Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Durante el año 2010, la Unión de Usuarios y las asociaciones, ligas, comités y sindicatos que la integran, adelantaron múltiples tareas que, orientadas por los principios de la Unión y las conclusiones del II Congreso, nos permitieron cumplir con la promoción del Referendo del Agua, continuar las tareas de organización y nuestro fortalecimiento, y oponernos a las políticas de privatización y elevadas tarifas en la prestación de los servicios públicos.

Como es notorio, la propuesta de Referendo buscaba se permitiera a los colombianos votar las modificaciones de la Carta Constitucional para consagrar el Agua Potable como un derecho fundamental, con un manejo estatal o de comunidades organizadas y en ambos casos sin ánimo de lucro y conservando, protegiendo, defendiendo, los ecosistemas ligados al ciclo del Agua y al que tuvieran acceso todos los colombianos a través del mínimo vital gratuito. Además se consagraría que el Agua no se podría privatizar y en las zonas de comunidades indígenas o afros, haría parte integral de sus territorios. Aunque el Referendo gozó de respaldo popular, este no fue suficiente para derrotar la injerencia del gobierno y el uso de los mecanismos que, “para convencer al parlamento”, emplea el régimen. Pueden más los halagos y las lisonjas que los argumentos o los apoyos populares recibidos. Se comprobó lo que se presentía. Los mecanismos de participación popular para reformar la Constitución del 91 están en una poderosísima caja fuerte y los dueños de la llave son el imperio y la oligarquía que lo sustenta. Ante esa situación, quienes impulsamos el Referendo del Agua aprendimos que para lograr los objetivos contemplados en el Referendo, es indispensable que los colombianos cambien y puedan cambiar también, la dirección del Estado por una que entienda y comparta las reformas económicas y sociales propuestas. Por eso, en la Asamblea del Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida, decidimos convertir los puntos del Referendo en un programa de lucha. Como parte de esa decisión nos vinculamos a las acciones que contra la gran minería trasnacional y en defensa del Agua, se adelantan en varias regiones del país: Páramo de Santurban en Santander, Marmato en Caldas, La Colosa en Tolima-Quindío, al igual que las que, para proteger a la naturaleza y al agro, se enfrentan a represas como la del Quimbo en el Huila. También, y como un resultado del trabajo del Referendo del Agua, la Unión Nacional de Usuarios se aproximó a los Acueductos Comunitarios, tanto en áreas urbanas como rurales. La estadística dice que existen más de once mil agrupaciones de este tipo. Ambas formas de organización tienen origen en el atraso del país, el abandono del Estado a las comunidades y la necesidad de la gente de abastecerse de agua. Algunas comunidades prestan servicios de alcantarillado y, en menor proporción, el de recolección de basuras. Como nuestros lectores podrán imaginar, son inmensas las dificultades que soportan las comunidades organizadas para brindar la mejor calidad de las aguas que se ve obligada a tomar una inmensa porción de la población del país. En algunas zonas el servicio de alcantarillado se resuelve con pozos sépticos, pero en donde no hay esta solución o en zonas más urbanizadas, las aguas residuales corren a cielo abierto generando todo tipo de enfermedades. Además, por el costo del servicio, por el volumen de las inversiones, por los procesos de privatización y por la pobreza de la gente, muchos compatriotas no tienen con qué pagar elevadas tarifas y por eso no están en los sistemas de acueducto de las ciudades.

Los acueductos comunitarios también existen porque por problemas técnicos -que las empresas no resolvieron- hay zonas donde no llega el agua del acueducto municipal y las gentes se vieron obligadas a buscar agua y a hacer sus propios acueductos con lo que ello implica. Así es como tenemos, en muchas ciudades y pueblos del país y en corregimientos y veredas, esta forma de organización que, por los avances del neoliberalismo, empieza a ser amenazada.

El gobierno quiere “legalizarlos” para poder controlarlos y ejercer así vigilancia a través de las diversas instituciones que manejan el sector. La legalización implica la aplicación de una serie de normas y políticas que permitan, de un lado agruparlos, concentrarlos, para generar economías de escala que hagan rentable la operación, y el posterior ingreso de operadores especializados a las zonas donde logren alcanzar unos mínimos de usuarios y, del otro lado, obligarlos a constituirse como empresas, inscribirse en las Cámaras de Comercio, Superintendencia de Servicios Públicos y DIAN. Todas esas obligaciones conllevan el propósito de vincularlos a las formas empresariales de mercado y alejarlos de la condición que hoy rige a la gran mayoría: ser comunidades organizadas que prestan un servicio sin ánimo de lucro.

Ya se realizó un primer encuentro de acueductos comunitarios que definió una serie de tareas en el ánimo de constituir una Asociación Nacional de Acueductos Comunitarios. En esta edición de El Usuario, publicamos el comunicado emitido por la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios AMAC de Dosquebradas que da cuenta de las conclusiones de la reunión en la que se acordaron los preparativos para realizar un Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios. La Unión de Usuarios está comprometida con esta tarea.

Es claro que el “nuevo” gobierno continuará las políticas de privatización y entrega de los recursos naturales y de mayores gabelas para los monopolios que controlan los servicios públicos. Es claro también que la Unión de Usuarios continuará su oposición a las políticas de quienes -como el nuevo gobierno- tienen como negocio vender la Patria.

Oscar Gutiérrez Reyes, Editorial de El Usuario, Manizales, diciembre de 2010