Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Nuevo gobierno, nuevas sorpresas. No es extraño que pese a la propaganda oficial en el tema de salud, nos encontremos ante un conjunto de propuestas mucho más lesivas que las contenidas en los decretos de salud de la emergencia social.

En salud, nos quieren meter por la puerta de atrás los decretos que enfrentamos y derrotamos con la movilización por la puerta de adelante. Esos mismos decretos expedidos a la sombra de la Emergencia Social en enero de 2010 ahora son reeditados por iniciativa del Gobierno y de la bancada uribista-santista.

Zorro vestido con piel de oveja

Si revisamos las iniciativas del actual gobierno, verificaremos la misma tendencia uribista, que para el caso de la salud es una profundización de la lógica de mercado, en contravía de la garantía del derecho a la salud.

Veamos las propuestas de Santos, respaldadas por la bancada oficialista en el Congreso:

Arreglos institucionales: división del Ministerio de la Protección Social

El Gobierno busca separar de nuevo el Ministerio de la Protección Social en Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo. Plantea la creación del Ministerio de la Salud y la Vida Sana, responsable exclusivo de la calidad, la universalidad y la viabilidad financiera de la salud, y que definirá la política y los lineamientos del uso por los entes territoriales de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a promoción y prevención, definiendo acciones para el uso de los mismos por las EPS para esos fines.

Es necesario preguntarse hasta dónde separar el Ministerio de la Protección Social resuelve los problemas de fondo en salud. Si se trata, como se expresa oficialmente, de tener un Ministerio de Salud para que cuide las finanzas del sistema de salud (léase cuidarles las ganancias a las EPS), no tiene sentido aumentar la burocracia estatal.

Desde los sectores académicos y gremiales críticos del sistema de salud se considera necesario que el Estado recupere su rol de rector y orientador de la política del sector, con prioridad en el desarrollo de políticas públicas que afecten los determinantes de la salud, en una perspectiva de calidad de vida y bienestar, recuperando los desarrollos de la salud pública, y su promoción y la prevención de la enfermedad. Es en esta vía que se debe contar con un Ministerio de Salud que controle a los actores del sistema, y haga énfasis en promover y proteger la salud y no en las ganancias que explotan los servicios.

Es decir, se requiere de nuevo un Ministerio de Salud como expresión estatal a través del cual se ejerza orientación, control y vigilancia, y geste las necesarias políticas que garanticen los derechos poblacionales, asegurando que el verdadero rector del sistema sea el Estado y no el mercado. No puede ser otro el sentido de recrear este ministerio.

Se precisa igual reflexión respecto al Ministerio del Trabajo, en un país donde las relaciones laborales se han flexibilizado al máximo y la regulación laboral se relega al mercado. Se necesita un Ministerio del Trabajo que garantice el derecho al trabajo digno (muy necesario para la garantía del derecho a la salud) e impida que la salud y la seguridad laboral se reduzcan a asegurar contingencias (enfermedades profesionales y accidentes de trabajo), recuperando la perspectiva de la salud pública y laboral para desarrollar políticas y programas de promoción de la salud laboral y de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, vigilando y asegurando que el empresario cumpla con su responsabilidad en los programas y servicios.

Cambios constitucionales: Acto legislativo

Esta es una de las iniciativas del Gobierno a la que hay que prestarle la mayor atención por sus implicaciones.

Con el Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010-Cámara se busca modificar los artículos 334, 339 y 346 de la Constitución, estableciendo el derecho a la sostenibilidad fiscal. Plantea la iniciativa que tal sostenibilidad es indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho, y por tanto es un derecho de todos, y deber de todos los órganos del poder público, colaborar para hacerla efectiva; y que el Congreso, al determinar el alcance de los derechos sociales y económicos consagrados en la Carta Política, deberá hacerlo en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad.

El proyecto ubica como uno de los cinco principales riesgos fiscales del Estado al sistema de salud, al considerar que en ella se gasta un 6,3 por ciento del PIB, posición intermedia en el contexto latinoamericano, y que, cuando se desagrega el gasto total en salud, Colombia refleja una alta participación de gasto público (84,2 por ciento del total) y un bajo nivel de gasto de bolsillo, tesis que contradicen muchas investigaciones.

La propuesta del Acto Legislativo busca establecer el concepto de regla fiscal que garantice la estabilidad macroeconómica del país; para ello establece el concepto de “derechos programáticos condicionados”, es decir, que los derechos sociales sólo se garantizan si no afectan la estabilidad económica del país; así, en la práctica quedan subordinados a la lógica financiera. Apoyándose en el concepto de “progresividad” de los derechos humanos, establece que el Estado debe primero garantizar la estabilidad fiscal y luego sí los derechos económico-sociales.

Como dice el abogado Jaime Gañan, el Proyecto estaría creando un supraderecho ‘fundamental’: la “sostenibilidad fiscal”, que regiría las dimensiones de los demás derechos, con el agravante de que cualquier institución acuda a la defensa de tal supraderecho, en detrimento de los demás derechos sociales y aún de los propios derechos que tradicional y jurídicamente se han entendido como fundamentales. La exigibilidad del derecho por esta vía quedará restringida, pues la acción de tutela se subordinará a la estabilidad fiscal.

Es decir, que con esta reforma constitucional se pretende establecerles límites a la garantía del derecho a la salud y su exigibilidad, como se quiso hacer con los decretos de emergencia, pero que hoy se busca instalar en el orden constitucional como golpe de gracia.

Reducción del derecho a la salud: Ley Estatutaria de Salud

Las leyes estatutarias están destinadas a desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. La propuesta del Gobierno, mediante una ley estatutaria en salud busca “regular el derecho a la salud y a la igualdad y los principios de equidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad, autocuidado y universalidad en el acceso a los servicios de seguridad social en salud, así como el deber de procurar el cuidado integral de la salud”.

La iniciativa de Ley Estatutaria de Salud presentada por el Gobierno está centrada en dos aspectos: Plan Obligatorio de Salud (POS) y autocuidado en salud y contribuciones a la financiación del Sistema de Seguridad Social en Salud.

La perspectiva con esta ley estatutaria lleva a equiparar el derecho a la salud con el POS, mirada reducida por completo de lo que las normas internacionales y nacionales estipulan como tal derecho. Además, borra la responsabilidad estatal en la garantía del derecho a la salud, poniéndola sobre las personas, bajo la sentencia de que “los mayores costos de atención derivados del incumplimiento del deber de autocuidado podrán derivar en ajustes al valor de los aportes a la cotización o complementarios, conforme a la capacidad económica del afiliado”.

Estas ideas estaban en los decretos con que se intentó reducir el POS a lo básico y que la gente pagara lo NO POS. Por esa vía, el Gobierno avanza más en limitar el derecho a la salud al POS (que busca reducir a toda costa), e impone que la gente pague si no se cuida. Entonces, quien no se cuide una gripa debe pagar su atención; quien no se cuide y contraiga enfermedades de transmisión sexual o un síndrome de inmunodeficiencia debe pagar; quien no se cuide y contraiga cáncer debe pagar su tratamiento, desvirtuando lo que se ha trabajado seriamente desde la promoción de la salud con relación al cuidado individual y colectivo de la salud.

Otro golpe de gracia: derecho a la salud sólo POS ¡y pague por no cuidarse!

Aumentar ganancias: ajustes al POS y la Unidad de Pago por Capitación (UPC)

Como parte de una de las órdenes que le impuso la Corte Constitucional al Gobierno mediante la Sentencia T-760, está la de igualar el POS, orden que debió haberse cumplido en enero de 2010.

En ese sentido, la Comisión de Regulación en Salud (CRES) ha propuesto adelantar un proceso que genere una metodología para hacer el proceso de igualación del POS y su actualización periódica, y hacer a la vez un ejercicio de configurar una metodología de actualización de la UPC.

Para ello, la CRES convoca a participar en mesas (lo que en igual forma ha promovido el Ministerio de la Protección Social para debatir el proyecto de reforma de la Ley 100), donde quienes pueden participar deben sumar requisitos de personería jurídica e inscripción a cámara de comercio, entre otros, limitando así la participación. Esta forma ya se ha promovido, mostrando deficiencias por los escasos y apretados tiempos para su realización y por no involucrar un número importante de personas. El trasfondo es legitimar las propuestas y decisiones que toman el Gobierno y la CRES.

Acá el quid del asunto está en cómo se da la igualación del POS y qué metodologías se asumen para el proceso de actualización, tanto de éste como de la UPC. Seguro el Gobierno y las EPS buscarán igualar el POS por abajo y elevar el monto de la UPC.

Desde los sectores sociales y académicos que impulsan un nuevo modelo de salud, se plantea que, en caso de acordarse la conveniencia de un paquete de servicios (países con sistemas de salud garantes del derecho no lo tienen), éste se debe unificar con topes máximos y no mínimos, impidiendo la persistencia de POS diferentes para ricos y pobres, y aceptando la progresividad en su unificación.

Reforma-ajuste de la Ley 100

Varios proyectos de ley proponen reformar la Ley 100 pero se están acumulando alrededor del Proyecto 01, presentado por la senadora Dilian Francisca Toro, con respaldo del Gobierno. Las iniciativas no plantean cambios de fondo en el modelo de salud, persistiendo en el modelo de Ley 100, sin atacar los problemas de fondo y maquillando la ley, como ya ocurrió en 2007 con la Ley 1122.

El proyecto 01 hace énfasis en la estabilidad financiera del sistema, dándoles fuerza a las fuentes de financiación, la recentralización de recursos, el contenido del POS, lo NO POS y lo relacionado con la atención de alto costo, entre otros. Particularmente, el proyecto de ley incorpora la idea de atención primaria en salud (APS), entendiéndola como “acciones intersectoriales necesarias para el adecuado control y gestión de riesgos de la salud y políticas necesarias para la articulación de las acciones individuales y colectivas contenidas en los componentes de salud pública y el plan obligatorio de salud, la vigilancia epidemiológica, el sistema de riesgos profesionales, los programas de soporte nutricional y de bienestar familiar”.

Acá está el peligro de incorporar una estrategia como la APS para subordinarla a la lógica del mercado e instrumentalizarla, pero quitándole su potencia, que está en su perspectiva poblacional/territorial, en la capacidad para afectar determinantes de la salud y como puerta de entrada al sistema de salud que rompe con barreras que impiden la garantía del derecho a la salud.

El panorama muestra entonces que, de aprobarse la reforma constitucional, la ley estatutaria de salud y el proyecto de reforma a la Ley 100, presentados por el Gobierno, se van a concretar las iniciativas contra las que se peleó ampliamente a comienzos de año, y en el país se configurará con más fuerza una base constitucional y legal que refuerza la negación del derecho a la salud y otros derechos sociales, favoreciendo a los actores que intervienen desde una perspectiva de lucro. Es decir, estamos ante un panorama peor que el de enero con los decretos de emergencia social.

¿Más de lo mismo o un camino distinto?

Por vía gubernativo-legislativa estaríamos recibiendo más y peor de lo mismo en salud. Pero, desde luego, hay también un conjunto de iniciativas que plantean cambios de fondo, con propuestas de un nuevo modelo de salud para el país.

Diversos sectores sociales, académicos, gremiales, parlamentarios (Polo Democrático Alternativo), retomando el acumulado generado con la movilización de este año contra los decretos de salud sancionados en el marco de la emergencia social, demandan que se dé un amplio debate público, que lo saque del estrecho escenario del Congreso, que posibilite avanzar en la configuración de un modelo de salud garante de este derecho, lo que necesariamente pasa por un sistema de salud distinto del que configuró la Ley 100.

Se trata de iniciativas para avanzar por otra vía, pero ello exige que confluyan diversos sectores para acumular suficientes fuerzas, posibilitando que las iniciativas se desarrollen. Por tanto, es necesario aprender el modo de abordar la coyuntura de la emergencia social, que logró un alto grado de movilización social a favor del derecho a la salud.

Retomar la movilización social contra la re-emergencia en salud

No podemos seguir aceptando situaciones como las de 2007, cuando se reformó la Ley 100, o la del proceso de consulta para igualar el POS en 2009, o la forma vertical como se sancionaron los decretos de emergencia de este año; hay que reclamar y generar efectivamente un amplio y democrático proceso de deliberación que permita hallar, opciones correctas para resolver de fondo los problemas de salud y que la decisiones no queden otra vez en el escenario del Legislativo y el Gobierno, que no buscan ni proponen un camino correcto.

Se debe entender que estamos ante un conjunto de propuestas mucho más lesivas que las de los decretos de emergencia. Enfrentar esto sólo será posible si los sectores sociales, institucionales, gremiales, académicos, interesados en una salida de fondo, se articulan e impulsan una amplia movilización, a la altura de la vivida a comienzos de 2010.

http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/209-edicion-162/7979-iniciativas-en-salud-del-gobierno-nacional-re-emergencia-social-en-salud.html