Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El acuerdo entre los negociadores fue condicionado por el gobierno de Estados Unidos al cumplimiento de una serie de requisitos en materia de protección laboral, integridad de los sindicatos y cooperativas de trabajo. Muchas de las exigencias se encuentran en la Constitución y en la legislación colombianas, y si se han incumplido, es por exceso y abusos de los gobiernos que deben ser corregidos por la propia iniciativa de la sociedad colombiana.

El tratado siempre se vio como una mala negociación, pero los episodios recientes revelan una relación totalmente desequilibrada. Estados Unidos propone y Colombia acepta como si se tratara de un dádiva.

Buena parte de los argumentos presentados por los senadores republicanos y demócratas están basados en la mala negociación del tratado. En razón que Colombia baja los aranceles de 13% a 0 y Estados Unidos de 3% a 0, lo que ya ocurrió con el Atpdea, sostienen que el tratado le significará a Estados Unidos un aumento de las exportaciones muy superiores a las importaciones. En cierta forma, confirman los estudios realizados con anterioridad a la negociación que mostraban que el tratado era totalmente desfavorable para Colombia en términos comerciales.

A lo anterior se agregan las exigencias cambiarias. El tratado tiene todo tipo de compromisos de libre mercado que le impedirán al país aplicar controles de capitales o mecanismos audaces de intervención cambiaria. La economía queda desprotegida frente a la política irregular de Estados Unidos de colocar la tasa de interés en cero e inundar el mundo de dólares.

La situación no será muy diferente a la de las naciones medianas de Europa que, en aras de la integración, renunciaron a la intervención cambiaria que los ha dejado entre la recesión y la crisis de balanza de pagos.

Tal vez donde aparece más clara la subordinación del tratado es en las áreas tecnológica y agrícola. El régimen de patentes es mucho más estricto que la normatividad internacional. En contravía de la experiencia del último medio siglo, se regresa a la vieja concepción de que Estados Unidos debe concentrarse en la producción de los productos complejos de alto valor agregado y Colombia en las materias primas.

En la agricultura el país renunció a los aranceles y permitió que Estados Unidos mantuviera los subsidios dentro de los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio (OMC). El despropósito se trató de aminorar con el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), que se presentó como una forma de compensar a los productores por el daño del libre comercio, y terminó en una feria de privilegios y corrupción.

Si bien el Gobierno actual ha reestructurado el programa, mal podría pensarse que por esta vía de subsidios al crédito, que por su propia naturaleza está concentrado, se compense la pérdida de la demanda ocasionada por el desmonte de la protección arancelaria y cambiaria a los cereales, la carne y la leche.

Los grandes perdedores con un arreglo de esa naturaleza son los trabajadores. Así lo corroboran las dos décadas que siguieron al desmonte de la protección y la revaluación. Los trabajadores industriales engrosaron el desempleo o pasaron al sector informal con menor productividad y salarios, y los trabajadores agrícolas acentuaron el desplazamiento rural. La desocupación se mantuvo en 13% y la informalidad ascendió a 60%.

Ahora vendrán las sorpresas anunciadas de la ejecución. De entrada, el expediente interferirá el desarrollo de la industria y la agricultura, incrementará el déficit en cuenta corriente y ampliará el desempleo y la informalidad.

Por: Eduardo Sarmiento