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El senador respalda los reclamos de la Contraloría y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento. Santos disminuyó la indemnización administrativa fijada por el gobierno anterior. La pasó de un máximo de 27 a 17 salarios mínimos mensuales. Predomina la sostenibilidad fiscal sobre las necesidades de las víctimas: Sandra Morelli.

El Día de la Víctimas es propicio para recordar el horror de violencia sufrido por los colombianos, siempre en la idea de que el país alcance la paz. Pero también debe servir “para denunciar la ya conocida mediocridad de la política de restitución de tierras” del gobierno de Juan Manuel Santos y para empezar a explicar que “la de indemnización administrativa a las víctimas es igual de mediocre o peor”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo, con el propósito de que se atiendan bien las necesidades de las víctimas.

En cuanto a restitución de tierras, se sabe que el plan del gobierno es restituir 11.200 predios hasta diciembre de 2013, cifra lejanísima de las 160 mil restituciones a familias víctimas de la violencia que prometió hacer a agosto de 2014.

Sobre las indemnizaciones administrativas a las víctimas, el senador del Polo las calificó como “una burla”, apoyado en las fuertes objeciones planteadas por la Contraloría General de la República y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en ponencia presentadas a la Corte Constitucional (ver anexo).

Según estas entidades, en diciembre de 2011 (Decreto 4200), el gobierno del presidente Santos redujo la indemnización por vía administrativa a la que tienen derecho los desplazados a máximo 17 salarios mínimos mensuales, mientras que en 2008 se había fijado en 27 salarios mínimos (Decreto 1290/08). Y la Comisión calcula que ni siquiera los 17 salarios mínimos se pagarán, con lo que el monto total de la indemnización apenas llegará 10.5 billones de pesos, un monto muy escaso frente a los cálculos hechos por Corte Interamericana de Justicia y el Consejo de Estado (ver anexo).

Para empeorar las cosas, es evidente que el gobierno está manipulando las cifras. Porque en el Conpes 3217 de 2011 se calcula que la indemnización total llegará a solo 6.39 billones de pesos.

Con toda razón, la Comisión de Seguimiento considera que “el Gobierno nacional optó por una indemnización administrativa ´pauperizadora´” y la Contralora, Sandra Morelli, señaló que “ha imperado solamente el criterio de la sostenibilidad fiscal”, falla que el Polo advirtió desde el principio sobre la ley.

Para leer el documento "Resumen de los informes a la Corte Constitucional de la Contraloría y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado 6 de abril de 2012", utilice el siguiente vínculo:

http://www.moir.org.co/La-politica-de-indemnizacion-a-las.html