Mientras en el país entero se promociona un discurso de unidad y respeto por los derechos humanos, las comunidades y sectores organizados de la sociedad civil observamos con preocupación la prolongación de las acciones de guerra, cuya justificación dada por los grupos ilegales es la de estar defendiendo o atacando la política del gobierno nacional; situación ante la cual los voceros institucionales no solo guardan silencio, sino que resulta lamentable para la democracia, que por el contrario los discursos oficiales sean coincidentes y se asemejen con relativa frecuencia a las expresiones y acciones intimidatorios que hacen dichos grupos, entre ellos los autodenominados águilas negras. La amenaza, conocida el 30 de 0ctubre de 2010 a través un mensaje de texto a celulares, así lo confirma, pues en ésta los plagiarios se hacen voceros del gobierno diciendo que el Incoder “…quiere proteger las escrituras de las multinacionales…” mientras que las acciones de movilización, como el Congreso de los Pueblos, dicen, desinforma a las comunidades y crea problemas de orden público, entregando el ultimátum de “…se van o se mueren…” a las siguientes organizaciones de Bogotá, Cauca y Nariño: “… ACIN, Polo Democrático; PCN, SINTRAUNICOL, CRIC, CIMA, SUTEV, INTRAEMCALI, ETB Suyana, DDHH CUT Valle, el cabildo Cerro Tijeras; la Asociación de Juntas del Naya, los Consejos Comunitarios de La Toma, Yolombó de Buenos Aires y Buenaventura, la Fundación NOMADESC, los congresistas Piedad Córdoba, Alex López y Jorge Iván, las emisoras Radio Super Cali, Radio Payumat y Uni Noticias, las agencias de prensa Associated press y Tele Sur, y líderes sociales como Diego Escobar, Edwar Villegas y al parecer los indígenas Feliciano Valencia y Enrique Güetio entre otros, de quienes solo se mencionan sus nombres.

 

El mensaje de la referencia fue recibido a las 21:54:21 del 30 de octubre de 2010, proveniente del número celular 3218467286, a nombre del Bloq capital águilas negras 380 y está dirigido contra organizaciones gremiales, defensores de derechos humanos y líderes sociales que abogan por la garantía de los derechos políticos, étnicos y sociales de la sociedad colombiana. Estas organizaciones realizan denuncias frente al incumplimiento de los acuerdos firmados que tiene el Estado Colombiano con las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas desde hace más de 20 años, compromisos que fueron ratificados por el Estado durante el proceso de Minga de

Resistencia social y Comunitaria realizado en el año 2006. Durante este periodo, el CRIC ha realizado concertaciones puntuales con el actual gobierno, sin que se conozca queja alguna por parte de los voceros institucionales quienes, por el contrario, en palabras del mismo vicepresidente Angelino Garzón, han manifestado su compromiso de avanzar en su cumplimiento a través del diálogo y la concertación.

Ante la gravedad de la situación y entendiendo la responsabilidad que le asiste al Estado nacional, al estar relacionado directamente por los paramilitares que se asumen como sus defensores, se hace urgente:

1. Pronunciamiento del gobierno nacional distanciándose de las valoraciones con las que se justifican las intimidaciones y que repudie el mensaje de los paramilitares por amenazar la vida, la integridad física y haber afectado el buen nombre de las organizaciones y personas que realizamos labores en defensa de los derechos humanos.

2. Acciones del gobierno y su aparato institucional que refuercen las medidas de protección frente a los actores de la guerra, garanticen y faciliten el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, se evite la impunidad y se brinden garantías de no repetición.

3. Investigación urgente y exhaustiva que permita al Estado colombiano entregar en poco tiempo un informe claro a la opinión pública frente a la responsabilidad e identidad de los plagiarios, así como procedimientos jurídicos que conlleven a dar un escarmiento ejemplar a quienes realizan este tipo de delitos.

De igual forma, la Consejería Mayor CRIC, demanda de las instituciones de control del Estado el compromiso urgente para que exhorten a quienes corresponda y coadyuven con los procesos de investigación, así como de la presencia y observación permanente de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a los cuales solicitamos se pronuncien a la mayor brevedad para exigir del Estado colombiano acciones oportunas y eficaces que conduzcan a evitar que continúen sucediendo hechos atentatorios contra la integridad de las personas y de las organizaciones sociales que trabajamos por la defensa y garantía de los derechos humanos, la autonomía territorial y el derecho internacional humanitario.

Finalmente, como Pueblos Indígenas del Cauca, reafirmamos ante la sociedad nacional y el mundo, que nuestra lucha es por la defensa de nuestros territorios y planes de vida en armonía con la Madre Tierra; que nuestra propuesta es por la paz y que continuaremos trabajando en unidad para construir vida digna para todo ser humano y para que la vida continúe existiendo en el planeta.

Popayán, 2 de noviembre de 2010

CONSEJERÍA MAYOR –CRIC-

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA