Los gobernadores indígenas del cabildo de Toribío, de San Francisco y de Jambaló, con el apoyo de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca-ACIN, del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, y de por lo menos 5000 comuneras y comuneros, realizaron en San Francisco, el juicio indígena por el asesinato de Benancio Taquinás.

El juicio inició con la presentación general de un sinnúmero de acciones perpetradas por las Farc en el territorio, donde quedó en evidencia que todo lo que vienen haciendo en contra de las comunidades, no obedece a hechos aislados, sino que corresponde a una estrategia de exterminio, cooptación y división que están implementando para desarmonizar al movimiento indígena. También se mencionaron algunos hechos cometidos por otros actores armados en el territorio, que lo único que buscan es estigmatizar y señalar a las comunidades para convertirlas en blanco de cualquier bando.

 

La comisión jurídica de las autoridades indígenas Nasa que vienen haciendo seguimiento a los asesinatos cometidos contra las comunidades en los últimos meses, presentaron un informe de los recientes asesinatos, y en particular, dieron a conocer los cargos directos por los cuales detuvieron a los 7 guerrilleros de las Farc, que corresponden al vil asesinato del mayor Benancio Taquinás, masacrado el 18 de abril en Jambaló. 
 
Las autoridades indígenas después de presentar los cargos, le dieron la palabra a los acusados para que hicieran su respectiva defensa. La mayoría se declararon inocentes, aseguraron ser personas trabajadoras y no haber participado en este asesinato. Mientras, Sivilino Ul Secue, reconoció pertenecer a las Farc e incluso llevó un mensaje de la Columna Jacobo Arenas para las autoridades indígenas: “Al CRIC, a la ACIN, a los cabildos de Tacueyó, San Francisco y Jambaló, los invitamos a hacer una asamblea para que aclaremos estas cosas, pero les pedimos garantizar la seguridad de la guerrilla”. También agregó que ha peleado contra el Ejército, pero que no ha matado a ningún civil.
 
De otro lado, la asamblea en pleno escuchó también a los familiares de los acusados. Hablaron los hijos, los padres y hermanos y aseguraron la inocencia de todos. Exigieron que se investigue a profundidad y reiteraron su desacuerdo con la armonización, pero ninguno presentó pruebas contundentes ni argumentos que demostraran la inocencia de los acusados. Algunos reiteraron también su rechazo a la organización indígena y su malestar con la justicia propia.
 
Después de escuchar las partes correspondientes, las autoridades indígenas retomaron la palabra, para aclararle a la asamblea en pleno que la investigación no arrojó pruebas contundentes en contra de 5 de los guerrilleros de las Farc capturados. Infortunadamente, no se lograron recoger pruebas suficientes que comprobaran la participación de estos 5 hombres en el asesinato de Benancio Taquinás, por eso las autoridades los entregaron a sus respectivas familias. Mientras que los otros dos fueron declarados culpables: Sivilino Ul Secue fue identificado como autor material y John Jairo Mayorga Suárez, como autor intelectual del vil asesinato de nuestro guía espiritual, Benancio Taquinás.
 
Después de hacer entrega oficial de los 5 hombres a sus familiares, las autoridades procedieron a preguntarle a la asamblea cuál era la sanción que iban a aplicar a los dos guerrilleros de las Farc por el asesinato de nuestro guía espiritual, guardia indígena y líder comunitario, Benancio Taquinás. se hablaba de fuete, de cepo y de patio prestado. Jesús Chávez, Consejero Mayor del CRIC, le preguntó a la asamblea: ¿Si les damos fuete los vamos a soltar?. Nooooooooo, fue la respuesta contundente. Volvió a preguntar: ¿Si les damos cepo los vamos a soltar?. Noooo, continuo el consenso de la asamblea presente. Finalmente, se decidió una sanción de 40 años de patio prestado para Sivilino Ul Secue y para John Jairo Mayorga Suárez.
 
La comunidad participante en la asamblea y las autoridades indígenas ejercieron la aplicación del Derecho Propio y debido a la gravedad de los hechos, no aplicaron ni fuete, ni cepo, sino que les aplicaron una corrección de 40 años en calidad de guardado, es decir, “patio prestado”. Forma que se utiliza cuando se le pide prestado un patio al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC para guardar a criminales juzgados desde el Derecho Propio. Esto quiere decir que aunque Sivilino Ul Secue y John Jairo Mayorga Suárez, van a estar en un patio del INPEC, ellos quedan bajo vigilancia, control y seguimiento de las autoridades indígenas. De todos modos, las investigaciones sobre los demás asesinatos ocurridos en los últimos años contra el pueblo Nasa, seguirán avanzando y se continuará ejerciendo control territorial contra cualquier actor armado que siga desarmonizando nuestro territorio. 

 
Tejido Comunicación – ACIN