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La iniciativa que promueve la construcción de una carretera o vía férrea, entre Iñapari en la provincia fronteriza de Tahamanu (Madre de Dios) y Puerto Esperanza en Purús (Ucayali), fue cuestionada por casi una decena de organizaciones civiles que pidieron el archivamiento de la misma.

Expertos en temas ambientales sostienen que, de construirse la vía, ésta afectará el ecosistema de áreas como la Reserva Territorial para pueblos indígenas en aislamiento voluntario de Madre de Dios, el Parque Nacional Alto Purús (PNAP) y las tierras de las comunidades nativas existentes en la zona.

Lo que dice el Proyecto de Ley 1035/2011-CR

El proyecto que declara de “necesidad pública y de prioritario interés nacional” la construcción de la carretera o vía férrea, expone como principal argumento que la iniciativa nació a fin de solucionar el aislamiento de la provincia de Purús y promover la integración de su población con el resto del país.

Sin embargo, quienes se oponen al proyecto, como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), señalan que éste busca impulsar la construcción de una vía sin tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas de la provincia de Purús y vulnerando el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades.

Esta misma organización considera que la iniciativa de conectar ambas provincias no va mejorar la calidad de vida de las poblaciones de la zona por lo que pidieron al Congreso no dejarse sorprender por el grupo parlamentario que impulsa el proyecto ya que, según ORAU, estos se están dejando llevar por intereses ajenos a los pueblos.

Lo que señalan los especialistas

Para Juan Luis Dammert, sociólogo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Congreso se equivoca con el proyecto de ley ya que “los legisladores parecen no saber que la principal causa de deforestación en la Amazonía peruana son las carreteras”.

César Ipenza, abogado de SPDA, señaló por su parte que la construcción de la vía atentará contra los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento, generando actividades como tala indiscriminada, narcotráfico y migraciones descontroladas.

Entre los que se oponen al proyecto también se encuentra en jefe del Parque Nacional Alto Purús, Arsenio Calle, quien señalo en pasadas oportunidades señaló que en Purús no se justifica una carretera porque “no existe ninguna actividad productiva”.

Respecto al proyecto, que tiene sus orígenes en una iniciativa legislativa del 2006, representantes de las poblaciones indígenas del PNAP expresaron hace algunas semanas ante medios locales su rechazo a la construcción de la carretera o vía férrea que Iñapari – Puerto Esperanza porque pondría en peligro los recursos que han cuidado ellos y sus antepasados.

Reconocieron, sin embargo, que el tema está creando divisiones entre los mismos pobladores.

La carretera no paliaría la ausencia del Estado

En la carta dirigida al presidente del Congreso, Daniel Abugattas Majluf, una serie de organizaciones señalaron que es necesario que el Estado peruano oriente adecuadamente las inversiones de infraestructura teniendo presente la justificación desde el punto de vista social.

En este sentido el documento presentado sostiene que “no se tiene motivos claros que sustentes que la carretera propuesta ayudará a solucionar los problemas sociales en la zona (…). La presencia de una carretera no va paliar la ausencia del Estado y menos si no existe una real necesidad de una inversión económica de este tipo”.

Entre las organizaciones que suscriben el documento se encuentra la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Apeco), el Fórum Solidaridad Perú, la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (ProNaturaleza), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), entre otros.

Servindi