Alertamos que hemos sido informado de la judicialización y una orden de captura contra SOFIA LOPEZ, abogada defensora de Derechos Humanos y fundadora de la Corporación Justicia y Dignidad. Instamos a la Fiscalía General a que aclare su situación urgentemente.
La información acerca de su judicialización fue suministrada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, quien tiene en su poder un listado entregado por la propia Fiscalía, en la que se relaciona el nombre y número de identificación de cerca de 60 personas investigadas por el delito de Rebelión. Algunas de las personas que aparecen en la lista ya fueron capturadas y judicializadas en el mes de junio de 2012; otras han sido capturadas en el transcurso del mes de abril de 2013.
En la lista se encuentre el nombre de SOFIA LOPEZ, pues la jurista actúa en calidad de abogada defensora legal de RAFAEL ULCUE PERDOMO y DIEGO FERNANDO MOTATO en el radicado 2010-02892 de la Fiscalía 5 Especializada de Popayán, al que presuntamente se le vincula.
Esta situación se produzca paralelamente a seguimientos y hostigamientos a la abogada durante el mes de abril en el centro del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. El 4 de abril de 2013 una mujer de tez morena la abordó señalándola como “abogada de la guerrilla” y diciéndole expresamente “los abogados de la guerrilla aquí se mueren, aquí los matan, tenga mucho cuidado”. Así mismo es frecuente la presencia de dos sujetos, uno trigueño y uno delgado de aproximadamente 20 años y otro blanco, de contextura gruesa, y calvo de aproximadamente 50 años, quienes por transcurso de 3 a 4 horas se hacen al frente de la oficina de la abogada en Santander de Quilichao.
La Sra. Lopez es beneficiaria de medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos – CIDH.
Exigimos:
Que la Fiscalía General de la Nación clarifique la situación legal de la defensora de Derechos Humanos Sofía López, que le garantice sus derechos fundamentales, a la dignidad, a la honra y al buen nombre.
Que la Unidad Nacional Protección –UNP- brinde de manera inmediata las medidas de protección necesarias para garantizar su vida e integridad, máxime que su nivel de riesgo fue catalogado como extraordinario por la misma UNP.
Que la Cancillería colombiana, de cumplimiento efectivo a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Que el Estado de Colombia, garantice efectivamente la labor de los defensores de derechos humanos en el País, haciendo cesar cualquier clase de hostigamientos y obstáculos en su contra.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
25 de abril de 2013
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