Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

A través de una carta abierta, dirigida a organismos de derechos humanos y de la sociedad civil mapuche y chilena, familiares de los presos políticos llamaron a solidarizar con los comuneros en la etapa final del juicio oral. Mientras, prosigue el desfile de “testigos sin rostro” por el Tribunal de Cañete, varios de ellos delincuentes confesos a quienes se garantiza impunidad.

“Somos familiares de presos políticos mapuche, encarcelados por el estado Chileno, actualmente, recluidos en la cárcel de Lebu, Provincia de Arauco”. De esta forma comienza una extensa carta abierta dirigida a la sociedad civil mapuche y chilena, así como a diversos organismos de derechos humanos a nivel internacional, por parte de los familiares de los 17 comuneros actualmente en sometidos a juicio oral en el Tribunal de Cañete.

Los comuneros son investigados por el Ministerio Público bajo la polémica Ley Antiterrorista. Entre ellos se encuentran los principales lideres de la CAM, sindicados como culpables del supuesto atentado sufrido por el Fiscal Mario Elgueta en Tirúa el año 2008. Los hechos ocurrieron en octubre del 2008, cuando un grupo de mapuches se resistió a la comitiva policial del Fiscal Especial para causas indígenas, quien se encontraba liderando un masivo allanamiento a una comunidad en el sector de Puerto Choque, municipio de Tirúa, sector costa del País Mapuche.

Los mapuches alegan que se trató de un enfrentamiento y que hicieron uso del “legítimo derecho a la autodefensa” ante la agresión policial. La fiscalía, por su parte, acusa una “emboscada de aniquilamiento” y denuncia “tácticas” y “nexos” de los imputados con las FARC de Colombia e inclusive Al Qaeda en Irak, lo que es negado en la misiva por los familiares de los comuneros. “Nuestros familiares responden a distintos procesos de recuperación territorial de comunidades en la zona de conflicto del lago Lleu-Lleu, en virtud de los cuales se han involucrado en la lucha de nuestro pueblo”, señalan.

“En este mismo contexto nuestras casas y comunidades han sido constantemente allanadas por la policía chilena, en múltiples ocasiones, maltratando y causando terror en nuestras familias, llevándose detenidos a nuestros hijos, esposos, padres y hermanos. Por el solo hecho de ser mapuche, los fiscales han invocado la Ley Antiterrorista en las audiencias de formalización, pero no ha sido sólo el Ministerio Público a través de sus Fiscales quienes solicitan su aplicación, sino que es el propio Gobierno Chileno”, subrayan.

Denuncian los familiares que la aplicación de la Ley Antiterrorista, heredada del régimen militar de Pinochet, “ha implicado arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como el secreto de la investigación durante prácticamente todo el proceso; 1 año y ocho meses de prisión preventiva no respetando la presunción de inocencia, supuestamente garantizada por el actual sistema judicial y violando el articulo 10 del Convenio 169 de la OIT; 35 testigos sin rostro, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversación en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la policía y fiscales”.

Agregan a estas violaciones de derechos humanos las condenas de más de 50 años de prisión que el Ministerio Público estaría solicitando al tribunal para todos los imputados, ninguno de ellos involucrados en delitos de sangre o de gran connotación pública. Se detalla en la carta abierta que para Héctor Llaitul Carillanca se piden 103 años de cárcel; 77 para Marco Millanao Mariñan; 65 para Ramón Llanquileo Pilquiman; 52 para José Huenuche Reiman; 52 para Luis Menares Chanilao; 52 para Jonathan Huillical Méndez; 50 para Carlos Muñoz Huenuman y 50 para Juan Parra Leiva.

“Pero la aberración jurídica más grande la ha constituido el doble juzgamiento al que están sometidos cinco presos políticos mapuche del proceso de recuperación territorial de Choque”, indican los familiares. Se trataría de los imputados Llaitul, LLanquileo, Huenuche, Menares y Huillical, quienes por su supuesta participación en el ataque al fiscal Mario Elgueta están siendo procesados por la Justicia Civil y Militar. La paradoja más grande es que recientemente el Juzgado Militar de Valdivia resolvió absolver a todos por falta de pruebas, fallo que se encuentra en apelación ante la Corte Marcial de Santiago.

“Contrario a lo anterior los asesinos de comuneros mapuches son juzgados por sus propios pares, quedando siempre en libertad y/o cumpliendo penas que son verdaderas burlas para las familias de las víctimas. Junto con esto los apremios ilegítimos y torturas hacia comuneros mapuche imputados u obligados a “ser testigos secretos” quedan también en la más absoluta impunidad puesto que el Ministerio Público siempre se declara incompetente dejando dichos delitos en manos de la aún vigente Justicia Militar chilena”, subrayaron.

Denuncian a su vez que “Chile es el País que tiene la mayor cantidad de presos políticos miembros de un pueblo originario”, lo que a su juicio daría cuenta del nivel de discriminación y racismo que aun prevalecería en el país, cuyas autoridades han hecho caso omiso a los compromisos y recomendaciones internacionales en materia indígena durante todos estos años. “Todo lo anterior da cuenta clara de que nuestros familiares prisioneros, están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos (latifundios, hidroeléctricas, mineras, forestales, etc.) lo que hace muy difícil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones”, concluyen.

Frente a este escenario de vulneración de las garantías del debido proceso, los familiares solicitan la presencia de observadores internacionales y medios de comunicación alternativos durante los alegatos de clausura, a desarrollarse a partir del próximo 17 de enero en el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Cañete. A juicio de los familiares, se trataría de una “instancia fundamental en la cual se definirá el futuro judicial de nuestros familiares”. Cabe destacar que recién la próxima semana comenzarían a declarar los testigos de la defensa. El abogado de José Huenuche, Ramón Llanquileo y César Parra, señala que hasta ahora nada de lo mostrado por el Ministerio Público prueba la participación de los imputados.

De la misma forma, demandan adhesiones y pronunciamientos “sobre la situación de vulneración de derechos en la que se encuentra el pueblo mapuche frente a su judicialización y aplicación de legislaciones de excepción”; manifestaciones y cartas a las Embajadas de Chile en el mundo “para que el gobierno tome conocimiento del cuestionamiento a nivel internacional del tratamiento que le da a los pueblos originarios”. Se despiden los familiares agradeciendo a los y las Observadoras Internacionales, provenientes de Europa y a la Misión de la Asociación Americana de Juristas que estuvieron presentes durante el mes de noviembre en la presentación de pruebas del Ministerio Publico, en especial de los “testigos secreto”.

Cabe señalar que el juicio oral contra los dirigentes de la CAM comenzó el 8 de noviembre de 2010 y es hasta hora el más extenso en la historia de la reforma procesal penal en la Región del Bío-Bío. Las principales pruebas de la fiscalía son las escuchas telefónicas, que -según asegura- situarían a los imputados en el lugar del supuesto atentado al fiscal, y las declaraciones de los polémicos “testigos sin rostro”, varios de los cuales serían comuneros con prontuario policial y en cuyas causas judiciales el Ministerio Público habría dejado de perseverar como moneda de cambio por su “testimonio”.

POR PEDRO CAYUQUEO –  CAÑETE, WALLMAPU  –  07 / 01 / 11

http://www.azkintuwe.org/ene_0701.htm