Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Nueve indígenas presos se mantienen en huelga de hambre en la Araucanía chilena, con el reclamo común de que impere la justicia en sus causas y la defensa de los derechos ancestrales de ese pueblo.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema comenzó la revisión del recurso de nulidad presentado a favor de dos de ellos, los jóvenes Daniel Levinao y Paulino Levipan, condenados a 11 años de presidio, acusados de homicidio frustrado contra efectivos de la policía, entre ellos el general de la Novena Zona de Carabineros, Iván Bezmalinovic.

El jefe policial comandó allanamientos el 2 y 3 de noviembre de 2011 en la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla, en la Araucanía.

Y es precisamente la declaración prestada por Bezmalinovic en el juicio la que sirve de sostén al alegato de la defensa, para asegurar que en el proceso hubo vulneración de las garantías constitucionales aseveradas por la igualdad ante la ley.

Durante el juicio oral celebrado en agosto, el general Bezmalinovic afirmó que los dos comuneros intentaron dispararle minutos antes de ser detenidos, palabras en las cuales se apoyó el Ministerio Público para definir el homicidio frustrado.

“La condena a Daniel y Paulino se sustentó sólo en los dichos del general Bezmalinovic. Es decir, los dichos del general valen más que los dichos de los comuneros y eso es discriminatorio. Por eso es que vamos a la Corte Suprema”, adelantó el abogado Lorenzo Morales.

En la cárcel de Angol, además de esos dos presos, también permanecen en huelga de hambre los jóvenes Rodrigo Montoya y Eric Montoya, pendientes de juicio por homicidio frustrado a Carabineros, delito por el que podrían ser condenados a más de 20 años de cárcel. Este sábado los cuatro cumplen 41 días sin ingerir alimentos.

Comunicados emitidos por los presos abogan por la devolución total del territorio del pueblo Mapuche, la desmilitarización inmediata de las tierras de esa comunidad y la no utilización por parte de la justicia de testigos protegidos ni montajes político-judiciales.

En reportes recientes informaron que sentían calambres, muchos mareos, dolores de cabeza y de estómago, y agotamiento en los parpados.

“Estamos pálidos, demacrados pero con la fuerza intacta, sabemos que estos síntomas son incómodos y soportable por lo que está en juego. Seguiremos paso a paso con esta huelga porque creemos que bien vale la pena el territorio y libertad para cada mapuche y todo pueblo”, expresaron.

Líderes mapuches aseguran que las sentencias y los procesos judiciales contra los comuneros son racistas, discriminatorias, no respetan el debido proceso y para imponerlas fueron utilizados testigos encapuchados.

El 1 de octubre, cinco presos mapuches de la penitenciaría de Temuko se sumaron a la huelga de hambre de sus coterráneos de Angol. Identificados como prisioneros políticos, anunciaron que la medida constituía una reacción ante la nula respuesta de Gendarmería de Chile a las exigencias de sus derechos.

Leonardo Quijon, Luis Marileo, Fernando Millacheo, Guido Bahamondes y Cristian Levinao informaron que iniciaron la huelga ante la confabulación del “Estado, los empresarios y los latifundistas que manejan las leyes en contra nuestra, con el fin de mantenernos lejos de nuestras familias y seres queridos”.

Los presos solicitan su traslado para la cárcel de Angol, como el lugar de reclusión más cercano a sus hogares y el fin de los “humillantes y vejatorios allanamientos realizados por parte de Gendarmería de Chile hacia familiares y amigos que los visitan en el reclusorio”.

En Santiago y en zonas de la Araucanía se suceden las manifestaciones a favor de la liberación de los indígenas, al igual que en otras ciudades de América Latina y de Europa. En todas, las voces defendieron la causa Mapuche.

Ese pueblo constituye una de las etnias originarias más importantes del país, tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural.

Según los historiadores, concluida la segunda mitad del siglo XIX, el Estado chileno diseñó un plan para ocupar las tierras Mapuche, encausado por el Ejército, en el llamado proceso de “Pacificación de la Araucanía”, al punto de que la comunidad fue sometida militarmente en 1883.

Tres años después el Congreso creó la llamada Comisión Radicalizadora, la cual a la postre facilitó la ocupación ilegal de los predios por particulares, trayendo como resultante que solo 500 mil hectáreas quedaran en posesión de los indígenas, área muy pequeña en comparación con la que originalmente tenían.

Durante la Reforma Agraria de Eduardo Frei Montalva y con más fuerza en los años de gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973), lograron recuperar más de 80 mil hectáreas, pero tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, la comunidad sufrió un nuevo revés, ya que los militares pusieron fin a la propiedad colectiva de la tierra, y con ello desarticularon una de las bases de su cultura.

Desde mediados de la década de 1990, organizaciones y comunidades mapuches se enfrentan a empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que consideran de sus antepasados.

Una veintena de comunidades mapuches protagonizan las ocupaciones de 13 propiedades en las regiones del Bío-Bío, Araucanía y Los Lagos.

Los grupos reivindican como propias más de 15 mil hectáreas, en la actualidad en manos de empresas forestales, el fisco y agricultores.

Estadísticas del censo en Chile indican que los mapuches constituyen el cuatro por ciento de la población del país y el 87 por ciento de la comunidad indígena total de la nación, localizados fundamentalmente en la sureña región de la Araucanía.

http://www.argenpress.info/2012/10/huelga-de-hambre-mapuche.html