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“Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida”. Con estas palabras aleccionaba a sus tropas el teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, adscrito a la Brigada XIV del Ejército, con sede en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.

Víctimas de Crímenes de Estado |

Las palabras del oficial están contenidas en una diligencia de queja presentada en Medellín a la Procuraduría General de la Nación el 15 de diciembre de 2009 por el teniente Edgar Iván Flórez Maestre. Edgar Iván viene siendo procesado por haber dirigido unas tropas que ejecutaron de manera sumaria a un campesino en la vereda Jabonal Alto, en Yondó, Antioquia, el 8 de julio de 2008.

De acuerdo con su versión, se entregó a la justicia una vez supo que habían librado en su contra orden de captura. Su intención fue esclarecer los crímenes cometidos en esa guarnición militar, “para que no queden en la impunidad y con la única voluntad de que se haga justicia”. La declaración de Flórez Maestre cobra importancia hoy cuando se hace trámite en el Congreso de la República un proyecto de ley a través del cual se pretende que el Estado defienda a aquellos militares, activos y en uso de buen retiro, que sean denunciados en la Corte Penal Internacional por delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pese a las amenazas que pesan sobre su vida y al temor de que algo le pueda pasar a su familia por las revelaciones que hizo el teniente Flórez, da cuenta de tres asuntos concretos: las presiones que recibían desde los altos mandos para obtener resultados operaciones, el modus operandi para legalizar las muertes de civiles, que incluía la elaboración de misiones tácticas falsas, los incentivos para aquellos que ocasionaran más “bajas”, el manejo de dinero de gastos reservados y la estrategia jurídica impulsada desde el Ministerio de la Defensa para defender a quienes fueran vinculados a investigaciones penales por este tipo de asesinatos.

Los hechos narrados por Flórez Maestre comprometen a oficiales, suboficiales y soldados adscritos a la Brigada XIV del Ejército desde el segundo semestre de 2007. En esa guarnición militar, este oficial estuvo comandante de los grupos Aniquilados 2 y Demoledor 51 del batallón Batalla de Calibío, bajo las órdenes del teniente coronel Néstor Javier Camelo Piñeros, uno de los oficiales destituidos en octubre de 2008 cuando las ejecuciones extrajudiciales que comprometieron a varios jóvenes del municipio de Soacha adquirieron una dimensión insostenible para el Gobierno nacional.

Flórez Maestre inició la narración ante el Ministerio Público describiendo la preocupación de uno de sus compañeros de armas: “Él me comentó de los trabajos que se estaban haciendo en el batallón, de las legalizaciones, o sea, de los muertos en combate o mal llamados falsos positivos. Me dijo que estaba muy aburrido porque todos los que estaban dando bajas salían de permiso, les daban cursos y condecoraciones. Entonces me dijo que tenía pensado hacer un trabajo, que ya había coordinado la información, que ya había conseguido el arma”.

Para lograr ese tipo de “trabajos”, el oficial dijo que a través de un soldado que apodaban ‘Yolombó’, integrante del pelotón Aguerrido Uno, al mando de un teniente de apellido Rodríguez, conseguían las potenciales víctimas: “A este soldado le daban trescientos mil pesos, lo mandaban acá para la ciudad de Medellín, esa plata la recogía el teniente Rodríguez entre los soldados de la contraguerrilla y se entregaba al soldado ‘Yolombó’ para que viajara a la ciudad de Medellín a reclutar a los futuros muertos”. De acuerdo con el teniente Flórez, el soldado conocido como ‘Yolombó’ llegaba a la capital antioqueña y buscaba determinadas personas: “Vendedores ambulantes o personas que no tuvieran familia, les compraba ropa, les ofrecía plata y trabajo en Puerto Berrío en una finca y les decía que tenían que viajar a Puerto Berrío”.

Cuando las víctimas estaban cerca de esta ciudad, los hacía bajar del bus, en un sitio llamado Puerto Nare, y eran retenidos por soldados profesionales, quienes entonces procedían a informar a los oficiales de inteligencia quienes, a su vez, se comunicaban con el comandante del batallón, el coronel Camelo Piñeres, para que diera el aval de la operación: “Luego en la sección de operaciones se elaboraba la misión táctica para que la desarrollara el grupo especial en la que se incluía la cantidad de militares que iba a participar pero que en realidad esto era falso, porque, por ejemplo, si en la misión táctica se decía que iba 01-02-10, o sea un oficial, dos suboficiales y diez soldados, esto era falso porque solamente iban eran los que iban a hacer el trabajo, que en ocasiones hasta se iban de civil”.

En su narración, Flórez Maestre hizo referencia a un oficial, de apellido Rodríguez, comandante de compañía, quien frecuentemente hacía ese tipo de operaciones: “Dio cinco bajas y él me dijo que cuando dio la primera baja era mejor que los muertos fueran más de uno porque así parecía más real, entonces fue como después en los otros dos resultados dio en cada uno dos muertos, estas personas siempre se las traía el soldado ‘Yolombó’”. Una vez fuera de esa guarnición militar, y ya para los meses de julio o agosto, el teniente Flórez describió una conversación que tuvo con un soldado de apellido Hernández, quien para esa época era el escolta del coronel Camelo Piñeres: “Yo me entrevisté con ese soldado y me manifestó que estaba muy preocupado porque mi coronel Camelo lo había enviado a él con el solado Ñerín, el sargento Lara, el sargento Vega y otros soldados a realizar una operación también de legalización, el soldado Hernández me dijo: ‘a mi sargento Lara y mi sargento Vega los trasladaron de acá y a nosotros nos dejaron solos con ese chicharrón respondiendo jurídicamente y sin plata para pagar los abogados’, yo le dije al soldado que por qué y él me dijo que yo sabía cómo era que se hacían esas vueltas acá y que mi nos había dado la orden para que hiciéramos esa vuelta y que ahora los había dejado solos respondiendo”.

Una expresión similar a la expresada por el coronel Ramírez fue dicha, según Flórez Maestre, por el coronel Juan Carlos Barrera Jurado, quien comandó la Brigada XIV y también fue destituido por el Gobierno nacional en octubre de 2008: “En un programa radial le dijo a todos los comandantes de batallón que el batallón que en 90 días no tuviera bajas o combates hacía echar del ejército al comandante por negligencia o incapacidad operacional, en ese momento la presión se empezó a poner cada vez más dura, hasta un nivel que nos contaban los días que llevábamos sin combatir”.

De acuerdo con lo narrado por este oficial, hoy detenido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Antioquia, en el centro de operaciones tácticas de la Brigada XIV existía un tablero en el cual se llevaban las estadísticas de las compañías. Allí se sumaban los muertos y se contabilizaban los días que llevábamos sin combates y sin muertos. Y agregó: “Se decía por parte del comandante de la Brigada que uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de la contraguerrilla de cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los pelotones que mas sumara muertos en el año”.

Además, continuó el oficial: “También se dijo que el soldado que más diera bajas sería incentivado con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del país”.

Al referirse al dinero de gastos reservados, el teniente Flórez Maestre dijo que su uso le fue explicado por un capitán llamado Javier Alarcón, quien para esa época era un oficial de inteligencia del batallón Batalla Calibío, también destituido en octubre de 2008: “De acuerdo con lo que hablé con mi capitán fue lo siguiente. Él me dijo: ‘Vea Flórez si quiere hay una información de un miliciano que está identificado, le conseguimos el guía, usted consigue la plata la comprar el KIT de legalización, se establece la misión táctica en el orden de operaciones y ya se hace la operación y usted recupera la plata con el pago de información, usted habla con el guía, lo cuadra y le dice que le da $200.000 para que firme y el resto de la plata la coge para usted para que recupere, o la otra es que usted mismo consiga todo, el guía, el KIT y la información pero eso sí usted nos consigue a alguien que venga a firmar le da $100.000 y listo’”.

De acuerdo con Flórez Maestre, en gastos reservados “se habla de un millón de pesos por un muerto con arma corta y dos millones de pesos con arma larga”.

Interrogado por los agentes de la Procuraduría sobre lo que llamaba “KIT”, el oficial explicó lo siguiente: “hay dos clases de KIT, uno que es revólver, granada y radio, ese vale $500.000 y el otro consistía en fusil, uniforme y radio, y éste valía entre $800.000 y $1.000.000, los revólveres las conseguían los soldados profesionales del S-2 y de la Compañía Aniquilador que tenían contactos con paracos y delincuencia común que vendían las armas ahí en Puerto Berrío, también se conseguían acá en Medellín”.

Preguntado por los agentes del Ministerio Público si en su caso particular, que lo tiene hoy en la cárcel, hubo reuniones con sus superiores para concertar o esclarecer lo que había sucedido, Flórez Maestre reconoció que hubo dos reuniones en Bogotá: una, en la Inspección del Ejército el 2 de septiembre de 2008, y la otra en octubre del mismo año en el Ministerio de la Defensa.

Según el teniente, en la primera reunión participaron varios oficiales, entre ellos el teniente coronel Juan Carlos Barrera Jurado, comandante de la Brigada XIV, y la Asesora Jurídica de la Inspección del Ejército: “Esta reunión fue con la intención de blindarnos de la guerra jurídica como nos dijo mi coronel Barrera, estudiar el caso y en qué los afectaba a ellos, determinar cómo se iba a plantear la defensa y darnos asesoría, y así se hizo”.

Agregó el oficial que esta primea reunión también sirvió para preparar un encuentro posterior, programado para octubre, con el entonces ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos; el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, y el comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, entre otros oficiales de alta graduación. En efecto, el encuentro se dio.

“Esta reunión fue planeada con el fin de analizar los casos de mayor connotación para establecer cuál era el contexto de las Fuerzas Militares dentro de los marcos legales y a determinar cómo se iban a solucionar los escándalos que se estaban dando por estos casos”, explicó Flórez Maestre.

Aseveró este oficial que en esa reunión, el general Padilla de León le dijo al Ministro de Defensa que se iba a conformar una comisión para analizar todos los hechos porque, según él, “el Ejército en su gran mayoría tenía casos similares a los que expusieron ese día y necesitaban proteger al personal de las Fuerzas Armadas”.

No obstante esa voluntad al parecer expresada por Padilla de León no se evidenció cuando Flórez Maestre decidió entregarse a las autoridades el 16 de octubre de 2009. Ese día lo visitó un abogado de la Defensoría Militar con el propósito de ser su representante legal: “Yo le dije, yo voy a contar toda la verdad de lo que sé en cuanto a las legalizaciones, voy a poner este material a disposición de la Fiscalía, él me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que iba a decir, que pensara en mi familia, que yo sabía que podía existir algún tipo de retaliación contra mí y mi familia”.

Las palabras de abogado de la Defensoría Militar fueron puestas en conocimiento del fiscal 50 de la Unidad Nacional de Derechos que lleva el caso de Flórez Maestre dado que el oficial tomó esas palabras como una amenaza contra su vida y la de su familia.

No obstante, en su queja ante la Procuraduría General de la Nación el teniente reiteró su voluntad de colaborar con la justicia, no sin antes solicitar seguridad para él y su familia: “a partir del instante en el que yo tomé la determinación de colaborar con la justicia, de sacar a la luz pública de lo que yo conocía acerca de los mal llamados falsos positivos, la integridad de mi familia y la mía misma se encuentran en peligro y temo por alguna futura retaliación contra nosotros, por eso requiero protección y que la información que yo dé se investigue y que no vaya a quedar en la impunidad, sin esperar ningún beneficio a cambio, más que la realización de la justicia y conservar la seguridad de mi familia y la mía”.

http://www.colectivodeabogados.org/La-guerra-se-mide-por-litros-de