Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

 

Compartimos y conmemoramos el 9 de abril como una fecha de vital importancia para el país, pues fue a partir de ésta cuando se desató, de manera considerable, el conflicto político, social y armado, que hoy, después de décadas, continúa bajo la modalidad de la persecución, amenazas y hostigamientos en contra de líderes reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos (los últimos sucedidos en contra de Manuel Ruíz y su hijo Samir Ruíz, integrantes de las comunidades del Curbaradó chocoano).

 

Dichos crímenes se repiten y muchos permanecen en la completa impunidad, haciendo evidente que en Colombia estamos lejos de un momento  transicional o de posconflicto. Más de 60 líderes de tierras asesinados (por lo menos 26 de estas víctimas asesinadas  entre el  2010 y 2011); la reingeniería del paramilitarismo en más de 400 municipios del país; más de 1.400 desplazados asesinados desde el 2007; un modelo de desarrollo basado en el despojo y desplazamiento; así como una restitución subsidiaria de tierras, lo atestiguan.

 

No en balde el MOVICE ha venido cuestionando -tal y como lo puso en evidencia el pasado 6 de marzo- la actual ley de víctimas y restitución de tierras, ley que va en detrimento de los derechos de las víctimas pensados desde el punto de vista de la integralidad.

 

Prestamos énfasis en la arremetida paramilitar, expresada en el fenómeno de la “paraeconomía”, vista desde la relación entre empresarios, ganaderos y comerciantes, con las estructuras paramilitares, las cuales fueron financiadas por estos, relación que quiere ocultarse hoy con el eufemismo de la “mano negra”.

 

Para las víctimas agrupadas en el MOVICE, es trascendental hacer hincapié en que la solidaridad con las víctimas debe traducirse en hechos políticos concretos que superen estas situaciones, so pena de que los discursos oficiales en torno a las víctimas se queden en pura demagogia.

 

Reiteramos las solicitudes que le hicimos llegar al presidente Juan Manuel Santos, por medio de una carta, el pasado 6 de marzo, día mundial de las víctimas de crímenes de Estado:

 

1. Que se haga un pronunciamiento público en el que se respalden las justas peticiones de las víctimas y se ofrezcan garantías y protección integral, el re-torno en condiciones de dignidad, partiendo del desmantelamiento real y definitivo de las estructuras paramilitares, la identificación a los perpetradores y beneficiarios de los crímenes y  la investigación y sanción a los responsables.

 

2. Que se muestren resultados en la investigación y sanción a los responsables de los asesinatos de víctimas reclamantes de tierras, desplazados, así como por  las amenazas proferidas por estructuras paramilitares. Y se den plenas garantías a las víctimas con respuestas eficaces, políticas y materiales frente a la persecución y amenazas de las que son objeto.

 

4. Que se deroguen las normas y legislaciones que atentan contra los derechos de los reclamantes de tierras y se desarrolle una política pública orientada a la democratización de la tenencia de la tierra, a través de una reforma agraria, frenando el despojo, garantizando la reparación real e integral a las víctimas,  y estableciendo procedimientos y recursos expeditos de justicia, que tengan como eje articulador la garantía del derecho a la verdad sobre lo ocurrido.

 

5. Que se cumpla el mandato del artículo 150 de la ley 1448 de 2011, consistente en el desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los grupos armados al margen de la ley, con el fin de asegurar la realización de las garantías de no repetición.

 

Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad, somos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

 

Bogotá D.C., 9 de abril de 2012