Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Con uno de los índices más altos del mundo, Colombia enfrenta esta tragedia generada por el conflicto entre las Fuerzas Armadas del país y los grupos paramilitares con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, FARC.

Un informe publicado este mes de diciembre por el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos y la Oficina de EE.UU. en Colombia analiza este grave problema del que han sido víctimas más de 51.000 colombianos y sus familiares desde la década de 1970, según datos oficiales del Gobierno colombiano actualizados en noviembre pasado.

La primera conclusión de dicho informe apunta que los casos de desapariciones forzadas no tienen la suficiente atención de la opinión pública, debido en parte a la actitud del gobierno y a los altos índices de asesinatos y muertes por violencia en general, que atraen la curiosidad de los medios de comunicación y de la opinión pública.

La segunda es que los estamentos gubernamentales del país han reaccionado tarde ante este grave problema, aunque los esfuerzos y las mejoras jurídicas, sobre todo desde el año 2007, tanto para registrar las desapariciones, desentrañar los crímenes y reconocer la posición de víctimas de los miles de familiares han evolucionado, si bien muy lentamente, en dirección correcta.

Los casos de desapariciones forzadas se remontan a las décadas de 1970 y 1980, cuando tanto las fuerzas policiales como militares y algunos grupos insurgentes comenzaron a emplear esta técnica terrorista de la que fueron víctimas miles de personas y sus familiares. Una “herramienta de terror”, cuyo empleo aumentó exponencialmente con el auge de los paramilitares en la década de 1990 y, en concreto, con la formación del grupo Autodefensas Unidas de Colombia, un auge cimentado sobre el apoyo otorgado por las Fuerzas Armadas del país. Empleada para difundir el terror y controlar comunidades, silenciar a grupos políticos opositores, movimientos sociales, organizaciones comunitarias y de defensa de los Derechos Humanos, entre las víctimas de las desapariciones forzadas se encuentran, sindicalistas, afro-colombianos, defensores de los derechos humanos, indígenas, periodistas y jóvenes de las áreas rurales que se encuentran en conflicto.

Un marco jurídico insuficiente

Desde que en 1982 se crearan la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes),  y los movimientos contra las desapariciones y las organizaciones en defensa de los derechos humanos denunciaran progresivamente esta realidad, se dieron pasos al frente para promover la creación de un marco jurídico atento a los casos de desapariciones y corregir en parte esta situación de indefensión legal.

El informe sobre las desapariciones forzadas en Colombia señala que el marco jurídico actual en Colombia que atañe a este problema todavía no es suficiente y que “rara vez se aplica con firmeza”. Aunque ya la Constitución colombiana de 1991 prohíbe expresamente la desaparición forzada, no fue hasta el año 2000 cuando se aprobó una ley específica sobre esta cuestión que permite investigar y judicializar dichos casos. Como señala el informe, antes de que se pusiese en práctica esta ley “era difícil procesar las desapariciones sin tener la prueba de un cuerpo que indicara que el crimen había sido cometido”.

En este punto, es necesario matizar que la mencionada ley no reconoce a los familiares de los desaparecidos también como víctimas de las desapariciones, y el derecho de aquellos a participar plenamente en la búsqueda está reconocido de forma abstracta, pero en la realidad no se cumple. A raíz de esta ley surgieron varios organismos, como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Desaparecidos y el Mecanismo de Búsqueda Urgente para Evitar las Desapariciones Forzadas.

Formada por representantes de altos estamentos como la  Fiscalía General, el Ministerio de Defensa, o la Oficina Presidencial para los Derechos Humanos, entre otros, la Comisión Nacional de Búsqueda apoya y promueve investigaciones de casos de desapariciones y recomienda medidas para evitarlas y proteger a testigos y familiares. Una comisión poco efectiva en el fondo, apunta el informe, ya que no tiene autoridad para obligar a los organismos del gobierno a actuar y sólo puede emitir recomendaciones, de las cuales no todas se cumplen. Además, son escasos los mecanismos de búsqueda iniciados y los resultados han sido limitados, aclara el informe.

Con el paso del tiempo se han implementado reformas con el objetivo de optimizar las investigaciones y otorgar mayor protagonismo a los familiares de las víctimas. De esta forma, la creación del Plan Nacional de Búsqueda creado en 2007 y cuya labor es limitada, según apunta el informe, así como el Centro Único Virtual de Identificación que coordina las actividades operativas de los organismos de gobierno que tienen que ver con las exhumaciones, identificación y devolución de los cuerpos a los familiares, la unificación de una base de datos de desaparecidos, y la promulgación de la Ley 1408 en agosto de este mismo año han mejorado el marco jurídico previo.

Familiares, también víctimas

Los autores del informe alertan de que pese a lo conseguido hasta ahora en el plano legal, con todos los defectos que todavía quedan por pulir y las mejoras por implementar, la denuncia de las desapariciones forzadas constituye un peligro para la seguridad de los familiares de las víctimas.

Los casos de desaparición forzada suelen provocar que los familiares, señalados en ocasiones como guerrilleros, tengan que desplazarse debido a las amenazas. Este factor, unido al hecho de que en la mayoría de las situaciones los desaparecidos son hombres, mujeres e hijos de éstos, quedan en una situación muy vulnerable desde el punto de vista económico.

Sin investigar

Otro problema aún no resuelto se encuentra relacionado con las investigaciones de los casos, ya que la mayoría nunca son tratados, y sólo un minúsculo porcentaje de las investigaciones terminan en sentencias. Además, muchos casos de desapariciones forzadas “son reportados varios años después de ocurridos o no se reportan nunca”.

El informe señala que es complicado llevar ante la justicia los casos de las desapariciones forzadas ya que los jueces y fiscales suelen evitar llevar a proceso los casos ocurridos previos a la sanción de la ley 589, del año 2000, que instituyó por primera vez las desapariciones forzadas como crimen. Igualmente, el sistema acusatorio sólo otorga un papel activo a los fiscales, no así a las víctimas y abogados.

Nueva ley

Sin embargo, los autores del informe ven un significativo avance en la Ley 1480 de promulgada este año, ya que “soluciona algunos de los escollos legales que persisten para las desapariciones forzadas que no resolvió la Ley 589”, estableciendo los derechos de las víctimas del conflicto colombiano y reconociendo como víctimas tanto a aquellas víctimas de “actores armados legales como por actores armados ilegales”.

Además, en octubre de 2010, Colombia se convirtió en el vigésimo país en ratificar la convención de las Naciones Unidos contra las desapariciones forzadas, tras lo cual sus disposiciones comenzaron a regir en el país. Gracias a esta nueva legislación el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas podrá realizar investigaciones pasando a formar parte de las herramientas legales para ayudar a las víctimas colombianas.

Algunos avances

En el apartado final el informe reconoce que se están dando algunos avances para solucionar este grave problema, principalmente en cuanto a la mejora de los derechos de las víctimas y del marco jurídico, y también a través de medidas como las de los fondos del Usaid “para educar a las víctimas sobre sus derechos y el trabajo forense tanto del gobierno como de organizaciones independiente entre otros programas”. Por otra parte, exhorta al gobierno de EE.UU, “que sigue brindando” recursos militares al ejército colombiano, lo cual ayudó “a fortalecer un ejército que causó una enorme escalada en el número de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.

De igual forma, afirma que dicho Ejército “prestó colaboración u omitió actuar en contra de la violencia paramilitar, durante la época de mayor financiamiento por parte de EE.UU”, a “asegurarse de que todas sus políticas sirvan para frenar los abusos a los derechos humanos y asistir a las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia”.

Juan Galbete