En la histórica Reunión Ministerial de Países Afectados por Transnacionales realizada a finales de abril 2013 en Guayaquil/Ecuador, se ha iniciado un proceso regional e incluso global de gran importancia para construir un orden financiero internacional alternativo al actual de naturaleza neoliberal y destructiva de la soberanía nacional.
 

 
Convocada por los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y con la asistencia de otros representantes de gobiernos latinoamericanos, algunos con carácter de observador, se actualizó el análisis de la naturaleza e impacto que tienen los Tratados Bilaterales de Inversión, los tribunales del régimen de resolución de disputas entre inversionista y Estados, y se adoptaron importantes acuerdos estratégicos de acción regional e internacional.
 
Antecedentes. La instrumentación del orden neoliberal de inversiones fomentó la tratados bilaterales de inversión (TBI) y los capítulos de inversión (CI) de los Acuerdos de Libre Comercio. Se contabilizan más de 3 mil TBI, y más de una centena de CI. La característica central de estos tratados es el establecimiento de derechos abusivos a los inversionistas privados, incluyendo la facilidad de demandar a los Estados por causas absurdas ante tribunales cuasi-privados y secretos proclives a favorecer a las empresas por sentencias multimillonarias, que hoy amenazan la propia soberanía de decenas de países.
 
Un recuento incompleto de 211 casos acumulados ante el tribunal del CIADI, al año 2011, indica que 52 porciento del total, son casos de demanda contra gobiernos latinoamericanos (Argentina con 51, Venezuela con 25, Ecuador con 23, México con 19 y Bolivia con 9).
 
La necesidad de construir un régimen alternativo financiero, desde los movimientos sociales tiene raíces de más de dos décadas en las Américas, destacadamente desde las propuestas de la ASC, y se ha convertido hoy en demanda social y académica global como alternativa a la crisis mundial.
 
Acciones. Ante el brutal impacto de multimillonarias demandas empresariales sobre los recursos presupuestales dedicados a atender necesidades sociales básicas, como de la gravedad de su uso como mecanismo permanente de amenaza política y de restricción inaceptable del papel y espacio político que son potestad y garantía de la soberanía de los Estados nacionales, se ha iniciado un proceso gubernamental de denuncia de TBI, con especial énfasis en el tribunal del CIADI.
 
Las acciones gubernamentales de abandono de las viejas reglas e instituciones de inversiones, iniciadas por la salida de Venezuela, Ecuador y Bolivia del CIADI, se ha manifestado con diversas formas en otros continentes por parte de Sudáfrica, India y Australia, y empieza a ganar espacio en muy diversos espacios institucionales.
 
En este contexto, se está produciendo una potencial convergencia de acciones y propuestas entre movimientos sociales y acciones alternativas gubernamentales.
 
Propuestas a partir de la iniciativa de gobiernos denunciantes del CIADI:
 
1.      Respaldamos el acuerdo de la Cumbre Ministerial que crea un Observatorio Internacional sobre las Transnacionales y los Tratados Bilaterales de Inversiones. Planteamos nuestra voluntad de participar decididamente en la concreción de esta iniciativa.
 
2.      Saludamos la iniciativa del Gobierno de Ecuador de establecer una Comisión que realice una Auditoría Integral Ciudadana de los TBI suscritos por Ecuador y el Papel del CIADI. Desde la Alianza Social Continental le señalamos al Gobierno Ecuatoriano nuestra disposición de participación activa y plena en este proceso tal como lo ha solicitado.
 
3.      Saludamos estas iniciativas gubernamentales y su convergencia con las históricas propuestas de los movimientos sociales para construir un régimen financiero internacional alternativo.
 
4.      Vemos con interés el proceso de UNASUR de elaboración de una iniciativa propia de arbitraje que supere la lógica dominante neoliberal del arbitraje internacional inversionista/Estado.
 
5.      LaCampaña contra las Trasnacionales, de la cual la ASC es parte, es un marco propicio para articular esfuerzos ciudadanos en la campaña de socialización y concientización sobre la importancia de modificar la política de inversiones, sus instrumentos e instituciones.
 
6.      Llamamos al conjunto del movimiento social a la lucha por el desmantelamiento del actual sistema de arbitraje internacional y que abra paso a un régimen alternativo de inversiones que garantice la defensa de los derechos de nuestros pueblos y estados.
 
Bogotá, Colombia, 2 de junio de 2013
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