Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El departamento del Cauca, región diversa e interétnica donde comunidades afros, campesinas e indígenas comparten territorio, recibió el pasado martes 16 de julio en las instalaciones del Colegio Fernández Guerra del municipio de Santander de Quilichao, a la delegación de Derechos Humanos de la ONU y entre ellos Navy Pillay, alta comisionada de los derechos humanos. 

 

En este espacio el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, a nombre de las comunidades indígenas del Cauca, como también representantes de organizaciones campesinas y de comunidades afros del departamento, expresaron ante los representantes de la ONU y Navy Pillay alta comisionada de los derechos humanos, los diversos hechos violatorios a los derechos humanos y territoriales  que se presentan de manera constante en las comunidades campesinas indígenas y afros del departamento del Cauca.

 

El consejero mayor del CRIC, Eduardo Camayo, mencionó como una de las principales acciones violatorias de los derechos humanos y territoriales las políticas extractivitas de recursos que se están impulsando desde el gobierno nacional, la implementación de la locomotora minero energética, está desconociendo los derechos territoriales de las comunidades, está acabando con el territorio, contaminando los recursos como el agua y desequilibrando la producción tradicional en los territorios indígenas

Añadió como otra gran amenaza que se evidencia frente a la garantía de los derechos humanos y territoriales, el conflicto armado. Situación que no cesa en las comunidades, aunque en la actualidad los actores en conflicto estén hablando de paz en la Habana. Denunció la constante militarización de los territorios indígenas y los sitios sagrados por parte de la fuerza pública y también de la guerrilla, las amenazas, señalamientos, asesinatos y masacres cometidos por ambos actores son una muestra de la grave situación que se vive en el tema de los derechos humanos. Mencionó como casos puntuales los hechos ocurridos en Caldono – Cauca, donde integrantes de la brigada 29 del ejército asesinaron a un comunero, situación similar ocurrió en Tierradentro con la brigada 32 del ejército nacional. Frente a las confrontaciones armadas, planteó que son una de las mayores causas de desplazamiento interno y externo de las comunidades. El conflicto armado es una situación que nos coloca en permanente emergencia y pone en riesgo al territorio. No permite el buen desempeño y fortalecimiento de las comunidades indígenas y el proceso organizativo. Mencionó Eduardo Camayo, consejero mayor del CRIC.

De igual manera desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, manifiestan con preocupación que el norte del Cauca al ser declarada zona de consolidación territorial, esto representa mayor militarización del territorio y pone en mayor riesgo a las comunidades por el conflicto, generando una crisis humanitaria en las comunidades. También denuncian con preocupación el riesgo que enfrentan los menores de las comunidades con el reclutamiento e involucramiento a los grupos armados.

Mencionan las graves violaciones a los derechos de las mujeres, cometidos por la fuerza pública y la guerrilla como involucramiento y utilización en el conflicto, amenazas, violaciones y asesinatos. Otra situación específica que se presenta en el norte del Cauca es la judicialización de líderes y comuneros que exigen sus derechos a través de las movilizaciones, mencionan que en la actualidad existen 42 líderes y comuneros judicializados, acusados de rebelión, de los cuáles 4 de ellos ya han sido retenidos, entre ellos Manuel Bautista Pequí, coordinador de la guardia indígena de la ACIN.

El consejero de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, expresó la preocupación desde la organización nacional por las reiteradas acciones violatorias de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional, mencionó la situación de confinamiento del pueblo Awa y el asesinato del gobernador Jhon Albeiro Chapal el pasado domingo en Puerto Caicedo – Putumayo. Del mismo modo planteo el desacuerdo por las manifestaciones del presidente Santos frente a la no renovación del mandato de observación de la ONU en Colombia, dijo que no es aceptable esta determinación ya que Colombia es un país que está en medio del conflicto y diariamente se comenten muchas violaciones frente a los derechos de los pueblos y aunque el presidente mencione que se han tomado medidas efectivas, esto no se refleja en las comunidades de los territorios. Finalmente el consejero de los derechos humanos de la ONIC, mencionó desacuerdo frente a la implementación del fuero militar, ya que desde la fuerza pública se han cometido diversas violaciones de los derechos humanos y territoriales, con el fuero militar las infracciones a los derechos de los pueblos van a aumentar y lo peor es que también aumentara la impunidad.

Por su parte las comunidades afros manifestaron a la comisión de derechos humanos, que visitó el norte del Cauca, que la principal problemática que padecen es la falta de acceso a los territorios colectivos, el desplazamiento de las comunidades afros a causa del conflicto, la explotación minera por parte de multinacionales donde el mismo gobierno nacional ha ordenado el despojo de las comunidades como es el caso del cerro la Teta en Buenos Aires – Cauca y los emporios azucareros con el monocultivo de la caña de azúcar por lo cual han desplazado y arrebatado los territorios ancestrales afros. Otra gran amenaza a la garantía de los derechos humanos que exponen los representantes de las comunidades afros es el desconocimiento de los derechos fundamentales como la vida, esto lo mencionan debido al aumento de homicidios de jóvenes en Puerto Tejada desde el año 2001 y el feminicidio, ya que en los últimos meses han sido asesinadas siete mujeres lideresas afros.

Las comunidades afros también padecen las consecuencias del conflicto armado, en los municipios de Suarez, Morales y Buenos Aires – Cauca, se viven permanentes confrontaciones que ponen en riesgo la vida de sus habitantes, los territorios se encuentran militarizados y minados, convirtiendo así a las comunidades en objetivo militar y limitando la posibilidad de llegar a sus parcelas a cultivar. De igual manera mencionan con preocupación el aumento de los cultivos de uso ilícito lo que está desplazando la producción de cultivos tradicionales, las fumigaciones están matando el territorio y los cultivos de pan coger. 

Otra preocupación que plantean los líderes afros, frente al territorio es la expedición de títulos para explotación minera en territorios afros sin consulta previa. Finalmente denuncian con gran preocupación la construcción de una hidroeléctrica en el río Patía por ISAGEN de Medellín, temen por las consecuencias que este tipo de proyectos genera en los territorios como ha sido el caso de la represa la Salvajina en Suarez – Cauca, de igual manera mencionan el desacato del Estado colombiano frente a la tutela fallada por la corte constitucional a favor de las comunidades afro de la toma Suarez frente a los derechos territoriales.

Por otro lado los líderes campesinos también presentaron sus denuncias ante la alta comisionada de los derechos humanos, expresaron su preocupación por la falta de acceso a la tierra ya que la tierra que poseen las familias campesinas no suma ni media hectárea, mencionan las afectaciones que está generando la explotación minera en los territorios alterando y disminuyendo la vocación agrícola. En Almaguer se ha concesionado el 80% del territorio para la explotación minera, generando desplazamiento de las comunidades campesinas, también se ha generado contaminación de tres ríos importantes. Exponen las afectaciones del conflicto en las comunidades campesinas a través de las infracciones de sus derechos, el desplazamiento de las comunidades como ha sido el caso del municipio de Argelia – Cauca, las judicializaciones de las que han sido objeto algunos líderes campesinos que se han movilizado en exigencia de la constitución de las reservas campesinas. Plantean el incumplimiento de los pactos sociales acordados con el gobierno nacional y la necesidad de tener la palabra como campesinos de manera directa en los diálogos de paz.

Una representante de la Asociación campesina del Catatumbo, denuncia la falta de atención del gobierno nacional a la crisis humanitaria que se presenta actualmente en el Catatumbo, el asesinato de cuatro campesinos por la fuerza pública en las actuales movilizaciones en Ocaña, también denuncia los múltiples asesinatos de campesinos en esa región cometidos por los paramilitares, los falsos positivos, desplazamientos, amenazas y desapariciones, como también la falta de inversión y apoyo para la producción en estos territorios

Otra gran preocupación que plantean los líderes campesinos es la crisis en la producción agropecuaria nacional y los efectos negativos para el sector agropecuario con la firma de los TLC, mencionan el incumplimiento del gobierno nacional frente a los acuerdos con los productores cafeteros y anuncian una nueva movilización para el próximo 19 de agosto, esta vez de todo el sector agropecuario en exigencia de replantear el modelo económico y productivo del país.

Ante las denuncias presentadas, los indígenas, afros y campesinos del Cauca plantean ante la alta comisionada de la ONU, las siguientes propuestas

• Protección y aplicación de acciones legales y efectivas frente a la garantía de los derechos humanos y territoriales. 

• Seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno nacional con los pueblos indígenas y los diferentes sectores sociales

• Veeduría frente a los procesos de judicialización contra los líderes y personas de los diferentes territorios y organizaciones

• Acompañamiento y garantía para el ejercicio del liderazgo de las mujeres en los procesos organizativos

• Enfoque preferencial frente a la exigencia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, afros y campesinos. 

• Implementación de un plan de protección frente al ejercicio del control territorial, donde se priorice el fortalecimiento de la guardia indígena en los territorios indígenas como cuidadores milenarios del territorio.

• Espacio de debate con la guerrilla de las FARC para la exigencia del respeto a los derechos de las comunidades. 

• Participación efectiva de los sectores sociales en los en los diálogos de paz.

• Permanente veeduría en Colombia de las instancias internacionales defensoras de los derechos humanos ante la inoperancia del gobierno Colombiano.

• Adopción de las comunidades afro colombianas como pueblos, para mayor garantía de sus derechos. 

• Código minero especial para las comunidades afros, teniendo en cuenta su derecho ancestral de explotación artesanal. 

• Aplicación plena y efectiva del auto 005 en el Cauca. Plan de salvaguarda de las comunidades afro colombianas.

• Reconocimiento y legalización de los títulos colectivos de los consejos comunitarios afro descendientes.

• Atención inmediata a la crisis humanitaria que se vive en las diferentes comunidades a causa del conflicto armado.

• Reconocimiento de campesinos como campesinos, no la estigmatización de guerrilleros. Respeto y garantía de sus derechos como campesinos.

• Implementación de la declaratoria de los derechos de los campesinos y las campesinas que actualmente cursa en la ONU. 

• Reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos. 

• Parar la erradicación forzada y las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito e inversión en el campo para la producción agrícola diversificada.

 

Por su parte Navy Pillay alta Comisionada de las Naciones Unidas proveniente del sur de Sudáfrica, manifestó gran preocupación ante las denuncias presentadas, sobre todo por la situación de los civiles en medio del conflicto armado, los desplazamientos, amenazas y asesinatos. Menciono que desde la ONU se han realizado varias recomendaciones a Colombia frente a la protección de los derechos humanos, como también ha sido exigencia de diversos tratados y organizaciones internacionales que han levantado su voz frente a la situación de los pueblos en Colombia. Resalto la valentía y los esfuerzos de las comunidades por mantenerse en sus territorios y continuar exigiendo el respeto de sus derechos. Mencionó las diferencias que se pueden tener como pueblos y llamo a unificar y fortalecer los anhelos en común que son más fuertes. “La unidad es lo que lograra el cambio que necesitan los pueblos de Colombia”, firmó Navy Pillay. Finalmente asumió el compromiso de llevar las denuncias presentadas por los líderes indígenas, afros y campesinos a los gobiernos e instancias responsables de la protección de los derechos humanos.