Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Es aún temprano, pero los vecinos de la pequeña comunidad indígena de Tlamanca, municipio de Zauca, en Puebla, se encuentran ya en las inmediaciones de las oficinas de la Junta Auxiliar Municipal, y en la estrecha calle que lleva a la Casa del Campesino, en donde el comisariado ejidal fue obligado a convocar a una asamblea. 

Una hora después de iniciada la reunión, un ingeniero mexicano de la empresa que trabaja para la compañía china JDC Minerales S.A. de C. V. solicita pasar al auditorio de la casa ejidal para exponer “las bondades de la nueva tecnología traída a estas tierras por el capital chino”. Sin embargo, en su discurso evita mencionar las sustancias tóxicas que se utilizarán si es que comienza a funcionar la mina La Lupe, ubicada a escasos metros de la comunidad, y en donde ya ha comenzado la construcción de nuevos caminos y terraplenes.

 

Una vez que el ingeniero termina su discurso, las mujeres y los maestros, toman el micrófono para manifestar el sentir de la comunidad. Su principal preocupación, dicen, es que “es claro que se va a ocupar el agua”, pero el resto de los habitantes de Tlamanca se preguntan “¿de qué agua están hablando?”

 

La deforestación de la que ha sido víctima esta región data de hace dos siglos, cuando mediante otros métodos de sobreexplotación fueron extraídos diversos minerales. Ello explica la escasez cada vez más evidente de recursos hídricos, y los cerros pelones que se avistan sobre la cañada del río Apulco, que atraviesa la Sierra Norte y se convierte en un afluente del río Zempoala, en Veracruz.

 

Las mujeres de la comunidad son quienes alertan: “La tierra, el manantial y lo que se tiene en aquella parte, es como si fuera nuestra mamá, pues ese cerro es el que nos dio agua, nos da agua y nos seguirá dando agua si lo cuidamos”.

 

Afuera del lugar en donde se realiza la asamblea, los ingenieros y los trabajadores chinos preparan su partida; cuando se les inquiriere y se les solicitan los documentos que amparen el estudio de impacto ambiental –que de acuerdo con la prensa local están en calidad de rechazados o pendientes en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través del proyecto 21PU2012MD024– se justifican diciendo que “en este momento no los traen consigo, pero que los mandarán por correo electrónico” y aseguran que poseen los permisos. Y al parece que no mienten, pues al consultar el permiso en la página electrónica de la SEMARNAT, es posible comprobar que, en efecto, ya ha sido aprobado el proyecto, con lo que se removerían 65 mil toneladas de cerro en año y medio.

 

Luego de un largo análisis, la asamblea se pronuncia por rechazar el proyecto minero, pues en las participaciones de los pobladores se argumenta que “son más problemas los que traerá, que los cuarenta empleos que prometen”, además de que “la minera no resolverá la escasez de agua cuando ésta tenga que ser destinada a la mina”. La asamblea concluyó también “que la obra pública que prometen debe ser brindada por las autoridades y no por una empresa a la que la autoridad local quiere dejar explotar recursos mineros sin consentimiento de la comunidad”.

 

Las mujeres de Tlamanca piensan también en la salud de sus hijos luego de ver el documental presentado minutos antes por los promotores comunitarios del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural el cual, al igual que la presentación de la empresa JDC, vieron con atención y alarma.

 

A pesar del ambiente tenso, las mujeres llaman a la unidad de la comunidad: “No nos dejemos amenazar”, piden, pues circulan rumores de que si la comunidad no acepta el proyecto minero, “los van a matar”. Antes esto, las mujeres aseguran que “las autoridades están puestas para defender los recursos para bien de la comunidad, no para vender e irse”.

 

La actitud ambigua de las autoridades locales contrasta con la determinación de las mujeres que presionan para se llegue a un acuerdo y se levante el acta en donde quede claramente de manifiesto que la comunidad de Tlamanca rechaza el proyecto minero. Y al calor de los emplazamientos, el presidente municipal, Víctor Iglesias, conmina a las autoridades ejidales y auxiliares, a dar el respaldo y firmar el acta en donde se explicite que no se da autorización para que la mina trabaje.

 

La asamblea termina en calma, pero existe la certeza de que “las cosas no terminan aquí”, pues “las leyes no están hechas para beneficiar a la gente humilde”. Sin embargo, la comunidad celebra “no haberse dejado engañar con las promesas de que esta industria extractiva podría beneficiarlos”, y se prepara para hacer “algo urgente, en unidad y participación”.

 

Puebla, México

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