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Demandante aportó un reporte de inteligencia que afirma que el ex presidente colaboró con el cartel de Medellín y era amigo de Pablo Escobar
PARA DECIDIR si honra la inmunidad diplomática que ha argumentado el ex presidente Álvaro Uribe para no responder a una citación judicial por un caso de asesinatos de sindicalistas en Colombia, un juez federal le concedió al Gobierno de Estados Unidos un mes.

Ayer se supo que el juez federal John D. Bates, del distrito de Columbia, envió la solicitud el lunes al Departamento de Estado y le dio plazo hasta el 11 de febrero para responder.

El gobierno colombiano solicitó en noviembre pasado al Departamento de Estado extender a Uribe la inmunidad diplomática para no tener que comparecer ante Bates.

El juez estudia una demanda contra la empresa estadounidense Drummond por el asesinato de sindicalistas en Colombia.

Amistades

También el lunes, el abogado demandante Ted Collingsworth radicó un recurso en el que insistió en que Uribe debe declarar dado que tiene “información factual exclusiva” sobre las ejecuciones extrajudiciales de los campesinos.
Según Collingsworth, que representa a los familiares de las víctimas en Estados Unidos, Uribe apoyó

a la filial de la Drummond en Colombia y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que recibieron pagos de la empresa para cometer los asesinatos: “No sólo el gobierno de Uribe fue notorio por su abierta relación y apoyo a las AUC, el señor Uribe presuntamente dirigió a miembros de Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que se involucraron en actos ilegales ayudando a las AUC y persiguiendo a supuestos izquierdistas”.

Collingsworth aportó al expediente un reporte clasificado de la Agencia de Defensa de Estados Unidos de 1991, en el cual se afirma que Uribe colaboró con el cartel de Medellín y era amigo personal del jefe de esa organización Pablo Escobar.

El reporte, que fue revelado en el 2004 por la revista Newsweek, fue rechazado por Uribe en su momento alegando que el reportero de la revista, Joseph Contreras, “ni los contrincantes de Uribe, ni ningún organismo de inteligencia nacional o internacional lograron aportar una sola prueba que diera la más mínima credibilidad a tales acusaciones”.

Desde el 12 de noviembre, el embajador de Colombia pidió a Washington que expida una carta de sugerencia de inmunidad argumentando que Uribe está exento por ser ex jefe de Estado.

Memorial

Forzar a que Uribe declare en el caso no sólo viola su inmunidad soberana sino que perjudicaría las relaciones de Washington con el actual mandatario Juan Manuel Santos, aseguró el abogado del ex mandatario en un extenso memorando revelado hace algunos días por el periodista Gerardo Reyes en un artículo publicado por el diario El Nuevo Herald.

“El punto es éste: el resultado de esta disputa no sólo afectará al presidente Uribe. Si esta corte ordena al presidente Uribe testificar pese a la petición de inmunidad de Colombia, la relación de Colombia y Estados Unidos y nuestra asociación en la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo se afectará claramente”, escribió el conocido jurista Gregory B. Craig.

De acuerdo con el artículo de Reyes, la teoría de Craig es que el gobierno de Santos, a quien el abogado le cambió el nombre por Juan Miguel, se verá constreñido para luchar contra los grupos guerrilleros por el temor de ser objeto de similares solicitudes en cortes de Estados Unidos cuando termine su mandato.

El memorando de 38 páginas, radicado en una corte federal de Washington D.C, asegura que el gobierno de Santos le pidió a Uribe no declarar en el caso.
Los abogados que llevan el caso contra la Drummond están usando herramientas legales de Estados Unidos para obligar a que Uribe declare en ese caso.

El paramilitar Libardo Duarte, alias Bam Bam, antiguo relacionista público de Carlos Castaño, le reveló al periodista Gonzalo Guillén que la construcción de un tren para sacar el carbón al puerto estuvo marcada por presiones violentas y asesinatos; y que los paramilitares se paseaban sin inconvenientes por las instalaciones de la multinacional carbonífera Drummond.

La multinacional habría dado dinero y vehículos a los paramilitares que asesinaron a tres sindicalistas que se opusieron a la política empresarial de la empresa minera, según relató el abogado Herman Johnson, apoderado de los familiares de los obreros, durante el juicio que se adelanta en Washington.
Según los demandantes, el ex presidente Uribe fue citado porque tiene “conocimiento directo” de varios asuntos “clave” en el caso.

Uribe recibió el llamamiento mediante el despacho de abogados Conrad & Scherer, al concluir una charla en la Universidad de Georgetown, que lo invitó al recinto como académico distinguido.

La Drummond consideró, en un comunicado, que Uribe fue citado inapropiadamente: “En días pasados, los abogados de los demandantes en un litigio contra Drummond Company, Inc., Drummond Ltd. y algunos de sus empleados notificaron inapropiadamente al ex presidente colombiano Álvaro Uribe una citación que busca obligarlo a dar testimonio”.

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