Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Gobierno, protestas y diálogos de La Habana

Las informaciones que llegan de los distintos sitios de protesta indican que han sido detenidos decenas de manifestantes, que algunos de ellos serán judicializados y que el Gobierno ha dado la orden que sin levantamiento de las protestas no habrá continuación de los diálogos.

Así mismo se señala que los manifestantes han decidido mantener la protesta y que se han presentado  decenas de heridos tanto de miembros de la Policía Nacional como de campesinos y mineros manifestantes. Al tiempo diversos sectores agrarios y campesinos anuncian que mantienen en firme la orden de Paro Nacional Agropecuario para el próximo 19 de agosto. Miles de manifestantes mantienen los bloqueos en la región del Catatumbo y los líderes del movimiento de los caficultores denuncian que los subsidios a los pequeños caficultores no han llegado pues la Federación de Cafeteros que debe hacerlos efectivos no los ha tenido en consideración hasta ahora.

Los motivos de los levantamientos campesinos y mineros son los mismos y se presenta la misma situación que esquemáticamente resumida presenta el siguiente cuadro: se han pactado acuerdos y el gobierno los ha incumplido. En la región del Catatumbo donde el paro ya completa los 46 días el motivo es el incumplimiento de los pactos que se habían hecho en el año 2009 y que contemplaban la realización de una importante inversión social en infraestructura principalmente en salud, educación y en vías de comunicación secundarias y terciarias y en el estudio y delimitación de una zona de reserva campesina que debería adelantarse por los organismos competentes del Ministerio de Agricultura.

Allí la oposición parece provenir del Ministerio de la Defensa que sólo concibe zonas de consolidación, erradicación de cultivos de uso ilícito y lucha contra la presencia de grupos subversivos que actúan en esa región desde los años 80 del siglo XX. Los campesinos se han levantado pues la erradicación de cultivos de uso ilícito no está acompañada de proyectos alternativos que les permitan una subsistencia digna. La crisis de la economía campesina está relacionada con los impactos negativos que los Tratados de Libre comercio han traído sobre sus formas tradicionales de producción y las malas condiciones de la malla vial que les impide acceder a los mercados regionales y nacionales para comerciar sus productos.

El levantamiento de los mineros se da por el incumplimiento de los acuerdos nacionales suscritos entre las organizaciones de la minería tradicional y artesanal y el gobierno nacional en diciembre de 2011 y julio de 2012 suscritos para evitar la realización de paros convocados para esas fechas; tampoco se han cumplidos acuerdos regionales suscrito con organizaciones mineras en sitios de minería principalmente artesanal como en los departamentos del Chocó, Caldas, Cauca y Valle del Cauca. La improvisación del gobierno en el tratamiento de la problemática minera es realmente inexplicable. La Corte Constitucional declaró inexequible la ley 1382 de 2010 por no haber realizado la consulta previa con las comunidades indígenas y afros.

El Tribunal Constitucional le dio dos años al gobierno para que presentara y tramitara ante el Congreso de la República un nuevo Código Minero, al no hacerlo, el pasado mes de mayo esta ley dejó de tener vigencia y se regresó al viejo código minero (Ley 685 de 2001). Las autoridades ambientales y mineras son muy débiles pese a que el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad Para Todos (2011-2015) señaló que una de las llamadas en el plan cinco locomotoras del crecimiento era precisamente la minería. Apenas hace dos años se creó la Agencia Nacional Minera en donde según expertos se han nombrado hasta ahora dos directores sin la experiencia para dirigir los asuntos que les competen.

El gran problema aquí es que el gobierno no logra diferenciar la minería tradicional (pequeña e informal) con la minería criminal relacionada con grupos al margen de la ley con lo cual no se logra un tratamiento diferenciado y termina provocando un levantamiento en que se mezclan unos y otros. Es tal la inoperancia de las autoridades del Ejecutivo para proteger los intereses ambientales del país que nuevamente han tenido que ser los jueces los que entran a proteger mínimamente los intereses del país. Justo en el momento en que se realiza el paro minero con marchas, bloqueos de vías y enfrentamientos con la fuerza pública se conoce un fallo de la Corte Constitucional que ordena a la multinacional Drummond adquirir tecnología para la producción y el transporte del Carbón con el propósito de disminuir la contaminación ambiental.

La minería marcha como manga sin hombro. Como lo señala Amylkar Acosta, “ello pone de manifiesto que no solo se depreda y contamina por parte de la minería tradicional y la criminal, sino que también en la gran minería se dan prácticas depredadoras por parte de algunas empresas con el agravante que su impacto es mucho mayor debido a la magnitud de sus operaciones. En todas partes se cuecen habas, por ello, resulta discriminatorio y odioso el doble rasero en el tratamiento de la problemática minera: complacencia frente a las grandes multinacionales e intransigencia frente a la minería tradicional. Mientras los pequeños mineros tienen que recurrir a las vías de hecho para hacerse oír, a las multinacionales les basta recurrir al lobby (no necesitan apelar al bloqueo de las vías públicas para hacer valer sus intereses), máxime cuando éste es favorecido por la puerta giratoria que permite que altos funcionarios del Estado pasen de la noche a la mañana de servidores públicos, de ejercer la inspección, vigilancia y control, a ponerse al servicio de los vigilados y controlados de la víspera”.

El manejo dado por el gobierno a las protestas ha sido del todo inadecuado a nuestro juicio. El primer gran error consiste en criminalizarlas y a renglón seguido darle un tratamiento policivo. Lo primero señalando que las protestas están infiltradas en el caso del Catatumbo por las guerrillas y en el caso de los mineros por las fuerzas de la minería criminal. Es obvio que en uno y otro caso esta presencia puede ser real y de ahí nace entre otras razones la necesidad imperiosa de negociar el conflicto armado que padece el país desde hace ya más de 60 años, pero, y debemos insistir en ello, eso no invalida la justeza de la misma. El gobierno debería entender que el incumplimiento de los acuerdos de hoy generará mañana la insatisfacción y la protesta.

Por ello los esfuerzos de última hora de funcionarios como el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, tienen alcances limitados. Son esfuerzos son válidos pues se trata de lograr acuerdos por la vía del diálogo pero son limitados. Como lo hemos señalado lo que está haciendo agua es un modelo de desarrollo depredador y al servicio de los grandes intereses económicos, de paso este modelo se está llevando la industria nacional, la economía campesina y ahora la minería tradicional y artesanal para favorecer las más de las veces los intereses de las grandes empresas transnacionales. Frente a la problemática cafetera se requiere la puesta en marcha de una estrategia de industrialización y agregación de valor, la producción de cafés orgánicos, y ello requiere la presencia del Estado y la adopción de una política de largo plazo. Los subsidios son apenas parte de una política que debe cambiar el rumbo de la industria cafetera. En esa dirección debería moverse el país.

Frente a la problemática minera se requiere como se ha señalado la definición de una política minera y energética que establezca controles y limites a esta actividad extractiva, que proteja las fuentes de agua y los recursos naturales no renovables y que distinga entre la minería artesanal y la minería ligada a empresas criminales pero al mismo tiempo que establezca condiciones y límites a la gran minería así como una mayor tasa impositiva a las empresas multinacionales dedicadas a esta actividad. Por supuesto que esto requiere una modificación sustancial al modelo de desarrollo en que se busque la satisfacción de las necesidades básicas a las mayorías y no simplemente la acumulación del capital a cualquier costo.

De paso cabría advertir que la criminalización de la protesta y el que se señale que –de manera exagerada- en todos los casos se presenta una infiltración de la guerrilla sobre todo de las FARC, pone en riesgo el proceso mismo de la negociación adelantada en Cuba. A ello habría que agregar que no es la primera vez que tanto el gobierno como la guerrilla contribuyen a deteriorar la imagen de la negociación. La guerrilla porque sobredimensiona su real fuerza y ve en un levantamiento campesino o popular un cambio en la correlación de fuerzas a su favor y el gobierno acude al facilismo de explicar sus fracasos atribuyendo el origen de la protesta a la infiltración guerrillera o criminal.

Esto a nuestro juicio es un espejismo. Las protestas obedecen a reclamaciones justas incubadas por la desatención del gobierno o por la inadecuación de las políticas públicas que protegen intereses limitados y poderosos y no atienden a las necesidades de las mayorías excluidas. Por ello para que la protesta discurra por canales democráticos se requiere entre otros factores la negociación del degradado conflicto armado que padecemos. Hay que insistir en que las partes no deben levantarse de la mesa de negociaciones hasta el logro de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado.

Edición N° 00360 – Semana del 19 al 25 de Julio de 20
Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0360/articulo01.html