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En el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo aparecieron sorpresivamente los artículos 45, 46 y 47 que modifican la legislación de tierras en lo referente a la posibilidad de pasar por alto las unidades agrícolas familiares (UAF) y de usar el leasing para adquirir tierras. Para sustentar estos artículos se ha dicho que son necesarios para fomentar la inversión en empresas agrícolas, principalmente en los Llanos Orientales. Sin embargo, su efecto, de ser aprobados, sería exactamente el contrario.

En Colombia como resultado del acelerado proceso de concentración de la propiedad de la tierra, los precios de las fincas han subido en forma extraordinaria. La Sociedad de Agricultores de Colombia Sac, que agrupa a los empresarios, realizó un estudio comparativo de los costos en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil y si bien encontró que los precios de los fertilizantes y los fletes influyen en los altos costos en Colombia, encontró además, que a pesar de que en Colombia podría ser el país donde es más barata la tierra, por sus condiciones de violencia, resultó todo lo contario: la tierra es mucho más cara y hasta 4 y 5 veces más en condiciones similares.

La firma LMC International realizó un estudio que demostró que en Colombia se paga uno de los precios más altos del mundo por hectárea de caña cosechada, 82% más que China, 75% más que en Brasil, 63% más que en Guatemala, 42% más alto que en Tailandia; 28% más que en Australia y 6% más que en Sudáfrica. El presidente de Procaña, José Vicente Irurtia informó que los precios de la tierra y particularmente en el Valle del Cauca, son de los más elevados del mundo.

En correlación con el alto precio de la tierra, no se siembran grandes extensiones de tierra útil para la agricultura: “Existe una subutilización de tierras óptimas para la agricultura, lo que se evidencia en que del total de la superficie con vocación agrícola y silvoagrícola, 21’500.000 de hectáreas sólo se utilizan 4’900.000 de hectáreas”.  Mientras se desperdician las tierras en las grandes propiedades, han surgido algunas plantaciones supuestamente exitosas porque se establecen en tierras usurpadas a los desplazados, imponiéndose el despojo como forma de “ahorrarse” el costo de tierra, robándola de hecho a los campesinos y comunidades negras.

Para contrarrestar esta situación y estimular la inversión agrícola productiva, se necesita frenar la especulación con los precios de la tierra, garantizar el retorno de los desplazados a sus tierras y proteger la producción nacional agropecuaria. Los cambios que provocaría la aprobación de los tres artículos propuestos en el Plan de Desarrollo, aumentarían la especulación con la tierra:

1.    La unidad agrícola familiar (UAF) es un límite, diferente para cada municipio, que se aplica únicamente para la adjudicación de baldíos a colonos que los han trabajado previamente y para la adquisición de tierras  con subsidios del Incoder. En Colombia no existe límite para la cantidad de tierra que una persona natural o una empresa puede tener en propiedad, este límite solamente se aplica en los casos en que el estado traspasa un baldío previo aprovechamiento económico, al colono que lo trabaja o cuando se compra un predio con un subsidio del estado. Entonces si se “flexibiliza” la UAF (artículos 45 y 46), se trata de permitir que inversionistas compren las tierras que el estado adjudicó o subsidió a campesinos. El inversionista comprador vería cómo rápidamente la finca que compró sube de precio “como por arte de magia” y aunque su objetivo inicial sí fuera producir, se desviaría hacia un negocio mejor, la valorización de la finca. Aunque en el mejor de los casos se creara una empresa agrícola, el efecto macro de pasar al mercado financiero la tierra, terminaría siendo un obstáculo cada vez mayor para la inversión agropecuaria en el resto del país. Se incrementaría lo que Keynes llama la “prima a la tenencia de la tierra”, desalentando la inversiones productivas.
2.    Un efecto similar, tendría la conversión de los eventuales contratos de inversión en las zonas de desarrollo empresarial, en contratos de  leasing (artículo 47), que transferirían finalmente la propiedad de la finca a la empresa que invierte en producción. Se terminaría sustituyendo el necesario estímulo a la producción agropecuaria por un estímulo a la acumulación de tierra en propiedad y al paso la especulación con la tierra en el mercado financiero internacional.

La carestía de alimentos en el mercado mundial  ha hecho que los inversionistas se vuelquen a buscar tierras para producirlos. La FAO estima que en el mundo hay cerca 2.600’000.000 de ha aprovechables para la agricultura, que no están siendo utilizadas para cultivos. De ellas, 900’000.000 están ubicadas en siete países: Brasil, República Democrática del Congo, Angola, Sudan, Argentina, Bolivia y… ¡Colombia!

Colombia puede aprovechar la coyuntura para impulsar su desarrollo agropecuario, tanto con empresarios como también con los pequeños productores campesinos, campesinas, indígenas y afros que durante años han sostenido la producción nacional de alimentos en las condiciones más difíciles. Pero el gobierno de Colombia puede volver a equivocarse como ya se equivocaron los gobiernos anteriores cuando cayeron en el dumping de las transnacionales y abrieron la importación de alimentos que ahora están muy caros en el mercado internacional, como la cebada, el trigo y el maíz y el 2008 en plena alza de los precios internacionales, atrapó al país con un descenso de la producción agrícola especialmente la de estos cultivos.

En vez de estimular una burbuja de los precios de la tierra, que crearía un crecimiento financiero temporal, el Plan de Desarrollo debería incluir políticas y planes de inversión tendientes a desinflar las altas rentas de la tierra.

En vez de tratar de legalizar el despojo de tierras con figuras como el “derecho a la superficie”, incluido en el proyecto de ley de víctimas y que impide el reintegro de los desplazados a sus propias tierras cuando abusivamente se han establecido en ellas empresas, lo que se necesitan son políticas para que los grandes terratenientes no encarezcan la tierra.

En vez de castigar a los productores con la competencia de los cereales, jugos y partes aves que provocaría la vigencia del TLC con Estados Unidos y con la de los lácteos que provocaría la vigencia del TLC con la Unión Europea, debería protegerse la producción nacional agropecuaria.

Se necesita no solamente una ley de tierras en esa dirección sino una ley agraria que revitalice la institucionalidad agropecuaria y permita un desarrollo rural sustentable social y ecológicamente y respetuoso de la diversidad étnica y cultural.

Estamos frente una encrucijada. ¡Qué bueno sería que el gobierno retirara los actuales artículos 45, 46 y 47 del proyecto de ley y que la ley de víctimas garantizara la plena restitución de las tierras despojadas y se abriera ya el debate clave de la ley agraria! Entonces habría la oportunidad de beneficiar al país, no solamente con más inversión empresarial productiva, sino con desarrollo social y buen vivir, en vez de inflar una burbuja de tierra.

Héctor Mondragón
Grupo de Agricultura y Comercio
Alianza Social Continental

Notas:
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[1] Portafolio (2009) “Colombia tendría la tierra más cara de la región, según estudio de la SAC”, 30 de octubre de 2009.

[1] El País (2007) “Amargo debate por precio de la caña”; El País, Cali, 23 de febrero de 2007.

[1] DNP (2010) “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, p. 171.

[1] Keynes, John Maynard (1936) Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México: Fondo de Cultura Económica, quinta edición, 1958, p. 232.

[1] Portafolio (2011) “El mundo toma medidas por escasez de alimentos; se estudia posibilidad de restricciones a las exportaciones”, 11 de enero de 2011.

[1] DNP (2010) loc. cit.