Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El gobierno no parece interesado en ponerle rieles a esta locomotora descarriada: la reforma tributaria mantiene intactos los enormes privilegios que se le han concedido durante la última década.

Para nadie es un secreto que la creación de riqueza en Colombia es un proceso que tiende a ampliar las brechas de ingresos y oportunidades entre las élites y el resto de la población: el 1% más rico concentra el 20% de la riqueza, mientras que el 40% más pobre se las tiene que arreglar con menos del 12%. Y el Estado ha hecho muy poco para corregir esta situación: como lo acepta el propio gobierno, la distribución del ingreso antes y después de impuestos y transferencias es prácticamente la misma, lo que significa que la estructura tributaria no genera mayor equidad. Es como si un complejo aparato que tuviera que barajar las cartas para que hubiera mayor justicia en la repartición, volviera a dejar los naipes en el orden inicial.

Y sin embargo, la minería –una actividad que como actualmente se maneja en Colombia no necesariamente genera desarrollo, debilita el resto del aparato productivo, deteriora y corrompe las instituciones e incluso afianza la mediocridad y la lógica cortoplacista del sistema educativo y del sector empresarial- al parecer conservará el tratamiento preferencial que se le ha otorgado con la manada de micos que hoy trepan a sus anchas en el estatuto tributario.

Las juiciosas investigaciones de Guillermo Rudas develaron los embelecos jurídicos que han llevado a que el Estado colombiano termine devolviéndole en exenciones tributarias a las empresas mineras una suma equivalente al 137% de lo que pagaron en regalías. ¿Cómo se explica que los colombianos de a pie –sí, nada más y nada menos que usted y yo estimado contribuyente- hayamos terminado subsidiando, y con creces, a las empresas mineras por un monto mayor al que tenían que pagarle al Estado por explotar los recursos del subsuelo que son propiedad de la nación? Veamos.

Según los cálculos de Rudas, por el efecto combinado de las deducciones (legales, cabe aclarar) del impuesto de renta que las empresas mineras podían hacer por pagar oportunamente regalías, por invertir en activos fijos, por la depreciación de bienes o por la amortización anticipada de inversiones, la tarifa efectiva promedio a la que se les cobró el impuesto de renta entre 2002 y 2010 fue del 15%, pese a que la tarifa nominal establecida en la ley –con la que sí han cumplido los esforzados empresarios de otros sectores que no le hablan al oído a quienes hacen las leyes- es del 33%.

En otros términos, mientras que una sociedad comercial que pertenezca al régimen común–como lo puede ser cualquier empresa pequeña o mediana cuyos honrados dueños nunca se les habrá ocurrido ir a buscar a los políticos- le pagó al Estado 33 pesos de cada 100 que obtuvo de utilidades, los emporios mineros le pagaron solo 15. Y ni hablar de las empresas carboníferas que solo pagaron 8, o de las de metales preciosos que contribuyeron al tesoro público con la irrisoria suma de 2,9 pesos por cada 100 que sumaron a sus utilidades.

Hoy en día, Santos y Cárdenas –quien como ex Ministro de Minas debe conocer con lujo de detalles lo que sucede con los impuestos en el sector- tienen una oportunidad de oro para incorporar en la reforma tributaria “por la equidad y el empleo”, la eliminación de todos los privilegios impositivos de los que gozan las empresas mineras los cuales, por supuesto, poco tienen que ver con la equidad y nada aportan a la generación de empleo (pues el sector minero, pese a este tratamiento preferencial, genera apenas el 1,5% de los puestos de trabajo en el país).

Si para los trabajadores que ganan más de 3.3 SM se establece un piso mínimo progresivo del cual no puede bajar la tarifa de renta efectiva que deben pagar (que es lo que se hace en el proyecto con el llamado IMAN), ¿por qué no hacer algo similar para el caso de las personas jurídicas que deben pagar renta, de modo que la tarifa efectiva no sea muy distinta de la nominal?

El tema de los impuestos está en el corazón del problema de la desigualdad. Si no empezamos por poner a tributar a la minería, un sector que se expande a un ritmo tres veces mayor que el promedio de la economía, difícilmente dejaremos de ser el país más desigual de la región más desigual del mundo.

*Investigador asociado del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia. www.dejusticia.org Twitter: @SergioChaparro8