Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

No fue Santos quien destapó el escándalo. Reconocimiento a una lucha larga. Como César Gaviria, Uribe y Santos están en la génesis del desastre. No es un debate contra las IPS, también víctimas de las EPS, ni tampoco contra el cooperativismo.

La Ley 100 no es para la salud sino para el negocio (Parte 1ª)

No fue Santos quien destapó el escándalo. Reconocimiento a una lucha larga. Como César Gaviria, Uribe y Santos están en la génesis del desastre. No es un debate contra las IPS, también víctimas de las EPS, ni tampoco contra el cooperativismo. El Seguro Social fue calculadamente destruido. Casi ninguna EPS del régimen subsidiado le informa al gobierno. El caso de las ARP. Se apropian ilegalmente los dineros del sistema de salud. El sistema de salud avanza hacia la quiebra.

El Seguro Social fue calculadamente destruido

Ojalá tuviéramos tiempo de hacer un debate a fondo sobre la destrucción del Seguro Social. Es uno de los asuntos más dramáticos de toda esta historia y uno de los que más desnudan los horrores de la Ley 100. El Seguro Social fue calculadamente destruido, porque, claro, cuando los neoliberales decidieron privatizar la salud, el Seguro Social contaba con un número importantísimo de colombianos aportantes y no había entonces cómo montar el negocio si no se lo sacaba de en medio. Lo que hicieron fue dejarle al Seguro los pensionados y pasarles los cotizantes a los fondos privados de pensiones, maniobra calculada para arruinar al Seguro Social, como efectivamente lo arruinaron, mientras les dejaban a los negociantes de las pensiones el lomo del negocio. Y en el caso de la salud fue lo mismo. Las EPS le raponearon al Seguro los pacientes menos problemáticos, digamos, y le dejaron los pacientes de alto costo, los más viejos, las enfermedades catastróficas. El propósito era arruinar al Seguro Social y lo arruinaron. Y no solo lo arruinaron, sino que después le arrebataron las clínicas, compradas todas a menos precio. Aquí llamo a los organismos de control que deben de estar viendo este debate para que investiguen quién se quedó con las clínicas del Seguro Social, que valían toda la plata del mundo y que se subastaron a menos precio, estoy seguro. Es un asunto que se debe investigar si es que de verdad se quiere destapar la corrupción y no, como me temo, limitarse a hacer ruido en lugar de romper las nueces.

No me voy a referir tampoco al régimen subsidiado y solo voy a hablar del contributivo. El subsidiado sí que daría para un debate de veinte horas. Es el horror, ministro Santa María. Aclaro desde ya que habrá que individualizar. Aquí hago generalizaciones porque pienso que es lo predominante, pero habrá que individualizar cada caso como corresponde, con actitudes serias de los organismos de control y en la política, porque lo que realmente predomina en el subsidiado, como también en el contributivo, es una serie de prácticas escandalosas, entre ellas, inventarse pacientes que no existen, negar los tratamientos, hacer de múltiples maneras operaciones fraudulentas. Y con un agravante del que ya son víctimas este gobierno y el ministro Santa María y es que el sistema de salud, como una de sus características, está supuestamente montado sobre una información que deben enviarle al gobierno nacional las Entidades Prestadoras de Salud, o EPS, para que a partir de ella el gobierno tome decisiones.

Les voy a dar este dato. A partir del primero de enero, el ministro Santa María le subió al régimen subsidiado el valor de la UPC en una proporción importante. La UPC, como lo voy a explicar después, es la base sobre la que se monta el negocio. El dato es que de 49 EPS del sistema subsidiado, solo cuatro dieron información válida, según el Ministerio. Las otras 45 dieron informaciones que no lo eran de ninguna manera. Y sin embargo, el Ministerio les subió el valor de la UPC por encima de lo recomendado por los técnicos. Y cuando digo el Ministerio, hago específica referencia a la CRES, puesto que el doctor Santa María es la voz cantante de dicha entidad. Entonces aquí enfrentamos un problema, y lo empiezo a mencionar desde ya, porque voy a seguir haciéndolo a lo largo del debate. Es cómo las EPS abusan y cómo el gobierno alcahuetea y tolera el abuso. Porque uno se pregunta: si ellas no cumplen con los deberes mínimos de dar la información y explicar mínimamente en qué se gastan la plata, por qué diablos les hace el Ministerio unos aumentos superiores a los recomendados por sus técnicos, como lo voy a demostrar.

Manguala entre las EPS y las ARP

En Colombia prácticamente nada se dice de las famosas ARP, las Aseguradoras de Riesgos Profesionales. De ellas nadie habla nada. Es otro horror, colombianos. Lo primero, tienen montados unos combos con las grandes EPS, una especie de manguala, para escamotearles a los obreros los derechos que les corresponden por accidentes laborales y por enfermedades profesionales. El fenómeno es especialmente grave en la gran minería, por ejemplo, en la Drummond y las demás grandes mineras, donde les escamotean sus derechos a nuestros compatriotas. Estudios juiciosos señalan, ministro Santa María y colombianos, que las ARP se están embolsillando mediante astucias la plata de los parafiscales, dinero del sistema de salud, presentándolos como si fueran recursos de su propiedad. Sobre este punto voy a insistir también a lo largo del debate. Cuál es la plata de las EPS o las ARP y cuál es la plata pública del sistema de salud, que al final les corresponde, se supone, a los ciudadanos.

La Superfinanciera reconoce que en pago de comisiones a intermediarios de aseguramiento, el monto es del orden de 333 mil millones de pesos, cifra ya detectada, aun cuando no se sabe aún cuánto de ella sea ilegal. Habrá que establecerlo. También las ARP están utilizando plata de parafiscales para pagar la publicidad, operación también ilegal, a mi juicio, y cuyo monto tampoco ha sido calculado. También pagan con esa plata las primas del Fogafin y los honorarios de salud a terceros. Las ARP no pagan IVA por sus recursos propios, echando el cuento, ahí sí, de que son recursos parafiscales. Cuando se trata de esquilmar los recursos parafiscales, alegan que son propios. Y cuando les llega la hora de pagar los impuestos, dicen que son parafiscales. Espero que los organismos de control también le echen ojo a este entuerto.

Se avecina la quiebra del sistema

El debate también podría estar todo él dedicado a la crisis estructural del sistema y nos demoraríamos una eternidad. El sistema de salud avanza hacia la quiebra. Si no se deroga la Ley 100, si no se corrige seriamente lo que pasa, vamos hacia la ruina. Primero, por el enorme desempleo que hay en Colombia. El país no ofrece empleo, sino desempleo e informalidad, que no aportan de manera formal a la seguridad social. El otro factor son los malos manejos de las EPS y los muchos problemas que vamos a abordar a lo largo de la intervención. La Federación Médica Colombiana le acaba de enviar un derecho de petición a la Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli, solicitándole certificar si las EPS, esas que no rinden cuentas y hacen lo que les da la gana, sí presentan suficiente grado de solvencia y liquidez para ser merecedoras de los recursos públicos. Porque el asunto está normatizado. Aquí la plata del Estado, tanto la nacional como la departamental y municipal, no se les puede entregar a entidades que no tienen unos márgenes de solvencia y unas posibilidades de atender el servicio. Y esto puede ser lo que está sucediendo en el conjunto de las EPS, porque se habla de sumas por más de cinco billones de pesos que les adeudarían a los prestadores de servicios de salud de todos los niveles. Y si los cobros se hicieran efectivos y si se pagaran, ¿qué les terminaría sucediendo? Aquí tendríamos también otro tema que él solo daría para un debate completo.

También podríamos hacer un debate larguísimo sobre las condiciones laborales del sector. Una vergüenza, ministro. Es miserable el trato que les dan las EPS a los médicos, a las enfermeras, a las instrumentadoras, a los de las ambulancias, a los odontólogos, a toda la gente que trabaja en el sector. Inaceptable que se trate así a compatriotas nuestros que están teniendo que trabajar dos y tres jornadas al día para medio solventarse la vida. Y es el reino de las cooperativas de trabajo asociado, de esas sobre las que echan tantos cuentos y que han prometido desmontar y no desmontan y que no desmontaron tampoco en la reciente reforma a la salud. Y el doctor Angelino Garzón y el doctor Santos van y echan cuentos a Estados Unidos, pero no las desmontan, porque sin ese régimen de negreros, y cuando hablo de negreros me refiero a los antiguos esclavistas, tampoco les funciona el negocio. Un médico mal pago, maltratado, trasnochado, fatigado, va en detrimento de la salud de los colombianos. Y hay además un maltrato a los médicos mismos, porque es una profesión que, como todas, pero esta en especial, tiene responsabilidades de conciencia. ¿No estamos viendo a muchos profesionales de la salud a quienes los patrones, las EPS, para ganarse unos centavos, los obligan a no recetar lo que deben? Sancionan al que ordena el examen o receta el medicamento que se necesita y, al revés, al que no receta lo que es, lo premian. Obligar a los médicos a actuar mal por un lado o por el otro, para satisfacer la sed de ganancia de estos negociantes de la salud, es un espectáculo bochornoso de descomposición profunda de la vida del país.

Algunos de los medicamentos más costosos del mundo

Este debate, y aquí sí voy a detenerme un poco más, podría ser también todo él sobre el tema de los medicamentos, de especial gravedad, y frente al cual el ministro Santa María y el gobierno del presidente Santos asumen una actitud absolutamente equivocada. Me responde el ministro Santa María y me dice: “El principio general es que existe libertad de precios” en los medicamentos. Y es verdad, salvo en una situación excepcional, a la que más adelante me voy a referir, aquí lo que hay es libertinaje en los precios de los medicamentos. Que cada uno haga lo que se le dé la gana con los medicamentos del sistema, del POS y del No Pos. Porque aquí los llamados medicamentos de bolsillo valen 3,5 billones de pesos. Son esos que, por la mala atención, los colombianos tenemos que pagar todos los días de nuestros bolsillos y a los precios que fijan las trasnacionales como les da la gana y, además, en medio de maniobras fraudulentas.

Hay básicamente tres tipos de medicamentos en Colombia y en el mundo. Unos son los llamados de marca, o sea, los que detentan patentes. En el otro extremo se encuentran los genéricos, idénticos a los de marca, pues la molécula es la misma, pero bastante más baratos porque ya se venció la patente y hay alguna competencia. Y las trasnacionales se han inventado uno tercero al que he llamado el mercado de las falsas marcas. ¿Cuál es? Las farmacéuticas cogen un genérico, le meten un platal de propaganda, lo convierten en un medicamento de marca y se clavan a los pacientes con el cuento de que el medicamento que les están vendiendo es distinto, cuando es el mismo genérico que, como tal, les valdría bastante menos.
Les doy ejemplos de diferencias de precios para que ustedes se aterren, aclarando primero que Colombia es uno de los países que presentan mayores diferencias entre los de marca y los genéricos, y repito, con genéricos sustitutivos de marca la sustitución es perfecta, aun cuando las trasnacionales mientan y digan otra cosas. Porque si lo que hay es un falso genérico, que los metan a la cárcel; ese es un problema diferente, pero que no nos vengan con cuentos, que bastante entendemos de qué se está hablando.

Miren ustedes: como norma, en Colombia el promedio es que el de marca cueste veinte veces más que el genérico, y el de falsa marca, 6.2 veces más. Les doy este dato con respecto a la Ciprofloxacina de 500 mg, más costoso en Colombia que en el resto del mundo. Es 25 dólares más caro que en Estados Unidos y dos veces más caro que en Suiza. Y como este, hay miles de ejemplos. Les muestro otro: el Rituximab, cifras certificadas por los especialistas, en Colombia, corrientemente –antes de algunas medidas–, 3.500 dólares; en Chile, 2.000 dólares. Precio máximo de recobro, después que el Ministerio le puso algún controlito, 2.500 dólares, es decir, todavía 500 dólares más caro que en Chile. El Trastuzumab, en Colombia, antes de ciertas medidas, 4.000 dólares; en Costa Rica, 1.800; en Chile, 2.600 dólares. Precio máximo de recobro, 3.000 dólares, todavía mucho más caro que en los países que acabo de citar.

Hay un caso bien llamativo, porque el Ministerio, después de tantas presiones de la Federación Médica, algún control ha establecido, aun cuando bien bajo. Para el recobro del Fosyga, de 15 mil medicamentos, hay control para 817, pues como dice el ministro, lo que predomina es la libertad de precios, o mejor, el libertinaje. Lo prueba el caso del Kaletra de Abbot. En Colombia vale el triple que en Brasil, vendido por el mismo laboratorio. Y aquí entonces le fijaron por fin un precio de referencia. Se pasaron diez meses antes que el laboratorio se dignara aceptar lo decretado por el gobierno. Lo demuestra también el caso de los antihemofílicos y, en particular, uno de ellos, el Factor VIIa Recombinante. Consultados los precios reportados por todas las organizaciones internacionales de antihemofílicos y con los promedios de Austria, Canadá, Grecia, Filipinas y Estados Unidos –aclarando que según las concentraciones tiene precios diferentes–, el precio internacional del de 60 KUI es de 2,8 millones de pesos, mientras que aquí, según la resolución que supuestamente lo controla, cuesta 7,4 millones de pesos. El de 120 de concentración, precio internacional, 5,6 millones; el de la resolución que supuestamente lo controla, 14 millones. El de 240 KUI, precio internacional, 11 millones; el de la resolución que supuestamente lo controla, 29 millones. Estoy dando cifras redondas para facilitar las cosas. Y así podría seguir interminablemente.

Pero lo más grave de lo que viene sucediendo es que es una imposición del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Usted también lo sabe, ministro. Está en la negociación. ¿Por qué es lo más grave? Porque el TLC no ha entrado en vigencia. El Tratado prohíbe los controles a los precios de los medicamentos y por eso ustedes no utilizan las importaciones paralelas, una práctica que podría hacerse para bajar los precios y que está admitida por la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Comercio. Poseo en mis archivos una carta de la presidenta en esos días de Afidro, el gremio de las trasnacionales de los medicamentos, dirigida al entonces ministro Jorge Humberto Botero cuando este intentó imponer algún control de precios. Afidro le previno al gobierno que si se atrevía a hacerlo, le podría poner una demanda en el marco del TLC por expropiación indirecta de los recursos y de los negocios de las trasnacionales. Nos hallamos aquí frente a un problema de una gravedad inaudita. La gente aquí se muere porque no tiene acceso a los medicamentos o porque la plata de la salud se termina gastando en medicamentos que se podrían conseguir a bajo precio.

Transcripción de la intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, sobre el sistema de salud, 3 de mayo de 2011.

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