Arias, la determinación de la Procuraduría en su contra: “apertura de proceso” equivale a acusación y “falta gravísima”, a presunto delito, que puede llevarlo a un juicio penal. ¡Y el vivo sale a decir que casi lo absolvieron por AIS! En ridículo quedó Andrés Fernández, también acusado y quien en el debate reiteró que los cargos eran “falsos de toda falsedad”.

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 15 de octubre de 2010.