La creación del Parque Natural Regional en el páramo de Santurbán con 11.800 hectáreas es un triunfo neto del movimiento cívico y ambientalista contra las pretensiones de las multinacionales auríferas —Aux Gold, Eco Oro Minerals Corp, Leyhat Colombia, Galway Resources, Calvista Gold Corporation, Auro Resources Corp, Cb Gold, Continental Gold, Cvs Explorations— que han considerado de su propiedad todo el macizo

El conflicto es en el fondo oro versus agua; oro para los bolsillos de unos pocos empresarios canadienses, agua para una población de 1’200.000 habitantes. Se falló a favor de la gente. Un gran logro tanto para el movimiento cívico como para el Instituto Humboldt, que tuvo a su cargo el argumento ambiental. Las empresas mineras consideran que el páramo es la piel, y lo que está por dentro, “huesitos y carnita” —como decía Uribe, quien les dio todas las gabelas tributarias y ambientales—, es de ellas. El proyecto era una gran mina a cielo abierto para saquear el macizo y dejar un hueco para criar peces. Era irritante la grosería de la propuesta que la Corporación para la Defensa de Bucaramanga se comió entera. Para bien del país, reaccionó la gente, pero para mal del país, los empresarios optaron por sacar el oro haciendo socavones. Es decir, disfrazar el saqueo, porque los túneles necesariamente afectan los ríos subterráneos de la cordillera y por tanto los ríos que alimentan los acueductos de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Más aún, se defenderá el páramo, pero los socavones que empiezan en los 2.800 metros —200 metros abajo de la cota donde comienza el parque— se podrían construir en cualquier dirección: hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro y podrían drenar las 32 lagunas del páramo para usar esa agua en el lavado del mineral aurífero. Sobre este punto no existe claridad jurídica y por tanto las empresas podrán engatusar al país y hacer lo que les dé la gana.

Como les está dando la gana hacer a las empresas de los Dávila, los Solano y los Bessudo en el Tayrona. ¿Qué podría pensarse si en el Parque Nacional Olaya Herrera se decidiera construir, en el sitio donde está el reloj suizo, un hotel para que se alojaran los altos ejecutivos de Ecopetrol o de Pacific Rubiales? Se me dirá que la analogía es traída de las mechas, y lo es, sin que ello impida ver lo que se juega con ese fuego desde varios ángulos sobre el parque Tayrona. La cuestión es simple: las construcciones turísticas que se están proyectando —tanto como la ya existente— limitan el goce público de un bien público, a favor de unos pocos. El mismo caso de Santurbán. Al Tayrona le tienen puesto el ojo —con sobrada razón— las empresas mundiales de turismo, y si no defendemos ese patrimonio ambiental, terminaremos siendo excluidos de esas zonas. El proyecto de Los Ciruelos le hinca el diente a un bosque seco tropical, el único que queda en el país. El Ministerio de Medio Ambiente hizo severas advertencias a la Agencia de Licencias Ambientales, pese a que el gobierno de Uribe había autorizado las construcciones hoteleras. La recién creada Agencia está a cargo de la doctora Luz Helena Sarmiento, quien trabajó con la empresa explotadora del Cerrejón. En La Guajira se le conoce como la mano derecha de las grandes mineras. ¿Qué se podrá esperar ahora de sus conceptos y decisiones ambientales? El ministro de Medio Ambiente tiene por ahora la palabra y la Corte Constitucional la última. Permitir despresar el Parque Tayrona, la joya ambiental del país, es permitir entrar a saco a los demás parques.

Por: Alfredo Molano Bravo