Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

La maquinaria de muerte que se ha montado en torno nuestro desde hace quince años, ha estado espacialmente activa en los últimos meses y semanas. El Presidente, el Vicepresidente, los ministros, los organismos de control, la fuerza pública y todo el aparato administrativo regional y local, siguen aferrados a su “ceguera” y “sordera” voluntarias, pero cargando progresivamente con la responsabilidad de más y más crímenes que son silenciados por los medios masivos de información y por ello se creen exonerados de culpa.

El miércoles 11 de mayo de 2011, a las 16:00 horas, en el sitio conocido como La Antena, a quince minutos del asentamiento de San Josesito, fue ejecutado JOHN KENNEDY HIGUITA RAMÍREZ, como acto final de una persecución de varios años perpetrada por militares, policías, paramilitares y fiscales.

En 2006 le hicieron el primer montaje por “rebelión” y lo tuvieron que dejar en libertad a los 6 meses por inconsistencia del proceso. Violando el principio de “non bis in idem” (no dos veces en lo mismo), la Fiscal 51 de Medellín, Fabiola Mejía Muñetón, volvió a ordenar su captura en abril de 2007, esta vez por una afirmación sin prueba alguna hecha por un paramilitar pagado y como evidente castigo por haber denunciado al Estado ante la Corte Penal Internacional, en compañía de otras víctimas, luego de  aparecer en una lista de personas para matar, exhibida por el paramilitar Elkin Tuberquia Tuberquia, quien trabajaba al servicio del Coronel Néstor Iván Duque López, entonces Comandante del Batallón Bejarano Muñoz, de la Brigada XVII.  Sólo cuando un abogado anunció que demandaría a la Fiscal por su conducta antijurídica, ella lo dejó en libertad tres días después.

En septiembre de 2010, la Fiscalía volvió a violar el principio “non bis in idem” y lo citó nuevamente a indagatoria, siendo conducido antes a la Brigada (contra lo ordenado por al Corte Constitucional) y a un hospital. Esta vez se apoyaron en las falsas e insostenibles denuncias de una “desmovilizada” conseguida por la Brigada XVII, apodada “Gisela”. En esta última ocasión los cuatro sindicados, en varios de los cuales se estaba violando nuevamente el principio “non bis in idem”, sospecharon algo demasiado perverso y pidieron acompañamiento a la Defensoría del Pueblo, la cual se los negó. Al salir de las indagatorias ya de noche, varios de ellos tuvieron que regresar a pie al corregimiento de San José y fueron atacados a bala desde la oscuridad al pasar por el tradicional nido del paramilitarismo conocido como “Tierra Amarilla”. Las sospechan sobre este atentado se dirigen necesariamente hacia la articulación entre la Brigada XVII y la Fiscalía, con omisión culpable de la Defensoría. John Kennedy se escapó esa noche por buscar otras formas más discretas de regresar a su finca, pues el día anterior a dicha indagatoria, unos soldados con otros hombres sospechosos que andaban “buscando trabajo”, armaron una balacera junto a su casa.

De allí en adelante, los miembros del Ejército lo señalaron muchas veces ante pobladores de la zona como supuesto “guerrillero” y por eso él temía que lo iban a asesinar. Además, los dos últimos personajes que la Brigada XVII ha cooptado para acusar a quien ellos quieran, como pago de prebendas y protecciones: alias “Zamir” (desertor de las FARC) y Robinson Gómez (paramilitar también protegido por la Brigada), lo habían amenazado recientemente. Meses antes, también había recibido amenazas de muerte de la guerrilla.

Todo esto le hizo sospechar que las instituciones del Estado y sus aliados paramilitares estaban buscando intensamente su muerte y así se lo expresó a varios miembros de la Comunidad de Paz y a una Comisión Nacional que visitó recientemente la Comunidad de Paz. Su muerte es, pues, una muerte anunciada y largamente planificada.

John Kennedy fue asesinado en la tarde del miércoles 11 de mayo cuando salió de su casa a reunirse con algunos vecinos para jugar fútbol. En el camino lo asesinaron pero nadie conocido presenció el momento mismo del asesinato. El mismo día encontraron su cuerpo sin vida y con claras huellas de tortura. Aunque no era integrante de nuestra Comunidad de Paz, su familia pidió que se le enterrara en la Comunidad. Él había acudido muchas veces a nosotros para compartirnos sus angustias y temores y cuando apareció en la lista de condenados a muerte, le solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le exigiera al Gobierno respetar su vida y las de los demás que figuraban en la lista.

Todo muestra, nuevamente, que se trata de un Crimen de Estado. La misma insensibilidad del Gobierno ante todas las peticiones elevadas en los últimos meses y semanas, evidencia un apoyo tácito al plan de exterminio que avanza imperturbable. Están masacrando a mucha gente de nuestro entorno y que ha pedido protección y ayuda a nuestra Comunidad de Paz. Seguramente quieren desestimular todas nuestras iniciativas de paz y nuestra resistencia. Sin embargo, seguimos convencidos de que el único sendero válido para construir paz es seguir consolidando alternativas de solidaridad y de no violencia. La memoria de tanta gente que sigue derramando su sangre en este caminar, nos afianza más en la afirmación de la Vida y de la Paz.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Mayo 16 de 2011

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