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A dos semanas de la llegada de la IX Marcha en defensa de Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) a La Paz las organizaciones indígenas que forman parte de la movilización desestimaron que el gobierno de Evo Morales vaya a desestabilizarlos.

 

Cuestionaron así que el último jueves organizaciones indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía reunidas en una asamblea extraordinaria acordaran suspender al directorio de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) que encabeza Adolfo Chávez.

 

Bertha Bejarano, presidenta del Comité de Marcha, afirmó que detrás de de esta acción ha estado “la mano del Gobierno” y agregó que en una resolución los indígenas expresaban su repudio a la intromisión en los asuntos internos de la Cidob por parte del ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Así también denunció la intromisión de los diputados Eleuterio Guzmán y Jorge Medina, y de las organizaciones Bartolina Sisa y Conisur, instancias que no forman parte de la estructura orgánica de la Cidob.

 

Chávez desconocido como presidente de la Cidob

 

Rosendo Alpire, presidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) y principal promotor de la asamblea que decidió la suspensión de Adolfo Chávez, afirmó sobre que la medida se debió a que Chávez se dedicó más a pelear con el Gobierno que a hacer gestión como presidente de la Cidob.

 

Ya antes, a mitad de mayo, Alpire afirmó que Adolfo Chávez “ya no tiene poder de convocatoria, la IX Marcha está debilitada”.

 

Pero la crítica más grave que se le hace es el haber supuestamente promovido el desconocimiento de dirigentes de varias regionales luego de que firmaron acuerdos con el Gobierno.

 

Luego de la firma de los acuerdos entre el Gobierno y dirigentes indígenas, al menos dos dirigentes – Pedro Vare de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y Eladio Udaeta presidente de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) – fueron desconocidos por sus bases por no respaldar la marcha en defensa del TIPNIS.

 

La palabra de Chávez

 

 

El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) señaló tras conocerse el resultado de la asamblea extraordinaria celebrado en Santa Cruz, que solo en la Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas (GANPI) se puede cambiar el directorio de la organización matriz de los pueblos de tierras bajas.

 

Chávez advirtió en este sentido en radio Alternativa de Erbol que no le preocupa las resoluciones de la reunión de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) porque considera que son “ilegales e inorgánicas” y agregó que espera que las bases de los pueblos indígenas arreglen esta situación una vez concluida la movilización.

 

Sostuvo además que lo que se busca con este tipo de decisiones es evitar la llegada hasta La Paz de la IX Marcha y crear una organización paralela a la Cidob, que sea servil a los fines políticos del actual presidente Evo Morales.

 

Los fallidos intentos del Gobierno por detener la IX Marcha

 

En las últimas horas se supo que cerca de 70 personas del Territorio Indígena Moxeño (TIM I) y del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se sumaron este lunes a la IX Marcha en Caranavi, lugar donde colonos, cocaleros y mujeres de la organización campesina Bartolina Sisa, afines al Gobierno, desarrollaron acciones para detener la Marcha.

 

La presidenta del Comité de Marcha, Bertha Bejarano, informó recientemente que los marchistas han enviado una nota al presidente Evo Morales para “encontrar soluciones reales, veraces y duraderas” a la plataforma de demandas en la que se encuentra la oposición a la Ley 222 que dicta se lleve a cabo un proceso de consulta.

 

Indicó que los marchistas esperarán la respuesta del Ejecutivo hasta el lunes 11 de junio, en Caranavi. Esta sería la segunda invitación que le hacen los indígenas al presidente Evo Morales para que forme parte del diálogo.

 

El Ejecutivo por su parte se mantiene en su posición de que en las próximas semanas se lleve a cabo la consulta previa dispuesta por la Ley 222 que será la que defina si se debe o no construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

 

“El Gobierno se equivoca una vez más porque la marcha no es Adolfo Chávez, son los 34 pueblos indígenas. Si bien han firmado los dirigentes convenios con el Gobierno, están sus bases”, sentenció Bejarano en declaraciones a la agencia de noticias Erbol.

 

Recientemente el directorio orgánicamente elegido de la Cidob emitió un comunicado en el que responsabiliza al Gobierno de llevar a cabo una serie de acciones con el fin de desvirtuar la IX Marcha y sus legitimas demandas.

 

Para leer el comunicado de la Cidob dar clic aquí.

 

Servindi, 11 de junio, 2012.

http://servindi.org/actualidad/66082