Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El presidente Santos, derrotado por quienes desde un principio se opusieron a su reforma constitucional, utilizó una última carta para salvar la reforma a la justicia: objetar algunos de sus artículos. Su mensaje es claro, la reforma no se debe hundir, debe retocarse. A esta idea se están sumando personajes como el alcalde Gustavo Petro, que respaldó la posición del Jefe de Estado.

 Se trata de una astucia para engañar a los colombianos y salvar la reforma. No es cierto que las objeciones eliminen las prebendas de los congresistas, pues Santos no objetó el artículo que crea una sala especial para investigar a los parlamentarios. En esta sala tendrán asiento tres magistrados que serán del bolsillo del Presidente, lo que le permite al ejecutivo pagar con impunidad el comportamiento de los congresistas de la “unidad nacional”. Las objeciones tampoco tocan las gabelas otorgadas a los actuales magistrados y mantienen los artículos que violan la independencia de la Rama Judicial.

Lo más grave es que la propuesta del presidente Santos apunta a convertir en ley las exigencias de las entidades financieras y del Banco Mundial. La reforma plantea que abogados y notarios podrán administrar justicia, medida que el gobierno defiende argumentando que la congestión judicial lesiona el clima de negocios y ahuyenta a la inversión extranjera. En efecto, el 60% de los procesos estancados son ejecutivos hipotecarios, por lo que los bancos necesitan de una reforma que les resuelva este problema. La privatización se financiará con las tasas y el arancel judicial que se les cobrará a los usuarios.

La privatización de la justicia lesiona el derecho a una justicia imparcial. Adelantándose a la aprobación de la reforma, el Ministro de Comercio presentó un proyecto de ley que faculta a las fiducias a fallar las demandas ejecutivas presentadas por los bancos. Aunque parezca mentira, de aprobarse este proyecto, entidades financieras podrían resolver las demandas del sistema financiero, desproporción que, según el gobierno, está encaminada “a que Colombia continúe mejorando en la medición del clima de negocios que hace el Banco Mundial”.

 Las objeciones del presidente Santos son su carta para salvar la reforma a la justicia. Ante el engaño, la única opción es exigir que la reforma se hunda, de lo contrario, se caería en la trampa santista.

Moir