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December 3, 2024

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Asesinato del líder comunitario, vicepresidente  de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir  en El Carmen de Viboral, William Andrés Alvarez Orozco, y sobre la protección de las comunidades habitantes del cañón Melcocho, reiteran ante la opinión pública nacional e internacional su rotundo rechazo a este hecho.

El Carmen de Viboral, Oriente Antioqueño,  Abril 12 de 2011

Las comunidades, organizaciones sociales, organismos de control de orden departamental y nacional, comunidad internacional, ONGs, Iglesia Católica, institucionalidad pública y privada recogidas en la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño reunida en el recinto del Concejo Municipal de El Carmen Viboral y declarada en sesión permanente para abordar como único tema los hechos relacionados con el asesinato del líder comunitario, vicepresidente  de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir  en El Carmen de Viboral, WILLIAM ANDRES ALVAREZ OROZCO,  y sobre la protección de las comunidades habitantes del cañón Melcocho, reiteran ante la opinión pública nacional e internacional su rotundo rechazo a este hecho y manifiestan su inconformidad con los procedimientos legales para la recuperación de su cuerpo, que se tomaron cerca de 80 horas sin poder movilizar el cuerpo del lugar en el que cayó asesinado.

Las tres largas noches de angustia, temor e impotencia de las comunidades habitantes del territorio de El Melcocho, dos con el cuerpo sin recoger y una movilizándose con el cadáver del municipio El Santuario a Rionegro para terminar en El Carmen, hace que desde la Mesa se llame  la atención sobre esta situación de inhumanidad extrema, que no puede repetirse dado que legalmente ningún civil está autorizado a realizar los procesos de levantamiento de un cuerpo de alguien que ha sido asesinado.

ANTECEDENTES

  • En el mes de enero de 2010 las comunidades de El Cañón  Melcocho solicitaron acompañamiento de la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, para denunciar situaciones  irregulares  generadas por parte de la fuerza pública presente en la zona.
  • Durante los meses de abril y mayo líderes de estas comunidades entre ellos el Vicepresidente de la junta de acción comunal WILLIAM ANDRES ÁLVAREZ OROZCO, formalizaron estas denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, acción tras la cual sobrevinieron amenazas sobre los denunciantes por lo que solicitaron acompañamiento permanente de la fuerza pública como garante de su seguridad y de las comunidades.
  • La respuesta de las autoridades militares en cuya jurisdicción se encuentra la zona,  bajo la comandancia del Batallón Juan del Corral de Rionegro, fue que  el área estaba consolidada y no presentaba riesgos por presencia de actores al margen de  la ley.
  • Catorce (14) meses después,  tiempo durante el cual se presentaron constantes acercamientos con organismos de control y autoridades competentes, ocurre el asesinato de WILLIAM ANDRES ALVAREZ OROZCO el día 7 de abril de 2011.

LOS HECHOS

  • El día Jueves 7 de Abril de 2011, en las horas de la tarde, hombres encapuchados llegaron a la vivienda del líder comunal asesinado WILLIAM ANDRÉS ÁLVAREZ OROZCO. Mientras lo esperaban sus verdugos intimidaron a sus familiares y les quitaron sus teléfonos celulares. A la llegada del líder se lo llevaron amarrado a su  caballo.
  • El día viernes 8 de abril  hacia las 7: 50 AM fue encontrado  el cuerpo sin vida de WILLIAM ANDRÉS ÁLVAREZ OROZCO a dos kilómetros de su casa, en límites entre la vereda la Cristalina y la vereda el Porvenir, a la altura de Chisquetes, en el Carmen de Viboral.
  • Inmediatamente la comunidad estableció contacto con la Mesa de Derechos Humanos y con las autoridades civiles del municipio de El Carmen para iniciar las  gestiones  de traslado del cuerpo a la cabecera municipal, solicitar protección a las comunidades y la  respectiva investigación de los hechos.
  • El mismo viernes hacia las 2: 00 PM, desde la Mesa de Derechos Humanos en comisión de reacción inmediata, con presencia del alcalde de El Carmen de Viboral y la Procuradora Provincial como autoridades garantes, se activaron los protocolos correspondientes, para el traslado del cuerpo hacia la cabecera municipal, sin embargo esto sólo fue posible hasta la madrugada del lunes 11 de abril hacia  las 3: 30 AM, cuando   fue entregado a la morgue del municipio El Carmen de Viboral.
  • La recuperación del cuerpo se produjo en medio de un proceso de descarga de responsabilidades entre unas autoridades y otras. La primera gestión correspondiente al aseguramiento de la zona por parte de la fuerza pública, prevista para el viernes en las horas de la noche, sólo se llevó a cabo hasta el día sábado 9 de abril. Las diligencias  para la disponibilidad de un  helicóptero no pudieron ser concretadas, a pesar de las reiteradas solicitudes por parte del Alcalde y de otras instituciones integrantes de la Mesa de Derechos Humanos, bajo encontrados  argumentos de dificultades climáticas y de aseguramiento de la zona.
  • El domingo 10 de abril  hacia el medio día,  se conformó una comisión compuesta por CTI de la Fiscalía, Personería Municipal de El Carmen, SIJIN y algunos miembros de las comunidades  para entrar a la zona vía terrestre. En circunstancias que aún no son claras, la Fiscalía no alcanzó a participar de la misión a pesar de su disponibilidad para liderar el procedimiento judicial del levantamiento del cadáver; la SIJIN asumió el liderazgo de la comisión trayendo el cuerpo hasta la morgue del municipio de  El Carmen, a pesar de las instrucciones previamente dadas por la Fiscalía  de hacer su traslado a Medicina Legal del municipio de Rionegro donde habría mayor capacidad técnica para los procedimientos forenses de cara al esclarecimiento de los hechos.

PRONUNCIAMIENTO

  • La Mesa de Derechos Humanos reafirma su  compromiso con la defensa de la Vida como valor  inviolable de todas las personas que habitan el territorio.
  • Su solidaridad con las comunidades afectadas por este hecho.
  • Su repudio a  cualquier acto que atente contra la vida y la integridad de todas  las personas y el libre ejercicio del liderazgo social.

LLAMAMIENTO

  • A las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, a rechazar  públicamente el asesinato del líder comunitario  WILLIAM ANDRES ALVAREZ OROZCO, como un mecanismo de alerta para que no se repitan en Oriente Antioqueño  este y otros hechos que vulneran la vida y la dignidad humana de las personas y las comunidades.
  • A la institucionalidad pública,  a ser garante de los derechos humanos  de los habitantes del territorio.
  • A la comunidad internacional, a mantener su mirada y acompañamiento  sobre las comunidades del corregimiento El Melcocho, mediante interlocución  con las autoridades competentes para hacer seguimiento a las medidas  de protección a  estas comunidades.

EXIGENCIA

  • A  las autoridades competentes emprender las acciones correspondientes a esclarecimiento del hecho, la aplicación de justicia y  la protección inmediata  a las comunidades como garantía de no repetición.


MESA DE DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN HUMANITARIA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

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El asesinato: ¿Consecuencia de una denuncia?
Aunque los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, vale la pena mencionar como contexto, que la Mesa de Víctimas del Oriente ya había denunciado amenazas en contra de sus líderes desde principios de este año, por causa de una grave denuncia.
En el mes de marzo de 2010, la Corporación Jurídica Libertad, organización antioqueña en defensa de los derechos humanos, publicó una Acción Urgente en la que denunciaba “la constante vulneración de sus derechos fundamentales por parte de efectivos del Grupo de Caballería Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO) adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, desde el mes de Diciembre de 2009” a habitantes del Cañón del Melcocho, entre los municipios del Carmen de Viboral, Cocorná y San Francisco.
La denuncia surgió de los testimonios de la comunidad que aseguró ver a efectivos del Ejército “sembrando minas antipersonales y organizando caletas con armas” en esta zona del Oriente Antioqueño en compañía de “cuatro reinsertados”.
La gravedad de estas afirmaciones le significó a la Corporación Jurídica Libertad señalamientos por parte del Ejército Nacional. Sin embargo, estas no fueron las únicas relaciones entre institucionalidad y Ong’s que se fracturaron.
La Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, conformada por diversas organizaciones sociales y en la que tiene asiento la Gobernación de Antioquia -entre otros sectores de la institucionalidad-, quien también hizo eco de la denuncia, recibió una carta aclaratoria por parte de la Dirección de Derechos Humanos y D.I.H. de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, en la que se pedía excluirlos del informe “toda vez que no encontramos objetiva la manera como está orientado”.
Desde ese momento, la Secretaría de Gobierno departamental dejó de ser convocada a las reuniones de la Mesa de Derechos Humanos de Oriente y se perdió total contacto entre los dos estamentos.
Pero la denuncia no sólo provocó estas fracturas. En adelante, líderes sociales de la región y que hacen parte de la Mesa de Derechos Humanos de Oriente empezaron a ser víctimas frecuentes de amenazas y llamadas intimidatorias que se hicieron aún más frecuentes a finales de 2010 cuando la Mesa de Oriente estaba dispuesta a presentar su informe de derechos humanos 2009-2010.
Según declaraciones de las personas víctimas de las amenazas las llamadas intimidatorias han sido un factor constante que pretende desintegrar el trabajo que se ha realizado en materia de derechos humanos.
Debido a que la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia dejó de ser convocada a las reuniones de la Mesa de derechos Humanos de Oriente, desconocen la problemática actual y el origen de las amenazas, que presuntamente vendrían de las denominadas BACRIM “Las Águilas Negras” y “Los Rastrojos”.
Ahora, la vida de Andrés Álvarez fue apagada por el accionar de criminales. La relación de este asesinato con las amenazas que surgieron a partir de la denuncia del año 2010 es una de las hipótesis sobre los móviles del hecho. Pero, las organizaciones sociales del oriente están preocupadas y por eso hacen un llamado a las autoridades para que se conviertan en garantes de los derechos fundamentales de los habitantes de la región.

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