Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El 16 de diciembre de 1991, en la hacienda El Nilo del Cauca, veinte indígenas del pueblo Nasa fueron masacrados por la fuerza pública. El Estado Colombiano reconoció internacionalmente su responsabilidad por la masacre y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en materia de verdad, justicia y reparación individual y colectiva.

Hoy, 21 años después, esas recomendaciones aún no se han cumplido satisfactoriamente: el crimen continúa en la impunidad porque sus responsables materiales e intelectuales no han sido investigados ni juzgados; el Estado no ha garantizado la no repetición de estos hechos criminales porque son muchas las muertes que se han producido después; y de las tierras que se ha comprometido a entregar para la reparación colectiva, aún faltan por entregar 1.755 hectáreas.
A causa de estos reiterados incumplimientos, el pueblo Nasa y la ACIN se han movilizado de nuevo, han tomado la carretera Panamericana y en estos días se encuentran negociando con el Gobierno Nacional para hacer cumplir los acuerdos firmados.

El OBSERVATORIO POR LA AUTONOMÍA Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS EN COLOMBIA apoya las movilizaciones del pueblo Nasa y los demás pueblos indígenas del Cauca, al igual que sus actuales negociaciones para hacer cumplir aquellos acuerdos. Como lo plantean los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los pueblos indígenas tienen todo el derecho a la restitución de las tierras, los territorios y los recursos naturales que les han sido arrebatados a lo largo de la historia mediante la violencia, el engaño o el abuso de la ley.

En una coyuntura en la que avanzan la extranjerización de la propiedad rural, la consolidación del gran latifundio para producir agrocombustibles, la entrega del territorio en concesiones a las empresas transnacionales de la industria extractiva y en la que el Gobierno Nacional discute con las FARC en la mesa de negociación de la Habana el tema del desarrollo rural integral, los movimientos sociales, las iniciativas de paz, la llamada agenda social por la paz y las redes
nacionales e internacionales de solidaridad con los movimientos indígenas, campesinos y afrodescendientes debemos apoyar sus justas luchas por sus territorios ancestrales que deben ser imprescriptibles, inalienables e inadjudicables.

Barcelona, 17 de diciembre de 2012