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Para la bancada parlamentaria del PDA, si bien la ponencia del proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras radicada por la Unidad Nacional presenta avances en la discusión respecto de la legislatura anterior, al mismo tiempo contiene numerosos aspectos que deben ser objeto de una profunda revisión.

Al no firmar ponencia del proyecto de Ley de Víctimas, PDA propone mecanismos concretos para garantizar la reparación

Para la bancada parlamentaria del PDA, si bien la ponencia del proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras radicada por la Unidad Nacional presenta avances en la discusión respecto de la legislatura anterior, al mismo tiempo contiene numerosos aspectos que deben ser objeto de una profunda revisión.

Ante la falta de algunas disposiciones que son fundamentales para la satisfacción plena de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, en una carta dirigida al presidente de la República Juan Manuel Santos los parlamentarios del Polo señalaron algunas de sus principales observaciones sobre este particular: ausencia de una consulta amplia a las organizaciones de víctimas y de consulta previa a las comunidades étnicas; exclusión del PDA en el proceso de concertación previo a la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la República; desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado; confusión entre medidas de carácter asistencial y auténticas medias de reparación integral; limitación de la reparación judicial a las víctimas de grupos armados al margen de la ley desconociendo el principio de proporcionalidad y reparación integral; sujetar la materialización de la norma al principio de sostenibilidad fiscal; no garantizar la reparación patrimonial lo que debilita considerablemente la restitución de tierras; someter a la discrecionalidad del Gobierno aspectos esenciales de la reglamentación del proceso de reparación y de restitución; crear una comisión de la verdad que no garantiza autonomía respecto del Poder Ejecutivo, entre otras.

Estos y otros aspectos de la propuesta no se ajustan a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y desconocen principios y elementos jurisprudenciales elaborados por la Corte Constitucional que en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre la materia. Por esta circunstancia, el Polo no suscribió la ponencia presentada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Ante este panorama y luego de consultar instancias representativas de los movimientos de víctimas, el Polo Democrático ha elaborado un pliego modificatorio en el que además de abordar los problemas antes expuestos, ha propuesto siete medidas concretas para avanzar en el proceso de reparación integral:

1. Asegurar la efectiva asistencia jurídica de las víctimas a través de la creación de un Sistema Nacional de Representación Judicial de las Víctimas integrado a la Defensoría del Pueblo. Para dicho propósito se propone fortalecer a esta entidad dotándola de recursos humanos, técnicos y de infraestructura.

2. Fortalecer la protección de las víctimas mediante la revisión de los programas ya existentes o mediante la creación de un nuevo programa que permita garantizar la exigibilidad de sus derechos, especialmente de cara a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, atendiendo los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

3. Una propuesta de restitución integral que abarca la devolución de tierras, viviendas y patrimonio a las víctimas del desplazamiento forzado, y que incluye la condonación de las deudas.

4. Creación de una unidad de policía judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia, como principal medida para el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas. El debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales a la vez que puede generar recursos para la reparación de las víctimas, también puede contribuir a la no repetición de la violencia padecida.

5. Reforzar sustancialmente las facultades legales y la capacidad operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para intensificar el proceso de exhumación e identificación de restos mortales de miles de personas. Asimismo, establecer el mecanismo de ausencia por desaparición forzada para amparar los derechos en materia civil, laboral, sucesoral de los familiares de personas desaparecidas, sin perjuicio de la obligación del Estado de adelantar las investigaciones del caso.

6. Entrega de bienes producto de extinción de dominio al Fondo de Reparación para las víctimas. Llamado al cumplimiento del deber del Gobierno de la obligación de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas responsables de violaciones de DDHH y de DIH en Colombia.

7. Conformación de una comisión de la verdad, integrada por miembros elegidos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, dedicada al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales y de la riqueza ilícita acumulada a través del despojo de tierras, la acumulación violenta de capitales, la usurpación de bienes y el testaferrato.

El PDA presentará al Congreso de la República sus propuestas a través de un amplio pliego modificatorio.

Iván Cepeda Castro, Representante a la Cámara, Bogotá, noviembre 3 de 2010