Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

La “cuesta de enero” referida -año tras año- para expresar “el golpe” al ingreso de las gentes, por el aumento en los precios de los bienes de primera necesidad y por las alzas en los servicios públicos, las matrículas y los útiles escolares encontró, como ya es tradicional también, a la mayoría de manizaleños y caldenses, en una difícil situación económica. A la pobreza y miseria que padecen amplios sectores de la población debe agregarse el inmenso detrimento que causó -a los ingresos de industriales y comerciantes- los daños en los sistemas de acueducto y gas acontecidos el año anterior. 

Son incalculables los sobrecostos que, para atender sus necesidades de agua y cocción de los alimentos, tuvieron que asumir las familias manizaleñas y de los municipios vecinos. Y son imposibles de contabilizar también las pérdidas de miles de comerciantes e industriales. Y, sin embargo, los propietarios de los monopolios que manejan los servicios públicos, corrieron presurosos a reajustar las tarifas, en unos casos, para recuperar sus pérdidas o parte de ellas y, en otros, para cobrar el mayor valor del bien que distribuyen o comercializan.

A más de estar a la merced de los monopolios propietarios de las empresas, los usuarios se encuentran sometidos a las decisiones que, de acuerdo con la Ley 142, toman las comisiones de regulación y la superintendencia de los servicios públicos.

Si se estudia lo alegado por las empresas, para justificar las alzas de “la cuesta de enero”, es claro que en el caso de Efigas se esgrime el mayor valor del combustible y del transporte del mismo y se justifica en que la Ley 142 contempla que una modificación en el componente tarifario superior al 3 % mensual puede trasladarse automáticamente a la tarifa.

En el caso de la CHEC, tenemos la energía eléctrica más cara del país y se continúa aplicando la misma política tarifaria sin hacer el menor esfuerzo por corregir la inequidad que se está cometiendo contra los usuarios del “Eje Cafetero” que, podría aliviarse, aplicando la integración de áreas.

Y, en el caso de Aguas de Manizales, la empresa alega que no se pudo aplicar la rebaja del cargo fijo, porque la ley 142 no lo permite pero tampoco se resarce a los usuarios del daño cometido y tan sólo se aduce que el daño fue culpa del invierno cuando lo que señalan las auditorías realizadas es que hubo negligencia por parte de los administradores de Aguas y la alcaldía de Manizales.

Y en el caso de EMAS está continúa sacando, para su beneficio, un elevado porcentaje de los subsidios que, para los servicios de saneamiento básico destina el Estado, de los recursos que se envían a los municipios por el Sistema General de Participaciones SGP. Se amerita se revise a fondo, los componentes tarifarios de la fórmula que aplica EMAS a los usuarios de Manizales y que se revise, con el concurso de expertos, la tasa real de ganancia de esta empresa.

Lo que queda explícito, después de las explicaciones dadas, es que las empresas actúan dentro de la Ley 142 de 1994 y, al final del período contable, seguramente mantendrán las multimillonarias utilidades que año a año producen, recuperarán las inversiones realizadas para recomponer los sistemas que se dañaron y, no perderán un solo centavo porque las empresas no pueden perder, al contrario, están obligadas, a través de las fórmulas tarifarias, a “retribuir adecuadamente a sus propietarios” como lo señala también la Ley 142.

Por eso, después de casi dos décadas de aplicación de la Ley 142 de servicios públicos, se cuentan por decenas de miles los usuarios que revelan la necesidad de derogar la Ley, o de modificarla profundamente. No se concibe que millares de personas se encuentren sin acceso a uno o más servicios por la imposibilidad de pagar los elevados costos de los mismos mientras, se convierte en negocio y se vende como cualquier mercancía, lo que deberían ser derechos fundamentales de los colombianos.

Pero, además de lo señalado, “la cuesta de enero” trae más alzas en el impuesto predial y el cobro del valor de la energía -como parte del impuesto de alumbrado público- lo que encarecerá, aun más, las facturas que, como una especie de “boleteo mensual” reciben los usuarios colombianos.

En Manizales, deberíamos promover un gran movimiento cívico que, a la luz de lo aprendido por las emergencias vividas, propugne por una canasta básica vital gratuita de servicios públicos que incluya una cantidad de metros cúbicos de agua y gas y de kilovatios de energía y que sean de obligatoria entrega a los usuarios. Se hace necesario que, para proteger a los ciudadanos, se establezca unos mínimos vitales gratuitos como ya se empezó a aplicar para los usuarios del servicio de agua y alcantarillado en Bogotá.