Con la desmovilización de los grupos de autodefensa, los caucanos esperaban que se acabara la violencia de uno de los actores del conflicto armado, pero ahora son presa de viejos conocidos que rondan sus territorios.
A pesar de que las Autodefensas Campesinas de Ortega y el Bloque Calima se desmovilizaron en 2003 y 2004, respectivamente, en este departamento del suroccidente colombiano, todavía la gente siente la presencia paramilitar.
“El paramilitarismo en Cauca no se acabó. Sólo cambió de nombre y ahora le dicen bandas criminales, pero siguen operando de la misma manera”, le dijo a VerdadAbierta.com un miembro Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), que en medio de sus labores trabaja para hacer valer los derechos de las víctimas de la comunidad Nasa.
La Acin ha documentado cada una de las amenazas que en panfletos y mensajes de texto les han enviado diferentes grupos armados que surgieron después de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como las Águilas Negras y Los Rastrojos. El líder más visible de Acin, Feliciano Valencia, quien cumple los roles de vocero y líder de la Guardia Indígena, ha sido blanco de múltiples amenazas de muerte.
El lenguaje que utilizan las nuevas bandas es el mismo, con la misma intencionalidad política, que el que en años anteriores circuló por letra y boca de sus antecesores: señalan a los líderes de tener nexos con la subversión, los declaran objetivo militar y amenazan con hacer limpieza social en el departamento. Y no sólo ha ido en contra de la organización indígena, sino incluso contra poblaciones enteras.
Una muestra de lo anterior son los panfletos que enviaron las Águilas Negras a las comunidades de Miranda, Corinto y Caloto el pasado mes de julio de 2012, que estaba acompañado con un rótulo de las AUC. En esa misiva, además de las amenazas, decretaron un toque de queda en el municipio de Corinto, en el que no “respondían por la vida” de quien se encontrara en la calle después de las diez de la noche. (Ver panfleto).
Un miembro del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin, que pidió mantener en reserva su identidad, le dijo a VerdadAbierta.com que gracias al acompañamiento y a las denuncias ante diferentes organismos de derechos humanos, esa restricción finalmente no se cumplió.
Sin embargo, el fantasma del paramilitarismo de antaño sigue rondando el departamento caucano. Después de que los indígenas manifestaran de manera abierta que no querían tener actores armados en sus territorios, en el resguardo de López Adentro, desconocidos que estaban armados, hicieron varios recorridos en motos y camionetas durante algunas noches.
Otro de los grupos que se ha identificado de corte paramilitar en Cauca son Los Rastrojos. A lo largo de 2012 enviaron varios pasquines amenazantes a las comunidades del norte del departamento. En uno de ellos advirtieron que por solicitud de gente de la región, “el Comando Central había ordenado patrullajes para acabar con la delincuencia”. También amedrentaron a las personas que se dedican al cultivo y procesamientos de drogas. (Ver panfleto).
Una defensora de derechos humanos que lleva varios casos de víctimas del paramilitarismo de la década pasada, le explicó a VerdadAbierta.com que con la desmovilización de las AUC se borraron los límites que tenían los grupos armados, y que en la actualidad ya no se tiene claridad sobre quién comete los crímenes. “Tras la desmovilización todo se ha vuelto borroso, uno antes sabía en dónde estaban los paramilitares y la guerrilla, pero ahora no se sabe quién es quién, porque además, se dice que andan unos con otros”, agregó.
No obstante, algunos crímenes y acciones de las bandas criminales han sido documentados por la Defensoría del Pueblo, que en diferentes ocasiones ha alertado sobre los riesgos en los que se encuentra el departamento por cuenta de unos hombres armados a los que nadie distingue, pero que todos saben de quiénes son herederos.
En una alerta temprana del año pasado sobre el municipio de Suárez, la Defensoría registró que existe preocupación por las amenazas de un “presunto grupo armado ilegal autodenominado Águilas Negras”, contra las autoridades y los líderes del Consejo Comunitario de La Toma, el cual se encuentra en una zona en disputa por sus yacimientos de oro.
Además, refiere que ese grupo armado “estaría integrado por ex miembros del Bloque Calima de las antiguas AUC y serían los presuntos responsables del asesinato de cinco mineros foráneos en la vereda Hato Santa Marta ocurrido en el 2010 y, del secuestro, en el año 2012, de dos líderes sociales residentes en la cabecera Santa Marta Alto”.
Habitantes del corregimiento de La Toma le dijeron a la Defensoría que la irrupción de las Águilas Negras en el municipio de Suárez se dio en octubre de 2009. En ese mes, hombres armados y encapuchados instalaron retenes para sacarle información a las personas a las que retuvieron y obtener datos de los celulares que les quitaron.
Posterior a esa tarea de inteligencia empezaron las amenazas contra los líderes de la comunidad y durante los dos meses siguientes enviaron panfletos a nombre de las “Águilas Negras – Nueva Generación”. La comunidad denunció esos hechos ante las autoridades locales en diciembre de 2009.
Casi dos años después, el 14 de marzo de 2011, habitantes y líderes de los municipios de Suárez y Buenos Aires denunciaron nuevas amenazas de las Águilas Negras.
Los municipios costeros de Cauca tampoco se han salvado de la presencia de grupos surgidos tras la desmovilización de las AUC. La Defensoría del Pueblo registró que durante 2010, a raíz de la explotación ilegal de otro en las cuencas y afluentes del río Timbiquí, se dio una fuerte disputa entre las Farc y Los Rastrojos, para lograr el control de ese lucrativo negocio ilegal.
La Defensoría registró que actualmente los frentes 29, 30 y 60 de las Farc han tomado el control de las partes altas, medias y bajas del Timbiquí, mientras que “Los Rastrojos, al parecer, se habrían replegado hacia las bocanas de los ríos en dirección al municipio Buenaventura”.
El municipio de Guapi, que limita al norte con Timbiquí, también ha sufrido la arremetida de Los Rastrojos. El 8 de diciembre de 2011, según registros de Ocha, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, más de 300 habitantes de la comunidad de Playa Cuerval, se vieron forzadas a huir hacia el casco urbano por los enfrentamientos entre las Farc y el grupo resurgido tras la desmovilización.
Pero la influencia de Los Rastrojos no se ha limitado solamente a la zona rural. En febrero del año pasado, los habitantes de Guapi protestaron por la ola de violencia y los crímenes de esta Bacrim.
Uno de los compromisos de las AUC, cuando firmó su desmovilización con el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe en 2005, fue la de no seguir cometiendo más delitos contra la población civil a la que habían afectado gravemente. Ese es quizás el derecho que más valoran las víctimas: que no se repita la barbarie. El gobierno, sin embargo, no ha podido cumplir con esa garantía para las víctimas que durante años fueron sometidas a la violencia y al terror del paramilitarismo: que no volverían a vivir bajo esas condiciones inhumanas.
Pero después de una aparente calma de unos meses, desde 2009 brotó una nueva ola de terror y muerte. La gente reconoce a muchos de los protagonistas, pues los vio antes como miembros de las AUC. Sus mensajes son los mismos y están dirigidos a las mismas víctimas: las organizaciones indígenas y afro; líderes comunitarios y poblaciones pobres. El fantasma del paramilitarismo se resiste a dejar de atormentar a los caucanos.
Por: Verdadabierta.com
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