Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Desde el primero al ocho de septiembre de 2011 en el municipio de Santander de Quilichao – Cauca, se presentó una huelga de hambre realizada por la comunidad afro de la zona en exigencia al Estado del predio San Rafael que está ubicado en los límites entre los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao; esta problemática tiene antecedentes históricos que se hoy se reflejan en éste problema por la escases de tierras en los habitables.

El tema de tierras en el Norte del Cauca es una situación en sumo crítica hasta el punto en que ha generado pugnas entre afros e indígenas; en ésta álgida problemática han intervenido otros actores y factores que propician el conflicto interfectico. ¿Cuáles serán los intereses detrás?.

Observemos algunos datos históricos sobre tema de tierras. En el año 2006 se crearon en el departamento del Cauca dos mesas de concertación: una para comunidades indígenas y la otra para las comunidades afro. Bajo éste escenario el gobierno nacional trabajaba con las dos etnias por separado para luego unificar criterios y tratar de organizar las pretensiones de tierra para las dos partes, de esta manera se buscaba no generar conflictos y adjudicar los predios.

Al respecto de lo anterior, Edier Loboa, miembro de la comunidad afro, expresa lo siguiente: “Después, la facultad para comprar la tierra pasó al ministerio interior y cuando existían las  dos mesas la comunidad afro había solicitado la finca San Rafael para ese sector. Pero cuando pasó al ministerio del interior esa facultad, se desconoció todo el trabajo ya realizado entre el gobierno y las comunidades afros e indígenas”.

Luego de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana por la masacre del Nilo cometida en 1991, donde asesinan a comuneros indígenas y el Estado es hallado como directo responsable de los hechos. A modo de reparación a la comunidad, se debieron entregar 15.663 hectáreas ya que carecían de tierras para trabajar, siendo esto con precisión lo que se le exigía al gobierno en el momento de la masacre.

Dado esto el gobierno, al querer dar cumplimiento al pronunciamiento además de pretender mostrar resultados, hace entrega de la finca San Rafael, con 560 hectáreas, a las comunidades indígenas sin tener en cuenta los antecedentes históricos, ya que el predio también lo habían solicitado los afros en las mesas de concertación que se habían creado años anteriores. Estos hechos de petición tampoco fueron informados a las comunidades indígenas al momento de su adjudicación, toda vez que el gobierno conocía dichos trámites que posteriormente reconoce como error.

Por otra parte, en el año 2005 la comunidad indígena realiza el proceso de liberación de la Madre Tierra en las fincas la Emperatriz, el Jampio y Guayabal en Caloto, con la intención de resarcir la falta del gobierno al incumplir con la entrega de las tierras por las cuales debía responder; sumado a esto se hicieron acciones de reivindicación política con la liberación de la Tierra porque la mayor parte del territorio estaba copado y estaba siendo explotado por las multinacionales, ingenios de la caña y la madera:

“Veinte años atrás en el Norte del cauca y Valle habían fincas ganaderas, parcelas de campesinos, medianos propietarios y productores; esa producción desapareció en estos terrenos y la diversidad de cultivos, que eran el sostén de las familias, ha sido reemplazada por caña porque los predios están en manos de los ingenios.”
¿Cómo logran la adquisición de esos predios?. “Con la promesa de generar empleo, mejorar las condiciones de vida para la gente, así es como se han ido comprando sus predios, amenazando y asesinando, es así que podemos evidenciar el mar de caña y pequeñas islas donde habitan las familias en el Valle”. Comenta un miembro de la comunidad Nasa.
También en el año 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe se niega la entrega de tierras, “ni un centímetro de tierra para las comunidades indígenas”, dice él enfáticamente, retrasando así la adjudicación de predios; ésta sólo se viene a reactivar en el 2007 por las acciones de liberación de la Madre Tierra, por el fallo que se había proferido y la presión que se le venía haciendo al Estado. De este modo, desde el Estado se decide comprar tierras para poder mostrar resultados y hacer ver que se estaba cumpliendo con el tema de tierras a los indígenas.

Las comunidades con previa concertación habían propuesto que las fincas a adquirir eran el Japio, Emperatriz y Guayabal, fincas que fueron expropiadas por terratenientes y estaban arrendadas al ingenio para la producción caña. En el año 1991 los propietarios de las fincas de esa época fueron los patrocinadores de los paramilitares en la masacre del Nilo; en ese entonces las fincas no se pudieron comprar porque el ingenio movió toda su fuerza y poder político para cooptar las intenciones de compra.
Desde el gobierno se propuso mirar las fincas a comprar, de este modo la comunidad estableció un criterio para comprar fincas que fueran de 450 hectáreas en adelante ya que no se quería perjudicar al pequeño propietario. Durante ese proceso de búsqueda llegaron muchas ofertas de tierras de particulares hacendados, de las cuales la mayoría que contaban con las 450 hectáreas eran de personas de gran poder económico.

Durante este proceso de búsqueda aparece ofertado el predio de San Rafael, al cual se le hace un estudio jurídico dándose la viabilidad para la compra de tan mencionada finca. “…un error fue que no se preguntó cómo era la relación allá, quienes vivían y quiénes eran los vecinos, y en el afán de comprar ese predio se adquirió y cuando se fue a posesionar resulta que había una organización afro social que reclamaba algunos derechos” Un líder indígena.
El gobierno no dio a conocer la exigencia que hacia la comunidad afro frente al predio, de ahí que indígenas iniciaran varios diálogos con dicha comunidad. Se manifestó al gobierno que la comunidad indígena estaba dispuesta nuevamente a vender la finca para no generar conflictos, y por parte del gobierno también se manifiesta la voluntad de disipar dichos pugnas, sin embargo ésto sólo quedó en promesas y engaños porque del año 2007 al presente van cuatro años en los que ambas comunidades esperan una solución. Se concluye entonces que si se hubiera realizado la compra en ese mismo año nunca hubiera ocurrido dicha disputa entre la comunidad afro y la indígena.

Al día de hoy existe otro problema con la finca San Rafael, ya que cuando el gobierno la compró por un valor económico significativo, ahora que se han hecho mejoras y se ha vuelto a hacer el evalúo para venderla, ya el gobierno manifiesta que el valor real de la finca no es por el cual fue adquirido, lo que conlleva a reclamos económicos sólo en su beneficio. Para colmo de males ésta misma finca ahora está en solicitud por Anglo Gold Ashanti para la explotación  minera.

De ahí que la comunidad afro, después de levantar la huelga de hambre, se reúna con la comunidad indígena por las discrepancias alrededor del tema de la tierra, discrepancias que no responden a intencionalidades de afros contra indígenas o viceversa, sino que han sido causadas desde las instancias mismas del gobierno para generar estratégicamente estas divisiones entre las comunidades que sólo las perjudican a ellas mismas, a la vez que las distraen al exigirle al gobierno sus propios derechos tal cual deben ser suplidos.

Tejido de comunicación ACIN

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