Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Lucinda tiene 27 años, dos hijas y como ella misma lo autodefine, “una gran conciencia ambiental” que la ha impulsado a estar presente en cuanta marcha contra el proyecto minero Conga se ha organizado en su ciudad, Cajamarca, a 861 kilómetros al nororiente de Lima.

Allí, la compañía Yanacocha explota la mina de oro más grande de América del Sur y tiene previsto invertir en un segundo proyecto aurífero, la mina Conga, por un valor de 4.800 millones de dólares estadounidenses, pero para ello propone desecar cuatro lagunas de agua dulce, dos de las cuales convertiría en depósito de relaves y las otras dos serían reemplazadas artificialmente.

El proyecto, aprobado durante la anterior administración de Alan García, ha estado en el “ojo de la tormenta” desde hace varios meses, con una férrea y a veces violenta oposición de los habitantes de la zona involucrada, que obligó al gobierno del presidente Ollanta Humala a recurrir a un peritaje internacional, a partir del cual ha planteado nuevas condiciones ambientales y sociales a la empresa si quiere explotar el yacimiento.

“No nos oponemos a la minería, pero bajo condiciones que no nos afecten y, sobre todo, que no afecten el futuro de las próximas generaciones, o sea, una minería sostenible y socialmente responsable”, dice convencida y, al escucharla, se podría pensar que estamos frente a una dirigente política.

“No, ama de casa nomás, pero preocupada por el futuro de mis hijas”, responde. “Pero una se informa, lee y se da cuenta que no todo puede ser con fines económicos, hay que cuidar los recursos”, añade esta mujer que cursó dos años de estudios generales en la universidad. Luego se enamoró, se casó y se dedicó a su hogar.

Cuando el ambiente no importa

A cientos de kilómetros de Cajamarca, en los Andes centrales, en La Oroya, una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo por relaves mineros, Ana, de 29 años, graduada en ciencias contables, también protesta en las calles. Pero al revés de Lucinda, ella exige que la minera Doe Run siga sus operaciones, sin importar el costo social y ambiental que ello implique.

“No podemos darnos el lujo de pensar en el futuro -dice con la misma convicción que su congénere de Cajamarca- tenemos que alimentar a nuestros hijos y para eso es necesario que la minera siga operando”.

Pero su convicción trepida cuando se le pregunta si sabe que las operaciones de la minera son responsables de que más del 90 por ciento de que los niños de La Oroya presenten altos niveles de plomo en la sangre, de acuerdo con estudios internacionales.

“No se le puede achacar toda la culpa a Doe Run, la contaminación por los humos del complejo minero-metalúrgico tiene décadas y Doe Run recién se hizo cargo en 1997″, arguye. “¿Cómo hablar del futuro si no tenemos qué comer hoy?”, justifica.

Pero su aseveración no es del todo cierta. Es verdad que la vida en La Oroya depende del funcionamiento del complejo metalúrgico, pero años de explotación a tajo abierto solo han traído problemas de salud y no prosperidad económica a sus 40.000 habitantes.

Además, la empresa sigue abonando a sus 3.500 trabajadores el 70 por ciento de su sueldo pese a estar inoperativa desde hace tres años, con lo cual se asegura su apoyo haciendo que dejen de lado el costo social, que es dolorosamente alto.

Un estudio de la universidad Saint Louis de Missouri, Estados Unidos, realizado en 2006, reveló que el 97 por ciento de los niños entre los seis meses y seis años tenía plomo en la sangre. De ellos, un 72 por ciento tenía entre 20 y 44 microgramos de plomo por decilitro de sangre, y un nueve por ciento, entre 45 y 69 microgramos. El nivel máximo aceptable internacionalmente es 10 microgramos por decilitro de sangre (10 µg /dl).

Además, arrojó antimonio en la sangre de los pobladores 30 veces más alto que en los de la población minera de Estados Unidos (Doe Run pertenece al grupo Renco de St. Louis, Missouri), y niveles de cadmio seis veces mayor. También registró rasgos de otras sustancias tóxicas, como arsénico, en cantidades menores.

Incluso encontró alta contaminación de sustancias tóxicas en ciudades alejadas de La Oroya, como La Concepción, a 100 kilómetros.

Otro estudio, realizado por el Gobierno Regional de Junín en convenio con el Ministerio de Salud y Doe Run en 2008 (cuando el complejo aún funcionaba), encontró que solo el seis por ciento de pobladores tenía niveles de plomo en sangre por debajo del máximo aceptable. Tres años después, en noviembre de 2011, con el complejo paralizado más de dos años, la tasa de pobladores con niveles menores a 10 µg/dl había aumentado a 53 por ciento.

Según las autoridades del ministerio de Energía y Minas, si se autorizara a operar nuevamente el complejo, los niveles de contaminación volverían a subir.

¿Defender el trabajo a costa de la salud?

Actualmente Doe Run enfrenta un proceso de liquidación y plantea condiciones inaceptables para el estado peruano en términos ambientales y de financiamiento, mientras que sus trabajadores tomen carreteras, marchan sobre Lima y ejercen una defensa cerrada de su derecho al trabajo por encima de consideraciones de otra índole. Amenazan con paralizar la región si no se reabre el complejo.

“Estamos en un país donde los trabajadores se ven obligados a trabajar sabiendo que son afectados en su salud”, señaló a la Plataforma Oroya por el Cambio, monseñor Pedro Barreto, Obispo de Junín y Coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de esa región, tenaz opositor a que Doe Run siga contaminando.

“Se ha mitificado que ‘La Oroya se ha convertido en una ciudad fantasma’ tras el cierre de la fundición. Es cierto que ha bajado el movimiento económico de manera considerable, pero La Oroya sigue viviendo y merece un ambiente sano como el que se respira ahora. Además, ninguna población debe depender exclusivamente de una industria minera porque esta actividad tiene un techo”, precisó.

“No nos negamos a que haya industrias extractivas pero con responsabilidad. Sin embargo, cuando el Estado está en connivencia con los intereses económicos y cuando la población se suma a este tipo de aberración contra la vida y la salud tenemos este resultado”, afirmó. Por su firme posición ha recibido incluso amenazas contra su integridad física, lo que demuestra la polarización que se vive en esta parte del Perú.

Población entre dos frentes

Cajamarca también está polarizada. Yanacocha es la primera productora de oro de América del Sur, pero el 60 por ciento de la población donde opera no tiene luz eléctrica y un tercio no cuenta con agua potable. La población culpa a la minera por haber secado varios afluentes hídricos del río Grande, que abastece de agua a la ciudad.

Pero el gerente de Responsabilidad Ambiental y Social de Yanacocha, Luis Campos, no está de acuerdo. En su opinión, el Servicio de Agua de Cajamarca es responsable por no tener capacidad para captar todo el caudal del río. “Además, hay que tener en cuenta que la población ha crecido en los últimos años”, dijo a esta corresponsal.

Efectivamente, la planta de tratamiento de agua de la ciudad data de hace 30 años, cuando la población no llegaba a 90.000 habitantes. Hoy, en parte por el boom minero, son más de 250.000.

Es cierto que las autoridades no previeron el crecimiento poblacional, pero también es cierto que la explotación minera requiere disponer de recursos hídricos y energéticos para desarrollarse. Y el nuevo proyecto Conga requerirá mucho de este elemento vital.

Por ello, el presidente Humala, tratando de poner paños fríos a las protestas sociales, dio un mensaje a la nación el 20 de abril en el que planteó que para explotar Conga, la minera deberá cumplir las exigencias ambientales, ampliar la capacidad de almacenamiento del agua hasta cuadruplicar la capacidad del proyecto, beneficiar a las 13 provincias de la región de Cajamarca, generar por lo menos 10.000 puestos de trabajo y constituir un fondo social cuyos recursos serán usados de manera transparente para el desarrollo de infraestructura social, productiva y de riego.

La población, sin embargo, sigue dividida. Un grupo se ha declarado en “resistencia pacífica” hasta que el Congreso declare inviable el proyecto, y amenazan con una huelga por tiempo indefinido; otros creen que si se satisfacen los requerimientos planteados, Conga beneficiará a la población. Mientras, la presión mediática recuerda que se requiere inversión para salir del subdesarrollo.

Y no son pocos los especialistas que temen que el precio a pagar por atraer capitales a la minería sea demasiado alto, especialmente en términos de contaminación ambiental y depredación de recursos naturales. Y que la población, atrapada en medio, sea presa fácil de los intereses en juego.

Miguel Saravia, director ejecutivo del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, una de las ONG internacionales que más ha estudiado el problema, cree que en ambos casos (Cajamarca y La Oroya ) el asunto tiene que ver con la forma cómo se aprovechan localmente los recursos generados por la minería y si revierten a la población local de una manera significativa.

“Cajamarca era hasta hace unas décadas una región ganadera y agrícola con serios problemas de articulación urbana y rural, con territorios poco integrados entre sí y pobre acceso a servicios básicos. La minería apareció como una oportunidad para transformar la región. Sin embargo ni las empresas mineras en Cajamarca, ni las autoridades locales y regionales han sabido aprovechar la oportunidad. En vez de avanzar en los índices de desarrollo, retrocedió”, explica a SEMlac.

Y añade que ya no hay confianza en que las empresas mineras cumplan lo que dicen. “Creo que esa desconfianza se enmascara en una preocupación ambiental.

Mientras que hay pobladores que sinceramente tienen una preocupación por la afectación que el proyecto Conga pueda hacer en sus fuentes de agua, hay otros actores que están aprovechando la alta desconfianza hacia las mineras para acumular capital político”, reflexiona.

“El caso de la Oroya -prosigue- nos muestra un territorio que existe básicamente por la actividad minera y por eso sus habitantes van a pelear contra cualquier acción que amenace la existencia de la mina”.

“La empresa Doe-Run ha sabido utilizar la situación para poner a los trabajadores y ciudadanos de La Oroya a su favor, planteando que las exigencias ambientales hacen inviable la mina. Entonces, cualquiera que pretenda que la empresa cumpla con el programa de adecuación ambiental en un tiempo razonable, no sólo está enfrentando a la empresa, sino a toda la población de la Oroya”, añade.

“Lo que esta situación nos deja en claro es que países como el Perú deben avanzar hacia el ordenamiento territorial, establecer con mayor claridad zonas de exclusión de minería y revisar los mecanismos existentes para dar las concesiones y autorizaciones, asegurando la adecuada participación de las instancias regionales y locales. Y se debe trabajar con los gobiernos regionales para fortalecer su capacidad de gestión e inversión de los recursos generados por la minería”, concluye.

Gian Carlo Delgado, investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a esta corresponsalía que los beneficios de la minería son menores a lo que se suele creer comúnmente, “mientras que los costos ambientales y sociales pueden ir de moderados a graves, dependiendo de la gestión de las minas, no solo durante el proceso de explotación, sino después del cierre”.

Autor de “Ecología política de la minería en América Latina”, añadió que “el mayor problema con la gran minería es el ritmo y escalas de explotación, en tanto que su impacto en el entorno natural y social puede y suele ser mayor, y no todo es positivo”.

Citó como afectaciones la pérdida o erosión de la biodiversidad, contaminación de suelos y aguas, desplazamiento de poblaciones, aumento del alcoholismo y afectaciones socioculturales de diversa índole en poblaciones aledañas, conflictos por la propiedad de la tierra, acceso al recurso agua, y pagos por derechos para explotación minera.

Prácticamente todos estos temas están presentes en el conflicto que hoy envuelve a dos ciudades peruanas, pero también en otras partes de América Latina, poniendo a la población entre dos frentes: minería o ambiente.

¿Cuál ganará? Recuadro

Minería: tema conflictivo en América Latina

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, a diciembre de 2011 había 155 conflictos relacionados con explotación de recursos mineros. Solo en Argentina había 24 y en Chile 25. Y según la Defensoría del Pueblo de Perú, 126 de los 223 conflictos sociales activos en el país a fines de 2011 eran de naturaleza socioambiental, vinculados muchos de ellos a la minería.

La inversión minera en América Latina ha crecido en forma espectacular en menos de una década, coinciden diversos estudios internacionales. En 2003 representaba menos del 10 por ciento del total mundial. A fines de 2011 concentraba más de un tercio de la inversión global (32%) mientras Oceanía, la segunda región más atractiva, ostenta el 20 por ciento y África, 16 por ciento.

Las proyecciones prevén una inversión en la región del orden de 236 mil millones de dólares para la próxima década, tomando en cuenta los proyectos previstos -sin contar exploración ni refinación- siendo Chile y Perú los países con más inversión prevista (75 y 56 millones de dólares, respectivamente).

(Fuente: Cesco, en base a Secretaría de Minería de la Nación Argentina y Arminera, Ibram, SEIA, Asomineros, Cámara de Minería del Ecuador, MEM Perú, APOYO Consultoría y fuentes de prensa. Publicado en octubre, perspectivas 2012).

En América Latina, la explotación minera generalmente está asociada a impactos negativos. Y hay mediciones que nunca se han hecho; por ejemplo, hasta hoy no se ha evaluado completamente el impacto económico sobre la salud humana, nos dice el médico Hugo Valle, integrante del Colectivo Salud por La Oroya.

Servindi