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La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, que agrupa a 180 mil propietarios de uno o dos vehículos, se encuentra en un paro nacional desde el pasado 2 de febrero. El presidente de esa agremiación, Pedro Aguilar, aseguró que están inmovilizados cerca de 130 mil camiones.

La principal exigencia que hacen al gobierno es la derogatoria del decreto mediante el cual se desmonta la tabla de fletes y se sustituye por un sistema de “libertad vigilada”, política esta que, junto con la chatarrización, amenaza con liquidarlos, lo que facilita concentrar el negocio del transporte de carga en pocas manos.

En un comunicado de prensa el Ministerio del Transporte reconoce que está acatando una exigencia del Banco Mundial, para el cual el gobierno de Colombia está en mora de desmontar la regulación de precios; confiesa, además, que obedece a los intereses de los monopolios de la industria y el comercio, quienes en el Informe Nacional 2009-2010, del Consejo Privado de Competitividad, proponen “el desmonte de la tabla de fletes como una medida necesaria para mejorar los servicios de logística y transporte”, pues “se estima que, con la aplicación de los tratados de libre comercio de Colombia con Estados Unidos y otros países, se generará un aumento de más de 40% en los volúmenes de comercio bilateral en un plazo de no más de 5 años”. En el camino de perfeccionar las herramientas del “libre comercio” el régimen de Santos colocará en el altar de los sacrificios a este importante sector de compatriotas a quienes a comienzos de la apertura —la misma con la que ahora se los arruina—, se les indujo a importar masivamente esos automotores como fuente de subsistencia.

La tabla de fletes fijó unas tarifas para el transporte de carga basadas en la suma de los gastos operativos —combustible, llantas, aceite, rodamientos, entre otros— y en general los costos que tiene el mantenimiento del equipo, y su depreciación. La libertad vigilada somete las tarifas a la oferta y la demanda con los consabidos embustes de que se velará para que no se cometan abusos de posición dominante y por proteger a los pequeños y medianos. El gobierno señala que para poder enfrentar la nueva realidad los transportadores deben unirse en empresas que estén en capacidad de negociar transporte masivo de carga de largo plazo. Todo conducirá a la ruina de la mayoría de los propietarios de camiones cuyo parque automotor terminará absorbido por un puñado de grandes empresas o convertido en chatarra.

La ACC también se queja de los incesantes incrementos en los precios del ACPM, de la gran cantidad de peajes y del mal estado de las vías por culpa del invierno, pero, principalmente, de los concesionarios que no las mantienen, todo lo cual incide en los costos de la prestación del servicio y en el deterioro de los vehículos. Siempre que se golpea a algún sector de la población para favorecer intereses monopólicos la política oficial envuelve sus medidas en frases sobre el beneficio general. En esta oportunidad se afirma que al suprimir la tabla de fletes la sociedad ganará con menores precios en los productos de consumo; pero, si hacemos cuentas, mayores serían los beneficios para la ciudadanía si se atendieran los reclamos de los camioneros. Apoyémoslos.

Por Francisco Cabrera

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