El día 4 de abril de 2011, a eso de las 8 de la mañana, más de 400 campesinos, entre comuneros y comuneras del corregimiento de Buenos Aires, municipio de El Peñón en el Sur de Bolívar, retornaron a la finca Las Pavas.
La guardia indígena del norte del Cauca, acompañó a estos campesinos en el camino de regreso a sus tierras, de las que habían sido desalojados, en la última ocasión, el 14 de julio del año 2009, por grupos paramilitares. Anteriormente, ya en 3 ocasiones, la gente del corregimiento de Buenos Aires intentó regresar a la finca Las Pavas, cuando creían que era el retorno definitivo volvieron a ser desterrados, una de esas veces, por el ESMAD.
En este acompañamiento también participaron organizaciones sociales como la Federación Agro-minera del Sur de Bolívar, la asociación de campesinos ASOCAP, la Asociación de Cabildos del Norte – ACIN, FEDEAGROMISBOL, el Equipo Cristiano de Acción por la Paz – ECAP y Medios de Comunicación como Noticias Uno, el Tejido de comunicación de la ACIN, Fundación Chasquis, entre otros.
La Asociación de Campesinos ASOCAP, propuso crear una mesa de interlocuciones con el Ministerio de Cultura para presentar las peticiones que realizaron los campesinos. Entre otras, está la adjudicación de la hacienda Las Pavas:
1. Se convoca de manera inmediata a la mesa de interlocución del Sur de Bolívar a fin de dar continuidad al proceso de interlocución iniciado del año 2005, dando viabilidad a los temas propuestos desde la comunidad, donde una de las garantías del proceso es la adjudicación de la finca Las Pavas, que nos pertenece, con el fin de garantizar el retorno.
2. Que se nos restituya, también, la finca de La Peñaloza y la adjudicación de los restantes predios baldíos que conforma la hacienda Las Pavas, de donde fuimos desplazados y despojados ilegalmente.
3. Que se establezcan mecanismos eficaces y concertados con la comunidad retornada que integren garantías humanitarias y de seguridad. Como parte de este mecanismo, debe incluirse el acompañamiento a la comunidad retornada por parte de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, el programa de Acción Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura.
4. Se de cumplimiento inmediato a las órdenes impartidas en la sentencia T025 y sus respectivos autos en los cuales tutelan los derechos de la población en condición de desplazamiento.
5. Se solicita a la policía abstenerse de adelantar acciones tendientes a dificultar, entorpecer o interrumpir nuestro retorno a estos predios y que se tomen las medidas necesarias para prevenir posibles acciones de los actores armados ilegales.
6. Que se inicien, por parte de la fiscalía, las investigaciones pertinentes de los hechos que dieron lugar a los desplazamientos forzados.
7. Que se adelanten, por parte de la procuraduría de la nación y demás entes de control, las investigaciones pertinentes que permitan establecer las responsabilidades disciplinarias por las actuaciones de funcionarios del INCODER, del inspector de policía de el Peñón, del Juez promiscuo de Monpox, del comandante de policía de Bolívar y funcionarios de la procuraduría y del Ministerio de Agricultura, que han intervenido en nuestro desplazamiento, despojo y en el conflicto de tierras con las empresas palmeras C. I. Tequendama y aportes San Isidro. De igual forma, que se investiguen las irregularidades presentadas en la fiscalía 39 local de San Martín de Loba.
8. Que se proteja el Plan de Vida de la ASOCAP, de igual manera los sitios hídricos, ambientales y naturales que se encuentran en el territorio.
Por otra parte, la religión no fue un obstáculo para esta actividad, la iglesia babélica y la católica, unidos por la misma causa, también se sumaron al acompañamiento del retorno hacia la Hacienda las Pavas, diciendo: “aquí no interesan las creencias religiosas, lo importante es la tierra, porque un campesino sin tierra, no es campesino”.
Es sumamente preocupante la devastación que, por parte de la empresa palmera situada en esta finca, ha sufrido el bosque nativo, la fauna, la flora y los sitios hídricos que existen en este territorio. Este predio mide aproximadamente 3.000 hectáreas. Anteriormente rodeada de bosques nativos con todas sus riquezas naturales, hoy, gran parte de esta finca está sembrada de palma aceitera, unas 1.000 hectáreas están en siembra y producción de palma y 10.000 matas en almacigo para nuevas siembras. Por otro lado, la explotación de mano de obra barata es impresionante en estas empresas, con un pago de $100 por mata limpia y un sueldo de $15.000 día grabado (modalidad de pago donde el trabajador recibe el pago sin cubrir alimentación), sin derecho a prestaciones ni servicio de salud.
Los consejeros de la Cxhab Wala Kiwe – ACIN y los compañeros de la Guardia Indígena del norte del Cauca, viajaron 24 horas por tierra, cruzando el río Magdalena, para motivar e invitar, a la comunidad de Buenos Aires y a las otras organizaciones acompañantes, a la resistencia por la pervivencia y por el respeto al territorio.
Es poco el número de personas que conforman esta comunidad campesina, sin embargo han demostrado su gran fuerza en esta largo esfuerzo por volver a su territorio. Ellos llaman a la solidaridad de organizaciones sociales y medios de comunicación para que esta realidad se conozca y se respalde su lucha por cumplir con las garantías de su retorno y que sea, de verdad, un proceso de reparación integral.
Tejido de Comunicación ACIN
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