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Una fiscal de Justicia y Paz solicitó la restitución de 12 predios que figuran a nombre de Inmobiliaria ASA. Un grupo de campesinos del Urabá aseguran que les fueron usurpadas. La Justicia tendrá la última palabra.

A Carlos Páez y Alfranio Solano los unen varias circunstancias en sus vidas: fueron desplazados del corregimiento Belén de Bajirá de Mutatá, municipio del Urabá antioqueño, por paramilitares que llegaron a la región en los años noventa a “expulsar guerrilleros”; ambos alegan haber sido despojados de sus tierras por empresarios que sacaron provecho del éxodo forzado; y los dos se han convertido en voceros de las víctimas de este flagelo. Por ello, han recibido sendas y fuertes amenazas.

Sin embargo, no se sienten intimidados y tanto Páez como Solano estuvieron presentes en la audiencia que tuvo lugar este 5 de junio en el Palacio de Justicia de Medellín, donde la Fiscalía 25 de la Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución le solicitó a un magistrado con funciones de control de garantías de Justicia y Paz que restituyera 12 predios ubicados en la vereda Guacamayas, del corregimiento Belén de Bajirá, entre ellos, las fincas de estos dos líderes.

Según lo expuesto por el Ente Investigador, luego que las familias debieron abandonar la región por cuenta de la violencia paramilitar, fueron forzadas a vender sus tierras a bajos precios a comisionistas que luego conformaron un proyecto ganadero de gran envergadura, cuyo propietario actual es Inversiones e Inmobiliaria ASA Ltda, empresa que asegura que compró de buena fe y de acuerdo con los campesinos.

Los relatos de los líderes campesinos serán fundamentales a lo largo del proceso, que continuará el próximo 13 de agosto. Verdadabierta.com reconstruyó esta historia para entender qué es lo que hay detrás de este caso de restitución de tierras.

Corredor estratégico: el inicio
Según lo ha documentado la Fiscalía, para los hermanos Castaño, Belén de Bajirá era un objetivo de alto valor pues se trataba de un corredor natural utilizado por la guerrilla y a través del cual conectaba fácilmente con los corregimientos Blanquizet, Macondo y Nuevo Oriente de Turbo; y Barranquillita, de Chigorodó.

Para apoderarse de este corredor, los paramilitares prepararon una feroz arremetida que inició en abril de 1996. Para esa fecha, un comando de 45 hombres, liderados por Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’ y adiestrados en la finca La 35, reconocida escuela paramilitar ubicada en San Pedro de Urabá, llegaron a los cascos urbanos de esos corregimientos y una vez bajo su dominio lanzaron desde allí la ofensiva hasta las zonas rurales más apartadas.

Hasbún designó a Darson López Simanca, un ex militante de los Comandos Populares, conocido por aquel entonces con el alias de ‘Lázaro’ o ‘Monopecoso’, para que comandara los operativos. Su ingreso a la vereda Guacamayas ocurrió a finales de ese mismo año.

Carlos Páez recuerda que ‘Monopecoso’ llegó con una lista en la que figuraban lo que los paramilitares llamaban: “colaboradores de la guerrilla”. Su hermano y su padre estaban en ella. Para proteger sus vidas, ambos decidieron resguardarse en Turbo y encomendaron a Carlos el cuidado de La Candelaria, una finca de 168 hectáreas que el Incora (hoy Incoder) le había adjudicado a su padre en 1985 y que tenían dedicada a la ganadería.

“Yo sí me quedé en la finca. Yo pensaba: ‘como nada debo, ¿por qué tengo que esconderme?, me quedo en la Finca’. En ese momento teníamos como 800 cabezas de ganado y alguien tenía que quedar a cargo”, cuenta Carlos.

Fue en abril de 1997 cuando recibió la primera de una serie de visitas de Juan Fernando Mejía, reconocido comisionista de tierras de la región.

Según recuerda el campesino el comisionista tenía un solo motivo: “el hombre quería que le vendiéramos la finca”. Hablando en nombre de su padre y su familia, Carlos rechazó varias veces el ofrecimiento de compra. Hasta un sábado de mayo. Ese día, el comisionista llegó acompañado de varios hombres que Carlos identificó como paramilitares.

“Yo no vengo a preguntarte si querés vender. Vengo a decirte que busqués a tu papá para que cerremos el negocio de una vez”, fue la orden que Carlos escuchó ese día. Y debió cumplirla. Al día siguiente, en la misma Candelaria y con la presencia del notario de Chigorodó de esa época y el mismo grupo de hombres, se cerró el trato entre el comisionista y el padre de Carlos. “Ese día nos dieron 20 millones de pesos, en efectivo. Nos dijeron que a los dos meses nos daban otros 16 millones pero, ¡que va! De las reses logramos salvar una parte, la otra se perdió”, anota el líder de los reclamantes.

Su historia no difiere mucho de la de Alfranio Solano. Sus padres llegaron a las Guacamayas en los años en que centenares de campesinos colonizaron miles de tierras baldías en el Urabá antioqueño. Tras varios lustros de habitar en ellas, el Incora (hoy Incoder) les adjudicó en 1985 una finca de 34 hectáreas.

Pero en 1996 la violencia protagonizada por los paramilitares llegó a niveles insostenibles. Según testimonios recopilados por la Fiscalía de Justicia y Paz, para ese año se cometieron en Las Guacamayas unos 26 homicidios, se registraron cinco desapariciones forzadas y se presentaron 43 hechos de desplazamientos forzados masivos, todos atribuidos al grupo de 40 hombres liderado por alias ‘Pedro Bonito’, quien comandó el Frente Arlex Hurtado de las Auc.

“A mí me mataron dos cuñados. Uno de ellos era pastor evangélico, le cortaron la cabeza. Luego mataron otra hermana mía. Esas son cosas que dan mucho miedo y por eso tomamos la decisión de irnos para Turbo. Menos mi papá, que tenía 80 años y nos dijo que se quedaba cuidando la finca”, relata Alfranio.

Un año después, a mediados de 1997, el padre de Alfranio recibió la visita de Jairo Lopera, un zootecnista de la región que para esos años también estaba dedicado a la compra de tierras.

“Primero llegaron donde un vecino, que también se había quedado solo en la vereda. El comisionista le dijo que si no le vendía, negociaban con la viuda. El hombre les contestó que como el viudo era él, entonces no había negocio. Resulta que a ese hombre lo desaparecieron. A los día fueron donde mi papá y él, viendo lo que le habían hecho al vecino, le vendió por cinco millones de pesos”, dice el campesino.

La sociedad agroindustrial

Para los años 1996 y 1997 la situación de orden público en el Urabá antioqueño era realmente alarmante. Los paramilitares tenían un retén en la vía que comunicaba al corregimiento Barranquillita (Chigorodó) con Belén de Bajirá (Mutatá). Continuaban los desplazamientos forzados, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas. Pero todo lo anterior no fue impedimento para que comenzara a gestarse un ambicioso proyecto ganadero en la vereda Guacamayas.

Según los campesinos, la persona que lideró esta iniciativa fue Jairo Lopera, quien si bien disponía de varias hectáreas de tierra compradas a los campesinos desplazados, requería inversionistas con músculo financiero.

Es así como se contacta en Medellín con los inversionistas Humberto Duque Peláez, Rubén Darío Ruíz Pérez, y Luis Alberto Vallejo, para constituir la Sociedad Guacamayas S.A., la cual quedaría en firme mediante escritura pública 730 del 21 de agosto de 1997.

Sin embargo,  Lopera no lograría estampar su rúbrica en esta escritura. Murió abaleado en Medellín el 24 de junio de 1997. Por tal motivo la naciente Sociedad decidió vincular a Juan Fernando Mejía, el otro comisionista de la región, para que continuara con la adquisición de predios para el proyecto, tal como lo venía haciendo su antecesor. Al momento de iniciar en firme con el proyecto ganadero, la Sociedad Guacamayas disponía de poco más de mil hectáreas. Entre ellas estaban las fincas de Alfranio, Carlos y las otras 10 fincas que hoy son objeto e reclamación.

Mediante escritura pública del 29 de diciembre de 2005, todos los activos de la Sociedad Guacamayas S.A fueron absorbidos por la firma Inversiones e Inmobiliaria ASA Ltda. Para la Fiscal 25 de la Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución, la actuación de los inversionistas de la Sociedad Guacamayas S.A no puede considerarse como de “buena fe exenta de culpa” dado que, de acuerdo con las pruebas que ha recopilado en el último año, “los integrantes de la Sociedad estaban en capacidad de prever que los predios adquiridos para el desarrollo del proyecto ganadero eran propiedad de campesinos víctimas del conflicto armado que azotaba a la región, quienes a su vez negociaron a bajos precios con el fin de sobrevivir al desplazamiento forzado”.

Al respecto, Richard Gorky Granada, abogado representante de Inversiones e Inmobiliaria ASA Ltda., asegura que lo ocurrido en Guacamayas fue la suma de una seria de circunstancias excepcionales, “donde las tierras estaban a bajo precio, se necesitaban compradores y aparecieron inversionistas que decidieron arriesgar en sitios donde el Estado no tenía presencia. Claro, no se puede negar que las tierras se vendieron baratas si se tiene en cuenta el precio comercial de esa época”, añade el abogado.

“Jairo Lopera –continúa el abogado- vino de Urabá y le vendió una idea de negocio muy buena a Rubén Ruíz y a Humberto Duque. Él tenía las tierras pero necesitaba plata, entonces ellos comenzaron a girarle plata para que compraran tierras. Y confiaron en él, tanto que Rubén llegó a visitar el proyecto solo un par de veces, mientras que Humberto nunca ha ido por allá. Guacamayas S.A. instaló la energía eléctrica y construyó vías de acceso, porque confiaban en el proyecto. Lo que puedo decir es que estos empresarios compraron de buena fe, nunca actuaron en contubernio con paramilitares y la mejor prueba de esto es el caso de Víctor Correa, donde se demostró que Inmobiliaria ASA compró de buena fe”.

Según Granada, ocho de los doce predios que son objeto de reclamación fueron propiedad de Inversiones ASA Ltda. hasta hace muy poco, “pero fueron vendidos a otras empresas. Sin embargo, ASA Ltda. está haciéndole frente a la justicia para evitar posibles demandas civiles”.

“Que no haya problemas”
Tanto las familias que esperan ser restituidas como los funcionarios del Ente Investigador esperan que el proceso avance sin contratiempos en los estrados judiciales y no tenga los inconvenientes que ha vivido en el pasado.

En noviembre de 2009 la desaparecida Comisión Regional para la Restitución de Bienes le había solicitado al Tribunal de Justicia y Paz de Medellín resolver, de manera urgente, la situación jurídica de 18 predios, entre ellos estos doce de Guacamayas. Pero en esa ocasión, la audiencia, programada para el 21 de enero de 2010, fue cancelada por decisión de un magistrado de ese Alto Tribunal debido a que el exjefe paramilitar Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, no fue notificado a tiempo.

Luego vinieron dos audiencias más en las que el funcionario judicial determinó que no tenía competencia para fallar en estos procesos. Pero un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia determinó que los magistrados con funciones de control de garantías de Justicia y Paz sí podían resolver en los casos de despojo de tierras. Pero debido a la congestión que ya se presenta en los tribunales en casos de restitución de tierras, solo fue posible programar la primera parte de esta audiencia para este 5 de junio, en la que se abordaron los temas y su continuación se postergó para el próximo 13 de agosto. Todo apunta a que esta historia se resolverá el próximo año.

“Lo único que digo es que ojalá se pueda hacer sin contratiempos”, dice Alfranio, quien ha recibido fuertes amenazas contra su vida por reclamar este predio y asumir la vocería de otras víctimas del despojo de tierras en Urabá. “La situación de seguridad, en mi caso particular, sigue complicada. Lo que pasa es que uno se acostumbra. Ahora, yo ya tengo claro que si la justicia me restituye mi finca, no me puedo ir para allá. Por lo menos ahora, así este sea mi deseo. Lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es para mostrarle a la gente que sí se puede recuperar la tierra y desde nuestra condición de líderes, exigirle al gobierno que nos de las condiciones para retornar a lo nuestro”.

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