Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Tras la "masacre política” de diciembre del 2011, Ollanta Humala ha decidido convencer al mundo de que no solo es un militar sin palabra, sino un político con ideología neoconservadora. Este convencimiento se lo hizo primero a los venezolanos que lo apoyaron en la campaña del 2006 y luego a los brasileños que lo apoyaron en el 2011, y ahora lo viene llevando a la calle.

No ha bastado “limpiar” a su gobierno de funcionarios progresistas, ahora es fundamental declarar la lucha de clases a la antigua, a balazo limpio. En distintas partes del Perú, y con el aplauso de la pintoresca y bravucona derecha nacional, Ollanta Humala y su gobierno se enfrentan y desafían al pueblo que ha votado por él. ¿Para qué?

Humala pretendió ser el caudillo progresista esperado en dos décadas. Participante del Foro de Sao Paulo, los partidos políticos de la izquierda latinoamericana lo acogieron y apoyaron en sus campañas diversas desde el 2005. La derecha lo acusó por todo esto de ser primero el candidato de Chávez y la señora Heredia fue perseguida por una parte de la prensa peruana a partir de las elecciones del 2006 por sus vínculos con Venezuela. Por esto tuvo de portavoces de campaña a Mocha García Naranjo y a Nicolás Lynch que venían de las izquierdas.

Luego de su salto a la esfera de influencia de Brasil para la campaña del 2011, creando una mejor imagen de amigo de Lula da Silva y con posiciones más moderadas, la misma prensa lo persiguió por tener un asesor que representaba los intereses empresariales brasileños. El día del triunfo electoral, en junio del 2011, los titulares limeños no lo dieron por ganador sino por empate y anunciaron la necesidad de una concertación política. La derecha decía que éste no podría gobernar sin ella. De allí salió la baraja conservadora dentro del gabinete nombrado el 28 de julio del 2011. Sin embargo ni entonces ni después hubo concertación. La que hizo la derecha fue un asalto al poder. Lo que hay es una vuelta de la tortilla. Una revolución en su sentido cabal. Ganaron los que perdieron y perdieron los que ganaron como ya se dijo hasta la saciedad.

Una cosa es la prensa limeña conservadora y otra la realidad política en el campo. Cuando en Espinar el 76% de la población que ha votado por el candidato ve como ya de presidente los agarra a balazos, la cosa está complicada. Peor si encima mete a la cárcel a la gente de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani por terrorismo que fue a ver qué pasa. Y aún peor, cuando además presiona al presidente de la Corte Suprema a hacer cosas reñidas con la independencia de poderes y lo consigue, permitiendo así el secuestro de autoridades electas para su juicio en otras jurisdicciones. Lo que hay en el Perú, a un año de electo el nuevo gobierno, es un régimen mafioso y matonesco no muy distinto al de Fujimori.

Queda la interrogante de si Ollanta Humala piensa algo. Cualquier cosa. Y si tiene alguna línea. Cualquier línea. Reflejos políticos claramente no tiene. Descartado el verbo “pensar”, ¿Creerá que va a terminar su gobierno? ¿Cómo lo va a hacer? Que Washington piense que esto se arregla a balazos en el nombre del control del terrorismo es un tema relacionado al negocio de la venta de armas. Lo que a los peruanos nos concierne es nuestro país y adónde va. Cada vez hay menos ciudadanos dispuestos a que los atropellen en todo el país. Ese es el único complot. Hay más ciudadanía. Y los jóvenes de ahora son más ciudadanos que lo que han sido en mucho tiempo al margen de la geografía. Medio Oriente nos muestra que la calle pesa en el mundo y el Perú no es una excepción, aunque esa calle sea de tierra en un pueblo con un río contaminado al lado.

Venimos de una dinámica de desintegración nacional que comenzó en la década del 80, cortesía de Sendero y García, a través de las masacres, la hiperinflación y el colapso económico de los años 80. Se intentó recuperar el sentido nacional mediante la estabilización económica de los años 90, las investigaciones sobre corrupción de Fujimori y sus secuaces, y la formación de Comisión de la Verdad en la primera parte del siglo XXI. Tras la elección de Humala en simultáneo tenemos como siempre a la cruz y la espada actuando juntas. El Primer Ministro nombrado en diciembre resulta una expresión del fujimorismo castigado en junio del 2011 por el voto presidencial. Este ha tomado partido en un tema muerto y acabado, como es la sentencia de la Corte Interamericana sobre la Embajada del Japón (1997). Al mismo tiempo, el cardenal echó al padre Gastón Garatea S.S.C.C., ex Comisionado de la Verdad, de la práctica religiosa en Lima. El tema de los militares en los años aciagos ha revivido de la mano de cruz y la espada. Días más tarde se violentaron las protestas sociales anti mineras mientras la policía secuestraba a los alcaldes para enjuiciarlos fuera de su jurisdicción legal. En el Perú, los derechos humanos de los alcaldes son una cojudez total, parafraseando.

El tono de la renuncia de la congresista Verónica Mendoza del Partido Nacionalista la mañana del lunes 4 de junio debería de alertar a Humala y todo su combo, civil, religioso y militar, que pueda que no acabe su periodo. Dice: “La represión como un resorte automático frente a las demandas populares genera más resistencia de la gente, cayendo en un círculo vicioso. No obstante, condenamos tajantemente todo tipo de violencia venga de donde venga. Es necesario que las organizaciones sociales, la sociedad civil y todos los sectores que expresan su malestar por la imposición de las industrias extractivas se manifiesten de forma democrática, organizada y pacífica. Ni un muerto más, ni civiles ni personal policial. ¡Ni un muerto más! Hago un llamado a defender la vida con la vida, no con la muerte.”

Y la Coordinadora de Derechos Humanos el mismo lunes 4 de junio ha pedido la renuncia del Premier Valdés. Si los jóvenes tomaran conciencia de su poder, esto podría devenir en marchas de renuncia del Presidente de parte de organizaciones crecientes de la población afectada no solo por la minería sino por el engaño electoral del 2011. Mientras tanto faltan cuatro años de gobierno.

ALAI