Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Corte Constitucional pide la creación de una comisión especial de la Fiscalía para agilizar las denuncias. La desconfianza entre los habitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó y la Fuerza Pública es un asunto de vieja data. Desde 2004, la Corte Constitucional ha estado pendiente de la suerte de esta zona humanitaria y, en un auto elaborado en julio de 2012 pero apenas conocido hoy, el alto tribunal le da una orden clara al gobierno: tiene un mes para poner en marcha “la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad”.

La Corte no hace referencias explícitas con respecto a de qué se tiene que retractar el gobierno nacional, pero para sus habitantes es claro: se trata de los señalamientos generalizados que se hicieron en contra suya particularmente durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Señalamientos como los que él hizo cuando la masacre de San José de Apartadó se cometió en 2005, asegurando que los habitantes de San José tenían relación con la guerrilla. Esa masacre de cinco adultos y tres niños –uno de ellos, una pequeña de 2 años de edad–, ha dicho la justicia, la cometieron los paramilitares con apoyo de miembros del Ejército.

Según el documento de la Corte, el Ministerio del Interior tiene la misión de coordinar que dicha retractación pase, así como éste debe presentar junto con la Defensoría del Pueblo, en un plazo no mayor a tres meses, “un plan de prevención y protección colectivo que contribuya a la protección de la vida, integridad, seguridad, y libertad de la comunidad de paz, y definan de manera concertada un mecanismo que permita la adopción de medidas de protección adecuadas que no aumenten el riesgo para la Comunidad o sus miembros y acompañantes”.

La Corte exhorta también a la Fiscalía para que conforme en un mes o menos una comisión, “con funcionarios de alto nivel y capacidad de decisión”, para examinar con lupa las denuncias que han interpuesto los miembros de la comunidad y para identificar “obstáculos que han contribuido a la impunidad”. Además, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deberán establecer “un procedimiento de revisión de la aplicación de los principios del derecho internacional humanitario que faciliten el cumplimiento del deber constitucional de la Fuerza Pública y el respeto de los derechos de la Comunidad de Paz”.

En el auto del alto tribunal se lee las interacciones que han sostenido representantes de la comunidad, delegados del Estado y la Corte como intermediaria. El Ejército, a través de voceros de la brigada XVII, admite que la situación de violencia que ha enmarcado la región “no ha desaparecido”, aunque los militares consideran también que las medidas que se han tomado para respetar los derechos de la comunidad han sido suficientes. Los miembros de San José, no obstante, reclaman: “Más que promesas, la Comunidad quiere hechos concretos de verdad y justicia”.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-397774-gobierno-debe-retractarse-caso-san-jose-de-apartado