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El conflicto armado interno y los diversos ataques contra la población civil, muchas veces asociados a complejos intereses económicos y políticos, continuaron generando, durante 2011, un desplazamiento de enormes proporciones que afectó a cientos de miles de víctimas, y en forma desproporcionada a poblaciones vulnerables como niñas, niños, mujeres y grupos étnicos.

 El desplazamiento que como ya ha sido ampliamente señalado, implica la vulneración de múltiples derechos, se genero masivamente durante 2011, alcanzando la cifra de 259.146 personas. Este volumen de desplazamiento forzado revela una profunda crisis humanitaria pero desafortunadamente se ha invisibilizado por el hecho de que la opinión pública ha concentrado su atención en el proceso de adopción de la ley de víctimas, las operaciones militares de gran formato, las afectaciones por la ola invernal y los indicadores de crecimiento económico.

 

Las acciones de grupos paramilitares contra la población civil, los combates entre las guerrillas y las fuerzas del Estado, el despliegue de grandes operaciones militares en determinados territorios contra líderes significativos de la guerrilla, así como la disputa por el control de territorios estratégicos en la economía legal o la ilegalizada, incrementaron la crisis humanitaria y el desplazamiento especialmente en el occidente del país.

 

El año 2011 representa un punto de inflexión en materia de reconocimiento de los derechos de las víctimas. La adopción de la Ley de víctimas y de las leyes de víctimas indígenas, afro descendientes y Rom, es un logro de las víctimas y más ampliamente del movimiento de derechos humanos. Pero también es un resultado en el cual juega un papel decisivo la voluntad política del Presidente Santos y el apoyo de la comunidad internacional.

 

Hoy los derechos de las víctimas forman parte de la agenda pública y se discute sobre el alcance, las limitaciones y las potencialidades de la Ley. De hecho, en los temas de mayor controversia se han producido demandas temáticas de inexequibilidad de la Ley pero, hasta el momento no se conoce ninguna acción que pretenda desconocer integralmente la nueva normatividad.

 

Ha quedado atrás la pretensión del anterior gobierno de negar estructuralmente la crisis humanitaria y las categorías del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. De parte de dicho gobierno, este debate se caracterizó por una fuerte ideología de negación del conflicto, el uso de eufemismos para calificar a los actores armados ilegales, la pretensión de negar toda responsabilidad de agentes de Estado en violaciones de derechos, la banalización del desplazamiento forzado como fenómeno genérico de migración, la pretensión de legalizar antes que responder por el despojo de tierras, el abuso del poder de las agencias de inteligencia contra la justicia y los defensores de derechos humanos, el reconocimiento selectivo de las víctimas, entre muchas otras posturas.

 

CODHES Informa Boletín No 79