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La Corte Constitucional les exigió un informe a los funcionarios del Gobierno que deben atender a la población desplazada. Hubo diferencias entre la Fiscalía y Acnur. La impunidad es un tema debatible para el Gobierno y los organismos internacionales. Mientras el primero aseguró que el término no aplica para el drama del desplazamiento;

para los segundos este crimen continúa mientras el Estado no emita sentencias que condenen a los victimarios e investigue este delito en conjunto y no como un cúmulo de casos aislados.

Esa fue la principal diferencia entre la exposición Vivianne Morales, fiscal general, y Terry Morel, representante de la agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, durante su intervención este jueves 26 de enero de 2012 ante la Corte Constitucional. El organismo de justicia había solicitado a la Fiscal un informe después de advertir en 2011 que no se estaba cumpliendo con la T-025, una sentencia que hace ocho años ordenó medidas para prevenir el desplazamiento y garantizarles a las víctimas sus derechos.

En su presentación, Morales dijo que “el término impunidad ya podía desaparecer en relación con el desplazamiento” refiriéndose al trabajo que realiza la Fiscalía. Explicó que la Unidad de Justicia y Paz tiene registradas 85.135 víctimas de este delito, y que los ex paramilitares han confesado 7.799 casos en que fueron responsables del despojo de igual número de personas. “Del total, 7.340 ya fueron llevados a audiencia de imputación”, señaló la Fiscal.

La funcionaria dijo que esta misma unidad ha documentado y llevado a juicio ocho masacres emblemáticas, que desplazaron a cientos de personas en el país. Se refirió a las masacres del Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997 en Ituango, Antioquia, que dejó 1.246 personas desplazadas; la de Mampuján, en Bolívar, que el 10 y 11 de marzo de 2000 dejó 1.200 desplazados; la de Macayepo, en Carmen de Bolívar, Bolívar, que el 14 de octubre  de 2000 desplazó a 230 personas; la del Salado, en el mismo corregimiento de Bolívar, donde el 16 de febrero los paramilitares desplazaron a 3.164 personas; la masacre de Chengue, Sucre, que el 17 de enero de 2001 dejó 805 desplazados; la de Mapiripán, Meta, que en entre el 12 y el 21 de julio de 1997 dejó 217 personas desplazadas, y la de Caño Jabón, ocurrida en mayo de 1998, en Meta, con 204 desplazamientos.

La Fiscal se refirió a otras unidades de la institución que, a su juicio, permiten combatir  la impunidad en los casos de desplazamiento. Según el informe, la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ya emitió 53 sentencias y en la actualidad investiga 163 casos; la Unidad de Lucha contra las Bandas Emergencias ha proferido por lo menos mil órdenes de captura, y la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Desplazamiento Forzado “se está fortaleciendo en equipo humano” para investigar los casos de 16 mil desapariciones y 18 mil desplazamientos.

En relación con despojos de tierras, donde hubo transacciones fraudulentas y omisiones de funcionares, la Fiscal aseguró que ocho casos están etapa de indagación contra alcaldes o empleados del antiguo Acción Social. “En el caso de Montes de María, hemos hecho 23 interrogatorios donde estuvieron implicados seis notarios y un ex registrador”, dijo Morales.

En sus intervenciones, Vólmar Pérez, defensor del Pueblo; Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas; Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, y Bruce Mac Master, director del Departamento para la Prosperidad Social, le aseguraron a los magistrados de la Corte Constitucional que concentrarán sus esfuerzos en el cumplimiento de la Ley 1448, o Ley de Víctimas que entró en vigencia en 2012, y  que estas acciones garantizarán los derechos a las víctimas del desplazamiento en el país.

El ‘jalón’ de orejas
Aunque con esperanza y reconociendo las acciones que han realizado las diferentes instituciones del Gobierno, la Comisión Nacional de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Acnur y la Controlaría General hicieron varias recomendaciones a la Fiscalía.

Después de realizar un estudio a 26 sentencias, Camilo Sánchez, de la Comisión de Seguimiento, señaló que las condenas siguen siendo pocas y que a la Fiscalía le falta ser consistente en su esfuerzo por investigar este delito. “Se podría decir que la impunidad es de 100%. De cada 200 casos que llegan por desplazamiento, menos de uno llega a acusación. Las judicializaciones se están basando en confesiones, pero faltan esfuerzos para buscar más pruebas”, dijo Sánchez.

Terry Morel, de Acnur, coincidió en que las sentencias no son todavía significativas cuando a 2010 han sido asesinadas 1.499 víctimas del desplazamiento. Morel dijo que hace casi diez años el Gobierno se preguntaba si en realidad había víctimas, cuando justo al tiempo ocurrían las masacres y los desplazamientos de Mapiripán y Caño Jabón, en el Meta.

“Es importante que el desplazamiento no se trate como un hecho aislado. Su investigación debe ser sistemática”, dijo la representante del organismo internacional, quien en su discurso dejó entrever además un cuestionamiento sobre cómo la Fiscalía actuó de forma reciente en el caso de Las Pavas. “No hay que revictimizar a las víctimas investigándolas”, dijo. Cabe recordar que en diciembre de 2011, en un pronunciamiento mediático y replicando la decisión de una fiscal de Cartagena, la Fiscal General dijo que en Las Pavas, Bolívar, no había víctimas. Luego se retractó y visitó a la comunidad para confirmar su situación de lucha por la tierra.

Antes de finalizar la audiencia, Sandra Morelli, contralora general, hizo otros llamados relacionados con la asignación de rubros para reparar a las víctimas. La Contralora dijo que la indemnización a las víctimas debe salir de los bolsillos y los bienes de los victimarios. “Con la Ley Víctimas, los detractores dijeron que no iba a alcanzar la plata para la reparación. ¿Pero cómo no va a alcanzar si los victimarios no entregaron los bienes?”, dijo Morelli.

La Contralora advirtió además que en pesos, el Estado está invirtiendo lo mismo en un soldado y en un desmovilizado. “Resulta paradójico que un desmovilizado reciba los mismos recursos sin ejercer ninguna función en el sector público”, dijo.

El magistrado Nilson Pinilla coincidió en que los recursos para reparar a las víctimas deben provenir “de quienes se apropiaron de esas tierras” y de la extinción de dominio, e hizo un llamado sobre el concepto de la buena fe que contempla la Ley de Víctimas. “Los terceros de buena fe es un concepto difícil sobre todo cuando compraron la tierra a un precio inferior. La impunidad es la utilidad que le queda al delincuente. Hay que atacar esas utilidades”, dijo.

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