Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

“Pero qué aficionados son a gobernar lo público los que todo lo quieren privatizar” (1). La salud es demasiado importante en la sociedad como para dejarla únicamente en manos de médicos y de profesionales, y mucho menos en manos de economistas y financistas. Mucho menos en manos de industriales o de gobernantes de profesión. El tema de salud-enfermedad es particular por varias razones. La primera es que no se puede manejar con afán de lucro, la salud del ser humano no se puede manejar con economía capitalista porque ningún interés pecuniario debería estar por encima del beneficio del enfermo. Si se maneja o se administra con afán de lucro muchos pacientes pueden morir, enfermar más de lo que están, o no recuperarse.

 

 No es lo mismo vender relojes que vender servicios de atención médica. Ningún comprador de relojes ha vivido ni vivirá jamás el famoso paseo de la muerte. 

 

La segunda es que tampoco se puede manejar con ciencia estricta, positivista, porque el ser humano no es un cuerpo inerte, como una máquina, sino que está atravesado por el lenguaje y por la subjetividad, y de ellos el neopositivismo sabe muy poco. Está rodeado e inundado de componentes no visibles, no medibles, pero reales: el inconsciente, las emociones como el miedo y el amor, interacción con el entorno, el espíritu, la mente, el alma. Una gran racionalidad es necesaria pero debe hacer énfasis en la significación y en la interpretación para ser resolutiva.

 

Por estas razones, proponer cambios al “sistema de salud” implica valoraciones que no siempre son fáciles de reconocer. La propuesta de reforma generada por el Gobierno y en trámite actual en el Congreso, con altas probabilidades de aprobarse dada la organización y las alianzas políticas que ha logrado, demuestra el alto grado de confusión, pero también de intereses que hay detrás de tales propuestas. Esas proposiciones parecieran desconocer –o pretenden hacer olvidar– que el tema salud-enfermedad está sujeto hoy a los intereses de grandes y poderosas corporaciones farmacéuticas, aseguradoras, y hospitalarias que han encontrado allí un campo de explotación económica, y que ese interés está en conflicto permanente e inevitable con la salud de la población. Proponer  un maquillado sistema para la distribución de productos farmacéuticos y biomédicos a través de médicos y hospitales que son auditados por terceros gestores, todos ellos con intereses pecuniarios en la enfermedad, es un peligro para la salud.

 

La medicina actual está atravesando por una de sus épocas más grises, en medio de sus eufóricos avances, una vez que ha sido cooptada por la industria y por todo tipo de empresarios ambiciosos y diligentes, hasta convertirla en una simple estrategia de mercadeo para la distribución de sus mercancías. La medicalización de la vida ha sido el camino más efectivo para ese propósito porque ha victimizado a toda la sociedad. Sus resonados logros tecnológicos han nublado la visión y hecho crecer las viejas ilusiones. Y sobre todo ha hecho creer a los más desposeídos y desprevenidos que todo lo que produce la industria y distribuyen los médicos boticarios es científico y bueno para la salud. Pero la medicina de hoy no es ave de libre vuelo, está atada. Todo médico lo sabe, con miedo.

 

Hay mucha gente que se está empobreciendo por esa “medicina”. Se calcula que  100 millones de personas en el mundo, al año, se empobrecen por los gastos sanitarios (1). Justo en Estados Unidos (EEUU), la matriz de esta estrategia,  “el 60 % de las personas que acaban en la bancarrota se debe a que se arruinaron por el elevado precio de los servicios médicos” (1). No tenemos cifras consolidadas en Colombia, pero está sucediendo lo mismo, tanto con las familias, como con el Estado. El problema es mundial. El famoso plan de “beneficios” para la atención de enfermedades, Plan Obligatorio de Salud (POS), no debería hacer parte de esa lógica de consumo, pero es lo que se hace con la propuesta de marras. Hay tanta oferta hoy que la gente no cubrirá todos los gastos posibles con el pago de su POS, ni el Estado podrá soportarlo.

 

Desmedicalizar la vida resultaría, por lo tanto, más barato para las familias y para el Estado, aunque muy costoso políticamente para este último. Los servicios de urgencias están colapsados también por trastornos sencillos, porque la gente delegó todo asunto de salud y enfermedad en el médico. La gente no solo está enferma, también está medicalizada, es decir, asustada e ilusionada.

 

Es un imperativo ineludible empoderar la capacidad resolutiva y auto curativa del individuo, de la familia, de la escuela, de las empresas, y después, del médico general. Se descongestionaría todo el sistema médico, los servicios de consulta y los de urgencia, que hoy están a reventar. La demanda de especialidades y sus gastos disminuirían. No es la salud humana la que se hizo más difícil, la salud humana es la misma, pero la medicina es otra, se hizo cada vez más complicada, industrializada y con múltiples y poderosos actores e intereses.

 

La atención primaria en salud, una estrategia que sería de gran provecho para la humanidad si la medicina no estuviera encadenada, es apenas parte de un buen sistema de atención médica. Un buen sistema de atención médica y de seguridad social es apenas parte de un buen sistema de salud. Un buen sistema de salud es apenas una expresión de la democracia, pues como dijo Virchow: “La mejora de la medicina alargará la vida humana, pero la mejora de las condiciones sociales permitirá lograr ese fin más rápidamente y con mayor éxito… La receta se puede resumir así: democracia plena y sin restricciones” (1). En otras palabras, el derecho a la salud es el derecho a una vida saludable y “no puede existir aislado de otros derechos civiles, políticos y económicos, que no pueden separarse entre sí” (1).

 

Coinciden en el panorama actual de la atención médica en Colombia la negación de servicios con la picaresca contratación de profesionales: una vergüenza de dos decenios, que produce síndrome de burnout y explotación del trabajador de la salud, obligándolo a anteponer el interés de su compañía (hospital o aseguradora) sobre el interés del paciente. Con el argumento de evitar la quiebra financiera de las entidades, de garantizar su sostenibilidad, han mantenido ese modelo explotador del trabajo médico. Un modelo que en las instituciones públicas sirve, además, para el clientelismo político.

 

El neoliberalismo es un peligro para la vida en todas sus expresiones, no solo la humana. Erradicarlo, por lo menos en salud y para empezar, es otro imperativo de supervivencia global elemental. Los grandes países capitalistas, con la muy entendible excepción de EEUU, lo han resuelto con un modelo de atención médica de financiación pública y prestación universal, no neoliberal, como se ve en el documental Sicko, de Michael Moore.

 

La experiencia de privatizaciones que hemos vivido en Colombia en los tres últimos decenios ha sido aleccionadora. Por ejemplo, el caso más extremo de privatización en salud no son las EPS, es el sistema de la llamada “medicina prepagada”, justo el que quieren reforzar con la propuesta del Gobierno. En Colombia, poco más de un millón de personas tiene  ese servicio, pagando altas sumas de dinero adicional al pago obligatorio. A sus servicios de consulta va una gente tan linda, tan elegante y tan sofisticada, a diferencia de los servicios del régimen subsidiado y algunos del contributivo, que uno se tiene que preguntar: ¿a qué van? No parecen enfermos. No están enfermos. Si estuvieran muy enfermos no los habrían afiliado. Pero si deben estar muy asustados. O tratando de “recuperar la inversión”. Sus buenos recursos económicos les permite ampliar el contenido del POS pagando esas pólizas adicionales, “prepagadas”, que las conciben como una inversión que hay que recuperar consumiendo productos de la industria, incluso sin necesidad. Da mucho estatus estar visitando especialistas de renombre, en lujosos consultorios, tomando pastillas último modelo, haciéndose exámenes raros e innombrables. Si invierto ese dinero cada mes pagando la póliza tengo derecho a exámenes, medicamentos y especialistas, y de lo mejor. Todo esto está diseñado para que el paciente con buena capacidad adquisitiva termine aceptando pasivamente las ofertas de la industria, sin otra opción que consumir.

 

Pero, las prepagadas y los planes complementarios no son necesarios. Ni para el Estado, ni para el individuo. Se trata solo de un buen negocio para los inversionistas, no para los afiliados. Estos deberían utilizar su dinero para vivir mejor, hacerse más sanos y aprender a cuidarse mejor. Si se persiste en utilizar esos servicios, el cliente debería ser consciente entonces de que se va a someter a la aplicación drástica de criterios empresariales de eficiencia, rentabilidad, productividad y distribución de mercaderías que deben ser pagadas con la pecunia propia, no con los recursos públicos. Una vez inmerso en ese comercio, no debería culpar al Estado de las probables complicaciones por los efectos adversos.

 

En el sistema público eso es bien distinto. Lo que sí es necesario, y para todo el mundo, es un modelo de atención médica público, sin la presencia de intermediarios, otro invento de negociantes. La recién creada EPS Mixta (pública y privada) para Medellín y Antioquia es totalmente innecesaria, no se requiere ningún intermediario, ni público, ni mixto, ni privado. Metrosalud, la Empresa Social del Estado de la ciudad, tiene la red suficiente para atender a la población subsidiada y el Departamento de Antioquia también la tiene. Las dos direcciones territoriales pueden garantizar el servicio. La única razón que justifica su existencia es la normatividad vigente, el modelo de seguridad social actual.

 

Colombia debería contar, y tiene cómo dada la actual financiación, con un sistema de atención médica público, universal, de alta calidad y competitivo, intercultural, sin planes de beneficios discriminatorios entre contributivo y subsidiado, con prestadores públicos y privados, sin ningún tipo de intermediación. Y otro sistema privado, voluntario, complementario, que ya existe (las actuales prepagadas), vigilado por el Estado, para que el negocio con la enfermedad tenga también algún espacio en el país para esos emprendedores y para ese millón de colombianos que así lo deseen y tienen con qué, y están medicalizados, con hospitales 5 estrellas, con súper especialistas, súper exámenes, súper medicamentos y súper cirugías estéticas e innecesarias.

 

La Interculturalidad deberá ser un presupuesto básico de ese nuevo sistema de atención,  que reconozca la libertad terapéutica, incluyendo medicina convencional, alternativa, chamánica-ancestral, que respete la diversidad cultural del país, que incluya además nuevos paradigmas médicos, garantizando el fomento de la investigación en los niveles básicos de atención, pero no para distribuir allí productos industriales, sino para empoderar la salud.

 

Debe incluir también una política de producción nacional de medicamentos genéricos, que libere  al país de las multinacionales farmacéuticas y al médico de su avalancha mensual, con fácil acceso, y produciendo los de comprobado beneficio y sin restricciones de patentes, y que no se deje llevar por las prometedoras innovaciones que luego serán retiradas del mercado por peligrosas. Las aseguradoras no son las únicas que se están enriqueciendo con la enfermedad de la gente: las multinacionales farmacéuticas también y en mayor medida. Y la industria biomédica en general. Y algunos hospitales privados y centros de ayudas diagnósticas. En Medellín se duplicaron todos los prestadores privados: el negocio tiene que estar bueno, nadie crece perdiendo.

 

Ese nuevo modelo debe desarrollar una política para controlar los grandes medios de información, para que sean educativos y para que no asusten, ni enfermen a la gente. Controlar sus novelas y sus noticieros. Que empodere la educación para la salud en el sistema escolar y universitario, no para el miedo, sino para aprender a mantenerse sano. Los actuales programas “educativos en salud” en los noticieros de televisión están hechos para eso, para  asustar: las personas los ven al mediodía y en la tarde están yendo a consulta médica, a pedir exámenes, aunque estén asintomáticos, porque para eso tengo un seguro.

 

La formación médica debería ser sometida a cambios de fondo, que borren en el imaginario colectivo la ilusión de la medicina como trampolín a la riqueza y al poder, garantizados por la mera habilidad para la distribución de sofisticados productos industriales. Erradicar el modelo de aprendizaje que requiere especializaciones cada vez más reducidas y enfocadas en los fenómenos biológicos de la enfermedad, en el paradigma biomédico impuesto por el complejo médico industrial mundial, en el neopositivismo y en la medicalización, serios obstáculos para la humanización de la medicina.

 

La salud de los colombianos precisa igualmente de acuerdos de paz pronto con cualquier actor violento. Ello redundará en menos muerte, mutilación y enfermedad por la violencia, y en disminución de la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia que provoca.

 

También precisa de trabajo decente, según las indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que sea garantía de salud y también de atención a la enfermedad. Un trabajo formalizado y un ingreso adecuado y estable para toda la población mejorarán la capacidad de financiación del sistema y los índices trazadores en salud. Un trabajo decente debe ejercer un verdadero control de la accidentalidad y del riesgo laboral, que enferman a una gran proporción de los trabajadores.

 

El alto costo en la construcción de más centros privados de ortopedia y neurocirugía, un negocio próspero que crece en las ciudades con absoluta irracionalidad económica, podría contenerse si el país, en ese nuevo modelo, pudiera contar con una política de control de la accidentalidad vehicular, que también crece irracionalmente a la par de la venta irracional de vehículos que se movilizan en los mismos sistemas de antaño. Miles de lesionados y de muertes anuales deberían causar ya algún asombro.

 

Concebir seriamente la Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad implica cambios serios en los paradigmas vigentes. La actual política de Estilos de vida saludable está empoderada, pero también empobrecida y se podría resumir así: “No fumes, y si no puedes, fuma menos; sigue una dieta equilibrada, come mucha fruta y verduras; mantente físicamente activo; si bebes alcohol, hazlo con moderación; protégete del sol; practica sexo en forma segura…” (1). Guardando verdadera coherencia con los anteriores mandamientos habría que incluir también, para enriquecerla, para lograr salud, las siguientes prescripciones: “No seas pobre, pero si lo eres, deja de serlo, y si no puedes, intenta no ser pobre demasiado tiempo; no vivas en una zona deprimida y pobre, pero si vives en ella, ve a vivir a otro lugar; no trabajes en un trabajo estresante, mal pagado, y con un trabajo de tipo manual; no vivas en una vivienda que sea de mala calidad, ni seas una persona “sin techo”…” (1).

 

El Gobierno Nacional está equivocado. El problema no es técnico, ni normativo, ni financiero, es político. Ha motivado sus actuales propuestas de reforma con el argumento de que se trata de organizar el flujo de los recursos, y ha puesto en la tarea a tecnócratas financieros y economistas que solo ven esos aspectos en el fenómeno salud-enfermedad y viven con la ilusión de que con ello Colombia tendrá “un buen sistema de salud”. Dos decenios de aplicación contundente de neoliberalismo en el sistema sanitario han dejado sus ganancias a los inversionistas, aparte de muchas muertes evitables y complicaciones, pero también lecciones, que no las quieren aprender ni ellos, ni los gobernantes: enriquecerse porque otro se enferma es grotesco e inmoral, negar un servicio que pudiera aliviar el dolor o evitar la muerte es un crimen, entregar los recursos públicos para que agentes privados se enriquezcan mientras incumplen su misión es grotesco, inmoral y criminal, por decir lo menos. El único que debe y puede tener un serio interés en la salud de la población es el Estado.

 

Colombia no requiere una reforma a su sistema de salud, requiere uno nuevo, humano, independiente de la industria, apoyado en ciencia e investigación autóctonas, respetuoso de la diversidad cultural, que permita superar la desigualdad social, y que logre salud.

 

Referencia: Benach J, Muntaner C, Tarafa G y Valverde C. La sanidad está en venta. Y también nuestra salud. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2012. (p 42, 43, 50, 31, 26-27, 37, 37-38)

 

Edición N° 00353 – Semana del 31 de Mayo al 6 de Junio de 2013

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