Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Ambos fueron acusados del genocidio de al menos 1.771 indígenas mayas de la etnia ixil, entre los años 1982 y 1983, además de crímenes de guerra contra la población civil indefensa.

 

Casi un mes después, el Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B, a cargo de los jueces Yasmin Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, había recibido cerca de un centenar de testimonios de familiares de asesinados y sobrevivientes de las masacres, que coincidían en relatar los vejámenes a los que fueron sometidos por miembros del ejército guatemalteco, bajo el mando de Ríos Montt, en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas, así como de decenas de peritos. El juicio había acaparado atención mundial y se habían generado grandes expectativas de que, por fin, la justicia sería posible luego de 30 años de ocurridos los hechos y más de 17 años después de haber finalizado el conflicto armado interno. Paralelamente, los principales medios de comunicación difundieron opiniones contra el juicio, por parte de sectores afines a los militares, y el propio Presidente de la República expresó públicamente que el proceso judicial podía ser contrario a la paz.

 

Sorpresivamente, el 18 de abril, el curso del proceso fue interrumpido por una decisión de la jueza del Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo A, Carol Patricia Flores, que ordenaba regresar el caso a su despacho para subsanar un trámite judicial pendiente de la fase intermedia del proceso, en cumplimiento de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que amparaba a Ríos Montt para que se recibiera una prueba presentada por sus defensores. En esa misma semana, la Corte de Constitucionalidad resolvió otros dos amparos relacionados con violaciones del debido proceso en el mismo proceso. En ninguna de estas sentencias el máximo tribunal ordenó la anulación del proceso, como fue anunciado por algunos medios de comunicación.

 

Tras casi dos semanas de inactividad, el día de hoy, 30 de abril, los jueces Barrios, Xitumul y Bustamante reanudaron las audiencias orales y se espera que en los próximos días concluyan los debates y se dicte la sentencia. 

 

Por su parte, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia tienen aún bajo su conocimiento múltiples recursos interpuestos tanto por la Fiscalía General como por los abogados defensores y los querellantes, que deberán resolver en los próximos días y que podrían cambiar el rumbo del juicio.

 

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), ante estos acontecimientos:

 

1. Celebra la continuación de la etapa oral del juicio y expresa su confianza en que se pueda llegar a una sentencia sin más demoras que pongan en peligro el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva, después de tres décadas de esperar una respuesta del Estado.

 

2. Hace un llamado a la Corte de Constitucionalidad y a la Corte Suprema de Justicia, para que le den máxima prioridad al examen y resolución de todos los recursos pendientes que pudieran retrasar o paralizar nuevamente el proceso de juicio oral en el presente caso, que ya ha avanzado considerablemente. 

 

En particular, DPLF recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Mack Chang y Masacre de las dos Erres, afirmó que el Estado de Guatemala está obligado a velar porque el amparo no se transforme en un mecanismo para “paralizar la justicia”, al dilatar los procesos judiciales, y no opere con una lógica abusiva y contraria a aquella para la cual fue creado. El amparo no debe utilizarse para afectar la celeridad y la debida diligencia judicial en perjuicio de las víctimas. 

 

3. Expresa su preocupación por las declaraciones públicas de ex militares y de miembros de otros sectores de la población, en el sentido que este juicio riñe con la paz. Estas expresiones pretenden deslegitimar la justicia como un medio para asegurar la verdad y la reparación de las víctimas y crean un ambiente de 

presiones que atenta contra la independencia judicial. La sanción de los responsables y el conocimiento de la verdad judicial e histórica de los hechos del pasado no ponen en peligro la paz; por el contrario, convergen con las aspiraciones de los Acuerdos de Paz, tal como lo han sostenido reiteradamente órganos 

intergubernamentales y organizaciones internacionales. Por otro lado, la experiencia comparada demuestra que una paz sin justicia y sostenida en el olvido y la impunidad no es una paz duradera. 

 

4. Expresa su preocupación por la información errónea difundida por diversos medios de comunicación, en el sentido que el juicio había sido anulado, y que en la práctica debía volver a empezar. La información inexacta contribuye a generar un ambiente de confusión y desesperanza para la sociedad y de presión 

indebida para los funcionarios judiciales.

 

5. Señala que de acuerdo al derecho internacional, los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar el genocidio, delito de extrema gravedad y con devastadoras consecuencias para las víctimas y la comunidad nacional e internacional.

 

El delito de genocidio no admite la aplicación de figuras como la prescripción o la amnistía ni de otras figuras que impidan su efectiva persecución penal. Desde sus orígenes, el derecho internacional de los derechos humanos ha calificado el genocidio como un delito de derecho internacional que debe ser sancionado 

eficazmente. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por Guatemala en 1950, explícitamente establece la obligación de los Estados de castigar a los que cometen crímenes de genocidio.

 

6. Recuerda que a lo largo del continente, varias cortes constitucionales y penales han avanzado en el juzgamiento efectivo de crímenes internacionales. Dado que este es el primer juicio por genocidio contra un ex mandatario, Guatemala tiene la gran oportunidad de demostrar la independencia de su poder judicial, su 

compromiso para saldar sus deudas con el pasado, reconstruir su historia, reivindicar los derechos de las víctimas y evitar la repetición de tan aberrantes crímenes.

 

30 de abril de 2013

Washington DC, Estados Unidos

Para mayor información puede contactar a Leonor Arteaga al correo larteaga@dplf.org

http://www.dplf.org/sites/default/files/dplf_comunicado_juicio_por_genocidio_contra_rios_montt_guatemala_30_abril_2013.pdf?utm_source=Rios+Montt+genocide+trial+resumed+&utm_campaign=AG+OAS+email&utm_medium=email