“…En los últimos meses y semanas, cuando la acción criminal de militares y paramilitares ha sido intensa, es triste ver cómo las mismas autoridades civiles, como el Gobernador de Antioquia, el Alcalde de Apartadó, el Comandante de la Brigada XVII, utilizan las cadenas radiales para NEGAR todo lo que sucede, alegando que no se han puesto denuncias formales ante el aparato judicial, como ignorando que la Comunidad hace años que dejó de acudir a las fiscalías, procuradurías, juzgados, tribunales y defensorías, luego de comprobar la enorme corrupción con que actuaban y luego de poner esa podredumbre, con multitud de casos concretos, en conocimiento de todas las Altas Cortes del Estado, sin que se hiciera nada para corregir tan vergonzosos y criminales comportamientos…”
Bogotá, septiembre 17 de 2013
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Ciudad
Ref:
Rad: EXT10-00099660 – Noviembre 3/2010
Rad: EXT11-000006335 – Enero 24/2011
Rad: EXT11-00014231 – Febrero 13/2011
OFI11-00007596 / JMSC 33020 – Enero 21/2011
OFI11-00014392 / JMSC 33020 – Febrero 15/ 2011
OFI11-00019116 / JMSC 33020 – Febrero 25/ 2011
Rad: EXT11-00034960 – Abril 11 /2011
OFI11-00036328 / JMSC 33020 – Abril 11 / 2011
Rad: EXT11-00061811 – Junio 28 / 2011
Rad: EXT11-00109596 – Noviembre 15 / 2011
Rad: EXT12-00064927 -Agosto 2 /2012
Rad: EXT12-00089778 –Octubre 17 / 2012
Rad: EXT13-00009186- Febrero 2 / 2013
Rad: EXT13-00035.864 – Abril 16/ 2013
De toda consideración.
Invocando el derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, le solicito encarecidamente, Señor Presidente, de manera urgente, dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1025/07, suministrando los nombres que reiterativamente le he solicitado, y poniendo fin a la barbarie perpetrada de manera sistemática por agentes subalternos suyos, contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la población campesina de su entorno geográfico y social.
En varias ocasiones anteriores le he suplicado acatar la sentencia mencionada de la Corte Constitucional, pero aún el desacato persiste. Espero que la Procuraduría le haya hecho llegar su concepto, según el cual, se está presentando en este caso un auténtico desacato que debe ser avocado por altas Cortes[1].
La Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional no deja ningún lugar a la duda ni en su doctrina ni en sus definiciones resolutivas. En efecto, se apoyó en un análisis extenso y profundo de los fundamentos constitucionales de nuestra solicitud, análisis que ilustró con numerosas piezas jurisprudenciales de derecho interno e internacional, dejando muy en claro su posición, según la cual, de ninguna manera se compadece con los principios constitucionales ni tampoco con principios universales que definen los derechos fundamentales de los seres humanos y las bases esenciales de un Estado democrático, negarse a revelar la identidad de agentes del Estado que han cumplido funciones PÚBLICAS en determinados sitios y fechas.
La Corte Constitucional formuló la pregunta básica a la cual debía responder, así: “¿tienen los ciudadanos el derecho de conocer los nombres, códigos, unidades a las que están adscritos y líneas de mando de los miembros de la Fuerza Pública que participan en determinadas acciones militares o se encuentran en ciertos lugares a determinadas fechas y horas? Y, por tanto, vulneró el Ministerio de Defensa el derecho del actor a acceder a la información que reposa en el Estado, en la medida en que se negó a suministrarle los datos que solicitaba sobre los miembros de la Fuerza Pública que estuvieron presentes en determinadas situaciones no relacionadas con labores de inteligencia?”, a lo cual respondió con la decisión absolutamente clara y contundente de: “REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 23 de junio de 2006, mediante la cual se negó la acción de tutela” (que originó esta revisión y) “en su lugar se concede la tutela impetrada por violación tanto del derecho de acceso a la información que reposa en el Estado, como por violación del derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, decisión que llevaba a la más práctica de: 3: “ORDENA® al Ministerio de Defensa que suministre la información solicitada, y, por lo tanto, indique los nombres de los integrantes de la fuerza pública que se encontraban en los lugares y momentos señalados por el peticionario, así como sus códigos institucionales, las unidades a las cuales están adscritos y su línea de mando”.
¿Qué duda puede dejarle, Señor Presidente Santos, esta ORDEN tan clara de la Corte Constitucional que pueda afectar la validez de mis solicitudes? Si no es clara la orden para Usted, al menos nos puede expresar en qué punto concreto radican sus dudas, para poder hacer la consulta a la Corte Constitucional?
Al hacer explícitas las razones y doctrina que sustentan su decisión, la Corte se refiere así a las negativas dadas antes de la revisión, por parte del Ministerio de Defensa: “la decisión del Ministerio comporta una afectación extrema del derecho a acceder a la información, con lo cual se obstaculiza también la realización del derecho de las víctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparación, y una garantía de no repetición de los hechos que los afectan. Es decir, independientemente de si son inocentes los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres se solicitan, las víctimas tienen el derecho de indagar sobre las circunstancias y los presuntos autores de los delitos y ello significa que pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran que pueden estar implicados”.
La Corte añade que “la determinación del Ministerio de Defensa hace inoperante en este caso el derecho ciudadano a acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado” y explica que “la reserva de las investigaciones no se aplica a los nombres de los investigados sino a las diligencias practicadas” y que en el caso de los miembros de la Fuerza Pública “desde el mismo diseño de los uniformes de la Fuerza Pública se parte de la base de que los nombres de sus agentes deben ser visibles y reconocibles para los ciudadanos. Esto significa que la actividad cotidiana de los miembros de la Fuerza Pública entraña que sus identidades sean conocidas, tal como lo solicita el actor de la presente tutela”.
Después de precisiones y respuestas tan claras a las objeciones planteadas por el Ministerio de Defensa, ¿le queda alguna duda, Señor Presidente, de que al negarse a suministrar los nombres está desacatando una orden de la más alta Corte del Estado, la cual la fundamenta en principios y derechos constitucionales que afectan rasgos fundamentales de un Estado de Derecho?
Los oficios que fueron recibidos posteriormente del Ministerio de Defensa, en los cuales intentaban fundamentar su desacato a la orden de la Corte, esgrimían el argumento según el cual ese tipo de información es “de reserva”. Sin embargo, la Corte examinó exhaustivamente ese argumento en la Sentencia y no lo consideró válido. En primer lugar, para tener el rango de información reservada tendría que estar explícitamente señalada en la Constitución o la Ley, de manera taxativa, lo cual no se da. En segundo lugar, el hecho de ser información de alguna manera relacionada con operaciones militares o de inteligencia o seguridad, esa relación por lógica elemental no se aplica a los nombres sino a los contenidos u objetivos de las operaciones, mientras los nombres, por ley, deben ser de público conocimiento hasta el punto de estar mandado explícitamente que en el mismo uniforme esté escrito el nombre del agente. En tercer lugar, el hecho de estar eventualmente relacionada con investigaciones penales o disciplinarias, la reserva nunca se aplica a los nombres sino a las pruebas, por eso no se viola el debido proceso ni la presunción de inocencia, según la Corte. En cuarto lugar, si existen problemas de seguridad para los agentes por el hecho de ser conocidos sus nombres, esos riesgos no autorizan la violación de los derechos constitucionales y universales implicados en el ocultamiento de los nombres (problema de proporcionalidad y racionalidad según la Corte), y menos cuando se trata de cuerpos armados que tendrían las mayores posibilidades de eludir los riesgos. Todos estos argumentos que expresa o insinúa el Ministerio de Defensa, la Corte Constitucional, en la misma Sentencia los invalida, demostrando a las claras que el argumento de la “reserva” no tiene sustento alguno.
Entiendo, Señor Presidente, que las decisiones de la Corte Constitucional son imperativas para el Gobierno, dentro de la estructura constitucional y legal vigente, y que el Jefe de Estado, al jurar cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo, jura cumplir la Constitución y, en consecuencia, acatar las decisiones de la más alta Corte del Estado. Lógica consecuencia de esto es que, si sus inmediatos subordinados se niegan a acatar las decisiones de la Corte, y de manera contumaz como en este caso, sean destituidos y reemplazados por otros que acaten la Constitución y la ley. Lo contrario llevaría a concluir que el Jefe del Estado avala y patrocina explícitamente el desacato a la más alta Corte y en consecuencia la violación de la Constitución y la Ley. La Corte Constitucional, en su Sentencia SU-1184/01 ha definido el deber de garantía que incumbe al Jefe del Estado, afirmando que si el superior no evita un crimen de lesa humanidad, “por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no el simple incumplimiento de un deber funcional”.
Dado que las respuestas de su despacho, Señor Presidente, se limitan a acusar recibo y a remitir la solicitudes a las instancias que las desacatan de manera contumaz y que, aunque dicho desacato debe ser dirimido por su superior, nominador y garante de los derechos violados, sin embargo no ha sido así, percibiéndose, por el contrario, una omisión que redunda en complicidad y protección al desacato, invoqué el derecho de petición para solicitar a su Asesora y Secretaria Privada, Dra. CARMIÑA BERROCAL GUERRERO, quien suscribe los acuses de recibo y remisión, para pedirle esclarecer los interrogantes levantados por sus escritos, particularmente por el OFI13-000544091/JMSC33010. Le pregunté expresamente si Usted, Señor Presidente, es consciente del desacato que se ha estado dando de la Sentencia T-1025/07 por parte de sus subordinados y si apoya ese desacato, y en la eventualidad de que opine que no se da desacato, con qué razones concretas sustenta su posición y con qué argumentos invalida los de la Corte, tanto en su parte doctrinal como en su parte legal, y cómo explica, si es consciente del desacato, que no tome medida alguna contra aquellos que desacatan la sentencia y que ello no se interprete como un aval al desacato y, en consecuencia, un desconocimiento del Estado de Derecho. Le pedí explicar una afirmación extraña de ella misma, según la cual, el Presidente “no tiene competencia” para corregir los desacatos a la Corte por parte de sus subordinados, afirmación que daría al traste con el Estado de Derecho y que nadie entiende.
Es realmente desconcertante la respuesta de la Asesora Secretaria, Dra. Berrocal Guerrrero, en su Oficio OFI13-00079738/JMSC 33010, pues hay una contradicción transversal que atraviesa todo su escrito, al afirmar en varias respuestas que Usted, Señor Presidente, acata todas las decisiones judiciales y conoce todas sus obligaciones constitucionales, y en otras respuestas evade los hechos concretos de desacato y se niega a explicarlos o se contenta con responder: “desconocemos el contexto de la pregunta”. Es profundamente lamentable que desde el despacho de la primera magistratura del Estado no haya respuestas coherentes a situaciones tan graves que dan al traste con la Constitución y las leyes y que la evasión y la incoherencia sea la única respuesta al afirmar que “el Señor Presidente de la República cumple las decisiones de las Altas Cortes” y simultáneamente se niegue a responder porqué no cumple con una decisión concreta de la más alta Corte.
Pero es curioso que todo este cúmulo de incoherencias y evasiones del citado oficio se remate con la siguiente afirmación: “me permito indicarle que ha sido tal la voluntad del Señor Presidente de la República de acatar el fallo de la Alta Corporación que con el OFI13-00013089 del 8 de febrero de 2013, se le indicó al Director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional que lo más recomendable era dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Juez en la Sentencia de Tutela T-1025 de 2007, del cual me permito anexar copia. Lo que deja sin argumento el cuestionario”.
En efecto, a dicha respuesta venía anexa la fotocopia del citado oficio, dirigido al Coronel JUAN CARLOS GÓMEZ RAMÍREZ, Director de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional, fechado el 8 de febrero de 20013. En dicha misiva, la Secretaria Jurídica de la Presidencia, Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER, respondía negativamente a la petición del Coronel Gómez, quien pedía a la Presidencia “señalar una línea de defensa que involucre a todo el Gobierno Nacional en relación con el caso”, función que, según la Dra. Pardo, no corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia, y consciente de que “se trata del cumplimiento de la Acción de Tutela T-1025 de 2007, en la cual se dieron órdenes a diferentes entidades del Estado, entre otras al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fiscalía General de la Nación”, concluye que “lo más recomendable es dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Juez en la mencionada sentencia de tutela”
Habiendo transcurrido tanto tiempo, Señor Presidente Santos, sin que se haya acatado la sentencia, ahora el gran interrogante que se impone es ¿por qué el Coronel JUAN CARLOS GÓMEZ RAMÍREZ no ha sido destituido, ni tampoco lo ha sido el Señor Ministro de Defensa? ¿No es lógico pensar, Señor Presidente, que seguir tolerando su desacato a la sentencia implica un aval, de su parte, al desacato y al desconocimiento de la estructura jurídica del Estado?
Le ruego, pues, Señor Presidente, revisar el comportamiento de sus inmediatos subalternos y evitar que lo sigan involucrando, mediante la tolerancia, complicidad y omisión, en el desconocimiento de los principios constitucionales.
Al mismo tiempo le solicito, Señor Presidente, que detenga la oleada de barbarie de las brigadas XVII, XI y Móvil XXIV en el área de San José de Apartadó y zonas rurales de Tierralta, Córdoba.
Como podrá ver, al examinar la cronología de los hechos a partir del último Derecho de Petición (el No. 10, radicado en su despacho el 26 de abril de 2013) la cantidad de agresiones contra los integrantes de la Comunidad de Paz y de la población campesina de su entorno geográfico y social, ha sido aterradora, por parte de la fuerza pública y estructuras paramilitares que a todas luces actúan en estrecha unidad con las unidades militares.
Los hechos perpetrados a partir del último Derecho de Petición, son los siguientes
Entre el 19 y el 27 de abril de 2013 el campesino WILLIAM CARDONA estuvo recibiendo constantes llamadas telefónicas de militares, quienes querían siempre controlar su paradero y lo conminaban a que no se moviera de su casa, pues de lo contrario no respondían por su vida. Cuando, agotado con este chantaje permanente, botó su simcard, los militares continuaron llamando a su esposa y siguieron presionando a su hijo de 11 años para que se convirtiera en informante del ejército. William había sido detenido por paramilitares en la vereda La Linda en enero de este año y el 19 de abril fue ilegalmente detenido por los militares y sometido a ultrajes y chantajes durante varias horas e incluso se le obligó a comunicarse con el ex guerrillero alias SAMIR, domiciliado ilegalmente en la Brigada XVII desde hace varios años y manipulado por el ejército para inventar calumnias permanentes contra la Comunidad de Paz.
El martes 23 de abril de 2013, en la vivienda de Hernán Rodríguez, en la vereda La Linda, del corregimiento de San José, un campesino fue detenido ilegal y arbitrariamente por tropas del ejército y amenazado de ser subido a un helicóptero y procesado como guerrillero si no colaboraba con los militares. Lo acusaron de que en su finca cocinaban alimentos para la guerrilla porque allí habían encontrado plumas de gallina y, según los militares, “sólo la guerrilla come gallinas”.
El domingo 5 de mayo de 2013, en la vereda La Osa, del corregimiento de Batata (Tierralta, Córdoba) fue gravemente herido por tropas del ejército nacional el campesino MANUEL ENRIQUE MARTÍNEZ CARDONA, quien debido a la gravedad de las heridas murió el día siguiente, 6 de mayo. Aunque no hacía parte de la Comunidad de Paz, sin embargo era un civil y vecino de los asentamientos de la Comunidad de Paz. Por ello la Comunidad se solidarizó con su familia. Es de anotar que la vereda La Osa es una de las veredas aledañas a la vereda Las Claras, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz.
El martes 14 de mayo de 2013, hacia las 7:00 horas, cuando descendían del vehículo que las había transportado del centro urbano de San José a Apartadó, fueron retenidas por dos personajes en trajes civiles ELVIA MARÍA CATAÑO SERNA y su madre LAURA SERNA. Sus captores les quitaron sus documentos de identidad y se los entregaron a otros dos civiles quienes llegaron en un taxi y se los llevaron. Luego fueron conducidas por los dos civiles que las retuvieron hasta el Comando de la Policía de Apartadó donde las sometieron a interrogatorios en los que se les acusaba de ser “guerrilleras de pueblo”. Dos horas después llegaron allí los civiles que les habían quitado sus documentos y se los entregaron a la policía. Las acusaciones las sustentaban en supuestos “informantes” que les hacían seguimientos en el caserío, afirmaciones sin sustento alguno y sin proceso legal alguno. Luego de 5 horas las dejaron ir con la condición de que no apagaran sus celulares para poderlas controlar permanentemente y que no salieran de San José para ninguna parte, pues de lo contrario no respondían por sus vidas. Así funcionan los “procesos judiciales” en Urabá, en los que agentes, instituciones, espacios, pruebas, procedimientos y diligencias están fuera de la ley y contra la ley, y aún más, son acciones delictivas que las instituciones no sólo toleran sino que avalan.
El viernes 17 de mayo de 2013, en cabeceras de la vereda La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó, fue encontrado el cuerpo sin vida del Campesino LUIS RODRÍGUEZ, quien al parecer habría sido asesinado con arma de fuego el jueves 16 de mayo, presuntamente a manos de la guerrilla, según informaciones de los campesinos, por ser considerado informante de los militares. La Comunidad de Paz repudia enérgicamente estas acciones de muerte y la utilización de la población civil como informante. La Comunidad se solidarizó con su familia.
El domingo 19 de mayo de 2013, hacia las 13:00 horas, tres paramilitares que se encontraban en el sitio conocido como Tierra Amarilla, en la vía entre Apartadó y San José, retuvieron el vehículo de servicio público que cubría la ruta San José-Apartadó y obligaron a descender a todos los ocupantes del vehículo, en el cual se trasladaban miembros de la Comunidad de Paz, impidiendo realizar cualquier tipo de comunicación, advirtiendo que los matarían. Al identificar al Campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO, quien es familiar de Germán Graciano, Representante Legal de la Comunidad de Paz, dijeron: “este es el que necesitamos”. Lo amenazaron de muerte obligándolo a que los acompañara a un sitio apartado, a lo cual él se resistió y después de varios minutos lo enviaron en el mismo vehículo escoltado por dos de los paramilitares, pues le advirtieron que más adelante arreglarían con “el patrón”. Graciano al sentirse en esta situación, aprovechó un descuido de sus captores para lanzarse del vehículo y emprender la huida hasta ocultarse en un bosque, logrando así escapar de los asesinos. La Comunidad inmediatamente se enteró de la situación, envió una delegación a buscarlo con acompañamiento internacional. Afortunadamente lograron hallarlo con vida y llevarlo de regreso a su familia. Cuando la delegación bajaba, comprobó presencia militar intensa en la vía, a escasos cinco minutos del lugar de los hechos, lo que evidencia la coordinación entre la fuerza pública y los paramilitares.
Este mismo domingo 19 de mayo de 2013, a la misma hora, dos miembros del Consejo Interno de la Comunidad que se encontraban en el aeropuerto de Carepa, fueron empadronados ilegalmente por agentes de la policía al mando del SUBINTENDENTE HERNÁNDEZ. Los uniformados alegaron que ellos “pueden hacer lo que les dé la gana”. Al hacerles ver que estaban violando normas establecidas en una sentencia de la Corte Constitucional, respondieron que ellos “son la autoridad y no tienen porqué cumplir ninguna sentencia”; que si a los miembros de nuestra Comunidad de Paz no les gustaba el procedimiento, ellos se los llevarían detenidos.
El jueves 23 de mayo de 2013, hacia las 13:40 horas se registró un combate entre tropas del ejército nacional y guerrilleros de las FARC, en la vereda Mulatos, en el sitio conocido como El Barro, en la finca del señor Antonio Arteaga, la cual es administrada por dos familias integrantes de la Comunidad de Paz. Allí los militares utilizaron la vivienda como trinchera, colocando como escudos humanos a los niños y a los civiles, lo que con toda evidencia constituye un crimen de guerra. Al pedirles que se retiraran de la vivienda, los militares respondieron diciendo que esto era para que los mataran junto con ellos. Era, pues, un crimen de guerra consciente, intencional y premeditado.
El sábado 25 de mayo de 2013, en horas de la mañana, en la Aldea de Paz ubicada en la vereda Mulatos, fue retenido por tropas del ejército nacional, por varios minutos, el menor de edad EDILBERTO TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz, quien fue tratado con insultos e interrogado sobre el paradero de miembros de la Comunidad. Después los militares lo siguieron por espacio de varios minutos.
El domingo 26 de mayo de 2013, en una reunión realizada en el área urbana de Apartadó, los líderes del paramilitarismo anunciaron que aprovecharán un momento en el que no haya presencia de acompañamiento internacional en la Comunidad de Paz, para realizar una incursión armada contra la Comunidad en el asentamiento de San Josecito, añadiendo que todo ya está planeado y coordinado con la fuerza pública y que prueba de ello es la acción que realizaron el domingo 19 de mayo de 2013, cuando retuvieron a Eusebio Graciano, pues se habían movido sin enfrentar ninguna dificultad con la fuerza pública, lo que hacen permanentemente.
El lunes 27 de mayo de 2013, en horas de la mañana, tropas del ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 24, ocuparon la propiedad privada de la Comunidad de Paz en el caserío de la vereda la Unión durante varias horas. Ante tal situación de irrespeto, la Comunidad delegó a varios miembros para exigirles que desocuparan los espacios privados. Este mismo lunes 27 de mayo, hacia las 15:00 horas, se presentó un nuevo combate entre soldados del ejército nacional y guerrilleros de las FARC en la vereda Las Claras, a escasos minutos del asentamiento de la Comunidad en la Unión, junto a la vivienda de Reinaldo Rivera.
El lunes 27 de mayo de 2013, hacia las 14:50 horas, fue empadronado ilegalmente y fotografiado por agentes de la policía en complicidad con los guardias de seguridad en el aeropuerto de Carepa, JESÚS EMILIO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
El lunes 27 de mayo de 2013, hacia las 23:00 horas, en la vereda Playa Larga, en la Hacienda la Marina, propiedad de los paramilitares, un grupo de guerrilleros realizaron incursión armada, quemaron la vivienda y se llevaron una recua de mulas y un asno perteneciente a los paramilitares. Según los medios locales, alrededor de 18 familias se desplazaron de la zona. La Comunidad de Paz ha puesto en conocimiento del Presidente de la República, desde hace mucho tiempo, la presencia paramilitar en ese sitio preciso y su permanente ampliación de espacios en esa zona, sin que hasta el momento el alto Gobierno haya querido hacer nada, responsabilizándose con plena evidencia de los crímenes que allí son perpetrados. Esa propiedad y otras aledañas están bajo el dominio de alias “Otoniel”, jefe de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC”.
El martes 28 de mayo de 2013, un grupo de reconocidos paramilitares hizo presencia en la vereda Playa Larga, en los limites con la vereda la Esperanza, manifestando que habían dado aviso a la fuerza pública para buscar las mulas que la guerrilla les había robado el día anterior y para cobrarle a los campesinos de la zona todos los daños que ellos (los paramilitares) habían sufrido.
El martes 28 de mayo de 2013, hacia las 8:40 horas, fue empadronado ilegalmente y fotografiado ARLEY TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, por agentes de la Policía Nacional, en el aeropuerto de Carepa. Un agente de la policía utilizó el celular de una de las guardias del aeropuerto y no su propio equipo de comunicación, el cual tenía en sus manos, para realizar una llamada telefónica a un desconocido y suministró los datos del miembro del Consejo Interno.
El miércoles 29 de mayo de 2013, nuevamente la Comunidad de Paz fue burlada por parte del alto gobierno, pues el Presidente Juan Manuel Santos no quiso asistir al acto de retractación de las calumnias proferidas contra la Comunidad de Paz, desacatando de esa manera lo ordenado por la Corte Constitucional mediante auto 164/12.
El jueves 30 de mayo de 2013, hacia las 15:00 horas, los 32 delegados de la Comunidad de Paz que se habían desplazado a Bogotá para asistir al acto de retractación de las calumnias que iba a realizar el Presidente Santos pero que al fin no lo hizo, a su regreso a Apartadó fueron interceptados a la altura del sitio conocido como CASA VERDE, en el municipio de Carepa, por una patrulla de la policía. Allí los delegados del Ministerio del Interior, quienes acompañaban en su regreso al grupo de delegados, pudieron presenciar en directo un episodio de la persecución contra la Comunidad de Paz, pues ya habían sido sometidos a requisas ese mismo día en dos ocasiones y sus antecedentes verificados en los aeropuertos. Sin embargo la persecución era clara. Un agente de la policía se acercó a un miembro de la comunidad y le manifestó que aunque estuvieran funcionarios del Ministerio del Interior, a ellos no les importaba detener a los miembros de la Comunidad. Era tanta la rabia del Subintendente de la policía allí, que no obedeció a las órdenes de su superior en Carepa de dejar pasar a la delegación, lo que obligó a que él mismo se hiciera presente en el sitio.
El jueves 30 de mayo de 2013, hacia las 14:00 horas, tropas del ejército nacional que supuestamente iban en búsqueda y rescate de las mulas robadas a los paramilitares por la guerrilla, sostuvieron combates con guerrilleros de las FARC quienes al parecer llevaban los animales robados, entre las veredas La Esperanza y Mulatos. En el intercambio de disparos resultó casi destruida por los impactos de las balas la vivienda del campesino Reinaldo Cardona, quien se encontraba en ella con su familia, entre ellos varios niños, en el momento de los hechos; simultáneamente un helicóptero del ejército ametralló la zona y las vainillas cayeron sobre la vivienda; allí resultó también muerto un toro y un militar resultó gravemente herido, según los campesinos.
El viernes 31 de mayo 2013, hacia las 05:00 horas, según informaciones de los campesinos, un helicóptero del ejército nacional aterrizó en la propiedad de Reinaldo Cardona, no se sabe si a recoger heridos o muertos.
El viernes 31 de mayo de 2013, hacia las 9:00 horas, en la vereda La Miranda, perteneciente al corregimiento de San José, se registró un enfrentamiento entre el ejército nacional y la guerrilla de las FARC, según informaciones de los habitantes de la zona. Al parecer hubo heridos de ambos bandos. Horas más tarde, un helicóptero militar aterrizó en la zona.
El jueves 30 y el viernes 31 de mayo de 2013, se registró una fuerte presencia de militares en la Aldea de Paz, asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos, ingresando ilegalmente a la propiedad privada de la Comunidad de Paz. Es una práctica bochornosa, pero la comunidad ejerció su derecho exigiendo constantemente a los militares el respeto a los sitios de vida y de trabajo de las familias de la Comunidad.
El sábado 1 de junio de 2013, hacia las 19:30 horas, se registró un hostigamiento a la base militar ubicada en el casco urbano de San José. El no acatamiento del gobierno y su fuerza pública a las prescripciones de la Corte Constitucional que prohíbe ubicar las bases en medio de la población civil, continúa poniendo en alto riesgo la vida de los pobladores de San José.
El domingo 2 de junio de 2013, hacia las 14:00 horas, mientras un grupo de civiles se encontraba recreándose en la cancha de futbol, ubicada en el casco urbano de San José, junto a la base militar, se presentó nuevamente un hostigamiento a la base militar allí ubicada, por parte de guerrilleros de las FARC, lo que obligó a los civiles a huir apresuradamente del lugar. Este nuevo hecho, evidencia el alto riesgo en el que se encuentra la población civil del casco urbano del corregimiento. A pesar de esto, el gobierno nacional pretende construir allí un colegio, donde albergarían a muchos jóvenes de la región, lo que significa que a las instituciones no les importa el riesgo que ello representa para la población civil.
El lunes 3 de junio de 2013, hacia las 9:00 horas, en la vereda la Unión, miembros de la Comunidad de Paz se dirigieron a tropas del ejército que se encontraban dentro de los espacios de trabajo de las familias, para solicitarles que se retiraran de allí, a lo cual los militares manifestaron que ellos hacen lo que les da la gana y que nadie los va a venir a mandar allí. Este mismo lunes 3 de junio de 2013, hacia las 17:00 horas aproximadamente, se presentó nuevamente un hostigamiento entre el ejército nacional y guerrilleros de las FARC en el sitio conocido como La Antena en el corregimiento de San José de Apartadó.
El martes 4 de junio de 2013, hacia las 15:00 horas, nuevamente dos paramilitares en trajes civiles y portando armas cortas, siguieron al campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO en Apartadó mientras caminaba por el centro de esa ciudad, por lo que se vio obligado a abordar un taxi para escapar de sus asesinos y refugiarse en algún sitio allí, la Comunidad inmediatamente fue informada tuvo que ir a rescatarlo y devolverlo a la familia sano y salvo, ante estos nuevos hechos de amenaza, la Comunidad hizo responsable al Estado colombiano por lo que pueda sucederle a Ángel Eusebio, pues, en menos de quince días, ha estado a punto varias veces de ser asesinado por paramilitares que actúan en abierta complicidad con la fuerza pública.
Desde el sábado 1 hasta el martes 4 de junio de 2013, tropas del Ejército Nacional acamparon en propiedad privada de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza junto a la vivienda de las familias allí residentes, violando el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución de Colombia, además de pisotear los espacios de vida y trabajo de la Comunidad de Paz. La presencia de actores armados junto a las viviendas de la población civil coloca en riesgo la vida de los civiles, muestra de ello son los últimos hechos registrados en las últimas semanas, pues la población civil ha sido colocada como escudos humanos y las viviendas como trincheras por parte de la fuerza pública, lo que constituye a todas luces un crimen de guerra.
El miércoles 5 de junio de 2013, el Gobierno Nacional a través de la Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, ALMA BIBIANA PÉREZ GÓMEZ, respondió a través de una carta fechada el 15 de mayo de 2013, a las peticiones que recientemente hiciera a favor de la Comunidad de Paz, la Comunidad de Tamera, en Portugal, la cual está hermanada con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde hace varios años; dicho escrito ha sido enviado a otras organizaciones en el exterior por parte del Gobierno Nacional. La Directora parece desconocer o pretende ocultar las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública al mostrar los supuestos “logros alcanzados en materia de seguridad por parte de la fuerza pública en la zona”; ignora los constantes abusos de la fuerza pública contra miembros de la Comunidad de Paz y contra la población del entorno y pretende silenciar los asesinatos recientes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, como el ocurrido el jueves 4 de octubre de 2012 en el que resultó herido de muerte por parte de agentes del Estado el civil ALBERTO ARIZA HUACA; o el ocurrido el martes 9 de abril de 2013 en el que, sin mediar palabra, el Ejército Nacional asesinó al campesino CARLOS ANDRÉS TORRES. A todas luces se evidencia que “las instrucciones de comportamiento que debe tener la fuerza pública frente a los miembros de la Comunidad de Paz” para lo único que han servido es para atropellarla, como los hechos del pasado jueves 30 de mayo de 2013 en los que se evidenció una persecución clara contra la Comunidad de Paz por parte de la Policía Nacional, a cuyos agentes no les importó que estuvieran con la delegación de la Comunidad funcionarios del Ministerio del Interior. Es de anotar que si bien es cierto que se han dado acercamientos propiciados desde el Ministerio del Interior y las reuniones sostenidas en el transcurso del 2013 entre éste y la Comunidad de Paz, los acuerdos para el cumplimiento de las órdenes contenidas en el auto 164 de 2012 proferido por la Corte Constitucional no se han cumplido por parte del Gobierno, como ocurrió el miércoles 29 de mayo, cuando el señor Presidente Santos no cumplió la promesa de presidir el acto de retractación de las calumnias presidenciales contra la Comunidad. Además, se estableció un canal directo de comunicación entre el despacho del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH de la Vicepresidencia y los líderes de la Comunidad de Paz, con el ánimo de transmitir rápidamente las situaciones de riesgo lograr conjurarlas a tiempo, pero ello no sirvió para nada. La presencia en la zona de organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo, con quien la Comunidad se vio forzada a romper por la inoperancia, sordera e ineptitud, y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y sus entes territoriales, en la supuesta implementación de diversos programas de inversión social dirigida a los habitantes del corregimiento de San José de Apartado en los cuales nunca se ha incluido a los miembros de la Comunidad de Paz.
El miércoles 5 de junio de 2013, en la vereda Mulatos, junto a la Aldea de Paz de la Comunidad de Paz, fue retenido durante varios minutos BERNARDO SEPÚLVEDA, miembro de la Comunidad de Paz, por tropas del Ejército Nacional. Los militares le manifestaron que las cosas estaban calientes por los lados de San José de Apartado por culpa de esa HP de Comunidad de Paz; que ellos se dirigían hacia San José; que se abstuvieran de lo que tenían preparado y coordinado por otro lado.
El jueves 6 de junio de 2013; en el casco urbano de Nuevo Antioquia, los paramilitares anunciaron que van a ir por REINALDO AREIZA esté donde esté, manifestando que la incineración de la vivienda en la haciende La Marina estaba relacionada con la vivienda que ellos le quemaron a Reinaldo el 4 de julio de 2012 en la vereda la Esperanza.
El viernes 7 de junio de 2013, hacia las 10: 15 horas de la mañana, guerrilleros de las FARC hostigaron la base militar y el comando de policía ubicados en el casco urbano de San José de Apartadó por espacio de 30 minutos, uno de los salones de la escuela de San José y en el cual se encontraban niños en clases fue afectado por un proyectil disparado desde la base militar.
Este mismo viernes 7 de junio de 2013, hacia las 14:45 horas, en el casco urbano de San José de Apartadó, a las afueras de una vivienda, junto al puente de la localidad, cerca a la escuela, estalló una bomba dejando 4 soldados gravemente heridos; inmediatamente bajaron militares de la base a auxiliar a los heridos y al mismo tiempo amenazaron con sus armas de dotación a varios civiles por no colaborar con la fuerza pública brindando información, argumentando que la población civil tenía conocimiento de este atentado. La presencia del ejército y de la policía en medio de la población civil contradicen numerosas normas de la Corte Constitucional en zonas de conflicto como lo es el casco urbano de San José, el cual desde su militarización extrema a partir de abril del 2005 ha provocado numerosos enfrentamientos armados cobrando cuantiosas víctimas civiles. Estos hechos afirman una vez más lo inútil que resultan las bases militares junto a la población civil en zonas de conflicto, sin embargo el gobierno insiste en construir un colegio en inmediaciones de la base militar para poner en extremo riesgo a la población infantil.
Este mismo viernes 7 de junio de 2013, en horas de la mañana, en la vereda Arenas Bajas, perteneciente al corregimiento de San José, hizo presencia un grupo de paramilitares en la casa de un miembro de la Comunidad de Paz; allí manifestaron que venían a “arreglar un asunto y que a esa HP Comunidad de Paz le había llegado su hora”.
El sábado 8 de junio de 2013, en el centro urbano de San José de Apartadó, mientras recorría el caserío cabalgando en su caballo, el campesino JUAN SÁNCHEZ fue amenazado; varios militares que en ese momento hacían presencia allí, manifestaron ante varios civiles que “ese HP estaba bueno para bajarle la cabeza de un HP rafagazo, tal como fue fusilado un HP en Caracolí” (refiriéndose a Carlos Andrés Torres asesinado por militares el pasado lunes 9 de abril de 2013).
El domingo 9 de junio de 2013, en la vereda Mulatos, perteneciente al corregimiento de San José, tropas del Ejército Nacional retuvieron ilegalmente durante varios minutos al campesino RAMÓN ISIDRO GUERRA; los militares intentaron quitarle una mula de su propiedad aduciendo que era una de las mulas robadas a los paramilitares por la guerrilla el pasado lunes 27 de mayo de 2013, allí los militares manifestaron que esa mula era de los paramilitares que la guerrilla les robó y que las tropas del ejército estaban allí para rescatarlas y devolvérselas nuevamente a los paramilitares. De igual forma los militares lo amenazaron y le recordaron que la Comunidad de Paz lo había salvado en el 2011, cuando fueron a reclamarlo el día que los militares lo retuvieron, pero que se preparara porque las cosas habían cambiado, que ya no era igual que antes, que las cosas eran a otro precio y que no importaba si esa HP Comunidad se metía. Horas más tarde retuvieron a otro campesino que transitaba por el lugar al cual le preguntaron por las mulas robadas y le pidieron que si llegaba a tener información, que se las suministrara ya que ellos tenían que rescatar esas mulas y devolvérselas a los paras.
El lunes 10 de junio de 2013, en la vereda La Esperanza, en el corregimiento de San José, una tropa de paramilitares amaneció junto a la propiedad privada de la Comunidad de Paz, allí manifestaron a algunos civiles que transitaban por el lugar que toda la operación militar estaba coordinada con la fuerza pública para buscar las mulas que la guerrilla les robó el pasado lunes 27 de mayo a los paramilitares y que gracias a la fuerza pública y a la protección de ellos ya están reconstruyendo la vivienda de los paramilitares destruida por la guerrilla.
El martes 11 de junio de 2013, hubo una fuerte presencia de tropas del Ejército Nacional en el sitio conocido como El Barro, en la vereda Mulatos; allí los militares han manifestado a varios civiles que si conocen del paradero de las mulas de los paramilitares que la guerrilla robó el lunes 27 de mayo, que ellos, los militares, las están buscando para devolvérselas al comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia “AGC” alias “Otoniel”.
El viernes 14 de Junio de 2013, en Nuevo Antioquia, varios reconocidos paramilitares, quienes se encontraron con pobladores de la región, anunciaron que van a realizar una incursión en la Comunidad de Paz, pues según los paramilitares, la Comunidad les ha hecho mucho daño cuando denuncia internacionalmente la relación de ellos con la fuerza pública. Dijeron que alias “SOPA” tiene la orden de sus superiores para arremeter contra la Comunidad de Paz, que están esperando a que los acompañantes internacionales no estén en los asentamientos de la Comunidad para cometer una masacre en coordinación con la fuerza pública.
El sábado 15 de junio de 2013, nuevamente en Nuevo Antioquia los paramilitares anunciaron que iban a perpetrar una masacre contra la Comunidad de Paz, además anunciaron la persecución a muerte contra el campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO, el cual ha sufrido recientemente en dos ocasiones intentos de asesinato, de los cuales ha logrado escapar con vida.
Este mismo sábado 15 de Junio de 2013, el joven LUIS ALBEIRO CORREA BORJA, poblador del centro urbano de San José, fue retenido arbitraria e ilegalmente por los militares de la base militar de San José, quienes lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla y de ser culpable de la bomba que explotó el 7 de junio de 2013 en San José.
El domingo 16 de Junio de 2013, hacia las 9:30 y hasta las 11:00 horas se registró un enfrentamiento en la vereda La Esperanza entre el Ejército Nacional y la guerrilla de las FARC, poniendo nuevamente en alto riesgo la vida de los civiles por desacatar las prescripciones de la Corte Constitucional acerca de la no ubicación de bases militares ni policiales en medio de la población civil.
El jueves 20 de junio de 2013, pobladores de las veredas Arenas Altas y La Cristalina, del corregimiento de San José, recibieron llamadas de un sujeto quien se ha identificado con el alias “COFLAS”, supuestamente desmovilizado de las FARC, advirtiendo que aunque él era responsable encargado de la zona de la bomba detonada el 7 de junio de 2013, en el casco urbano de San José, ya tenían todo el montaje para acusar a pobladores de la zona como responsables de los hechos, manifestando que lo tenían bajo presión de los militares, pues tenían que mostrar resultados.
El lunes 8 de julio de 2013, hacia las 8:30 am, en la vereda La Esperanza un grupo de paramilitares ingresaron a la propiedad del campesino REINALDO CARDONA, preguntando por él, quien al momento no se encontraba en la vivienda. Los paramilitares aseguraron que se les había escapado, pues iban por él, ya que lo acusaban de ser sabedor de la presencia de la guerrilla en la zona y de ser cómplice de la muerte de militares el jueves 30 de mayo de 2013, donde resultó casi destruida su vivienda en el enfrentamiento; de la vivienda se llevaron dos simcares pertenecientes a la familia. Allí anunciaron la incursión que tienen planeada con el ejército contra la Comunidad de Paz. Cuando regresaban hacia nuevo Antioquia detuvieron a un campesino de la zona a quien insultaron y lo obligaron a llevar carga que ellos llevaban.
Este mismo lunes 8 de julio de 2013; hacia las 15:00 horas este grupo paramilitar llego a la escuela y centro de Salud de la vereda la Esperanza junto al asentamiento de la Comunidad allí, entre este grupo iban los reconocidos paramilitares José Adelmo Osorno Mejía alias “Panelo” y el desmovilizado de las farc alias “Majute” comandante paramilitar, quien por mucho tiempo estuvo en la Brigada XVII del ejército nacional.
Este mismo lunes 8 de julio de 2013, hacia las 15:00 horas, este grupo paramilitar llegó a la escuela y al centro de salud de la vereda La Esperanza, junto al asentamiento de la Comunidad de Paz allí. Con los paramilitares iban alias “Panelo” y alias “Majute”
El sábado 13 de Julio de 2013, Tropas militares que se encontraban en la vereda la Unión, en una propiedad de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, al exigirles que se retirasen del lugar manifestaron que ellos no están en propiedades ajenas, que estaban en terrenos del Estado.
Entre los días 15 al 17 de julio de 2013, se registraron fuertes combates entre paramilitares y guerrilleros de las FARC en la vereda la Hoz, perteneciente al corregimiento de San José, varias familias campesinas han sido amenazadas por los paramilitares y obligadas a desplazarse.
El sábado 20 de julio de 2013, medios de comunicación registraron la muerte de un guerrillero y la captura de otro en la vereda Rodoxali perteneciente al corregimiento de San José de Apartadó, como resultado de combates entre el ejército nacional y las FARC.
El lunes 22 de julio de 2013, hacia las 13:00 horas y por espacio de varios minutos se registró un sobrevuelo de helicópteros militares que escoltaban dos avionetas antinarcóticos, las cuales fumigaron en las veredas Mulatos y La Resbalosa; cultivos de pan coger de las familias fueron afectados por la aspersión del veneno, al igual fueron contaminadas las aguas de estas veredas; sobre el Río Mulatos se han encontrado peces muertos.
El miércoles 24 de julio de 2013, una camioneta estuvo recorriendo por espacio de varios minutos el trayecto entre Caracolí y San Josecito.
El viernes 26 de julio de 2013, varios campesinos del corregimiento de San José se acercaron a miembros de la Comunidad de Paz para manifestar que el ejército nacional y la fiscalía están adelantando procesos judiciales a través de montajes judiciales contra pobladores de la zona a quienes pretenden judicializar como responsables de la bomba que fue detonada el pasado 7 de junio de 2013 en el caserío de san José, donde resultaron varios militares gravemente heridos.
El sábado 27 de julio de 2013, una familia de la vereda La Cristalina salió desplazada por amenazas de militares quienes le hicieron saber que era mejor que se fuera de la zona o que no respondían por su vida. En los días anteriores varios campesinos habían sido amenazados por desmovilizados como alias “COFLAS”. También fue visto el reconocido paramilitar alias “GUACHIPIN” en medio de las tropas que patrullaban en el corregimiento de San José.
El lunes 29 de julio 2013, hacia las 15:20 horas, fue abordado por agentes de la Policía Nacional JOHN FREDY ÚSUGA, miembro de la Comunidad de Paz y coordinador en la vereda Arenas Altas, asentamiento de la Comunidad de Paz, mientras se dirigía en vehículo de servicio público de Apartadó a San José. Al detenerse el vehículo, inmediatamente exigieron los documentos de Úsuga y le ordenaron descender del automotor, anunciándole que tenía orden de captura; miembros de la Comunidad y acompañantes internacionales mediaron por él y después de varios minutos fue puesto en libertad.
El jueves 1 de agosto de 2013, junto al puente de Rio Grande en la vía que del municipio de Apartadó conduce al municipio de Turbo, dos paramilitares que se movilizaban en motocicleta asesinaron con arma de fuego al civil “NELSON CARTAGENA GARCÍA” quien residía en la vereda Aguas Frías del corregimiento de San José. Se ha denunciado en diversas ocasiones la presencia de paramilitares que se pasean por la vereda Los Mandarinos y en la vía central donde fue asesinado Cartagena, donde además es constante la presencia militar que evade su responsabilidad y actúa conjuntamente y en connivencia con los paramilitares.
El lunes 5 de agosto de 2013, medios de información local registraron la noticia de la muerte de 3 personas en la vereda la Ahuyamita, entre los corregimientos de San José y Nuevo Antioquia, al parecer a manos de la guerrilla de las FARC, los occisos fueron identificados como “ARLENIS REYES” de 24 años de edad, “DARÍO SÁENZ” de 28 años de edad, y “LUIS ALBERTO IBARRA” de 24 años de edad. Según campesinos de la zona, en el lugar de los hechos se encontraron prendas de uso privado de la fuerza pública, al parecer habrían sido asesinados porque eran informantes y colaboradores de los paramilitares.
Entre el martes 6 y el miércoles 7 de agosto de 2013, paramilitares hicieron presencia en las veredas La Ahuyamita, El Limón, La Hoz, y Las Flores, anunciando un censo en todas las veredas y conminando a los civiles a trabajar con ellos como informantes, de lo contrario serían asesinados como represalia por la muerte de las tres personas el lunes 5 de agosto de 2013. De igual forma anunciaron un censo en las veredas Rodoxalí y La Esperanza, en esta última existe un asentamiento de la Comunidad de Paz.
El viernes 9 de agosto de 2013; en la vereda Rodoxalí, perteneciente al corregimiento de San José de Apartado, fue asesinado el campesino JOSÉ PACHECO por paramilitares que llegaron a su vivienda y lo ahorcaron y luego se llevaron tres bestias propiedad de Pacheco. José era el encargado de la trilladora de arroz de la vereda; el mensaje de los paramilitares es que lo habían asesinado como venganza por la muerte de tres de sus colaboradores el pasado lunes 5 de agosto de 2013.
Este mismo viernes 9 de agosto de 2013;, en horas de la mañana, la Fiscalía ingresó al casco urbano de San José de Apartadó y privó de la libertad a la señora ELVIA MARÍA CATAÑO, madre de dos niños y habitante del corregimiento de San José, acusándola de ser guerrillera; Cataño fue trasladada al centro de reclusión ubicada en el corregimiento El Reposo, y posteriormente trasladada a un centro penitenciario y carcelario de alta seguridad en Medellín, según la Fiscalía y el Ejército, porque es una persona de alta peligrosidad para la sociedad. Se han hecho efectivas las amenazas de alias “COFLAS” del pasado 20 de junio y quien se encuentra protegido en la Brigada XVII del Ejército y las denuncias de varios campesinos del pasado 26 de julio, donde se advertían los montajes judiciales que se venían preparando por el Ejército nacional y la Fiscalía contra varios civiles de la zona. Cataño había sido detenida ilegalmente el pasado martes 14 de mayo de 2013 y conducida arbitrariamente a la estación de Policía ubicada en la ciudad de Apartadó. Así funcionan los “procesos judiciales” en Urabá, en los que agentes, instituciones, espacios, pruebas, procedimientos y diligencias están fuera de la ley y contra la ley, y aún más, son acciones delictivas que las instituciones no sólo toleran sino que avalan.
El miércoles 14 de agosto de 2013, hacia las 10:00 horas un grupo de paramilitares ingresaron a la vereda Rodoxalí, del corregimiento de San José, y convocaron a reunión a todos los campesinos de la zona. Allí amenazaron a los civiles y les obligaron a trabajar con ellos como informantes y colaboradores, de lo contrario serían asesinados. Allí mismo, de nuevo profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz, diciendo que van a realizar una incursión contra la Comunidad y que además se van a tomar las veredas Mulatos y La Resbalosa donde existen asentamientos de la Comunidad de Paz; allí mismo aprovecharon la ocasión para censar a los campesinos, argumentando que quien no esté en la lista de los censados será asesinado.
El jueves 15 de agosto de 2013; varias familias que habitan las veredas Mulatos y La Resbalosa han manifestado gran temor por la amenaza de los paramilitares y anuncian desplazarse antes que morir. Aunque estas familias no hacen parte de la Comunidad, la posición de ésta es de no retroceder ante los asesinos, no ceder a sus amenazas y chantajes ni un centímetro. La Comunidad va a acompañar a estas familias para que no se desplacen.
El viernes 16 de agosto de 2013, tropas militares que se encontraban en la vereda Arenas Altas, lugar perteneciente a la Comunidad de Paz, llegaron a la vivienda de una familia y preguntaron por el nombre y lugar de vivienda del coordinador de la vereda Arenas Bajas. Estas acciones del Ejército Nacional son una clara evidencia del censo que vienen realizando los paramilitares conjuntamente con los militares en la zona.
El martes 20 de agosto de 2013, tropas militares adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, ingresaron ilegalmente a la propiedad privada donde se encuentra un asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa. A pesar de que se les exigió que se retiraran de allí, ya que están en los espacios de la Comunidad claramente señalados con vallas, las tropas no se retiraron.
El miércoles 21 de agosto de 2013, tropas militares que se encontraban desde el martes 20 de agosto de 2013 ilegalmente en el asentamiento de la Comunidad de Paz en La Resbalosa y a pesar de exigirles que se retiren de los espacios de vida y trabajo de la Comunidad, pidieron a una familia allí que le facilitara los nombres de todas las personas que viven en el asentamiento y afirmaron además que no se van a ir, que ellos hacen lo que se les dé la gana y nadie los va a mandar; de nuevo pisotearon los espacios comunitarios y ultrajaron la dignidad y los principio de neutralidad, además de querer censar a la Comunidad y tener esas listas que terminan en manos de los paramilitares para luego asesinar.
El miércoles 21 de agosto de 2013, en horas de la mañana, fue retenido durante 4 horas ilegalmente por tropas del Ejército Nacional el Campesino FILINARDO QUINTERO, entre las veredas la Unión y Arenas Altas, a 20 minutos del caserío de la Comunidad de Paz en Arenas Altas; allí los militares lo amenazaron y lo trataron de guerrillero, anunciando que atrás venían los paramilitares para realizar una incursión contra la Comunidad de Paz y otros pobladores de la zona.
El viernes 23 de agosto de 2013, paramilitares de Nuevo Antioquia realizaron reuniones con campesinos de las veredas aledañas, donde les informaban del plan que tenían coordinado con el ejército para tomarse toda la zona del corregimiento de Nuevo Antioquia y del corregimiento de San José de Apartado, allí manifestaron que continuarán realizando asesinatos selectivos de pobladores de la región, pues tienen una gran lista de personas para asesinar.
El domingo 25 de agosto de 2013, miembros de la Comunidad de Paz, acompañados de organizaciones internacionales, se acercaron al Ejércicito Nacional que viene haciendo presencia ilegalmente e irrespetuosamente dentro del asentamiento de la Comunidad de Paz en La Resbalosa desde el martes 20 de agosto de 2013, allí la Comunidad habló con un soldado quien no quiso identificarse, pero que sin embargo en su uniforme se leía el apellido “GALVIS”, manifestando que no se retirarían del lugar hasta nueva orden de sus superiores. Ya esta es la tercera vez que se les exige a las tropas militares desalojar los espacios de vida y trabajo de la Comunidad de Paz.
El domingo 25 de agosto de 2013, hacia las 6:00 horas, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vivienda de una familia en la vereda Arenas Bajas, allí anunciaron que iban con dirección a Arenas Altas donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz.
Este mismo domingo 25 de agosto de 2013, hacia las 7:00 horas, el grupo de paramilitares que venían realizando un recorrido desde Nuevo Antioquia, llegaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas, allí se quedaron varias horas en las casas de la Comunidad de Paz, preguntaron con lista en mano por varias personas de la Comunidad y por personas de la región, quienes no se encontraban en el lugar, luego se camuflaron en el bosque en la misma vereda donde han estado pernoctando, aludiendo que tienen toda la protección de “los Primos” que son el Ejército Nacional. En los últimos días se han dejado constancias de la fuerte presencia paramilitar en la zona y de las amenazas por parte del ejército y los paramilitares contra La Comunidad de Paz.
El lunes 26 de agosto de 2013, hacia las 11:00 horas, un helicóptero militar aterrizó en la vereda Arenas Altas, asentamiento de la Comunidad de Paz. A escasos 10 minutos de allí se encontraba un grupo de paramilitares. Es lógico pensar que allí se estaba dando un apoyo y coordinación logística mutua.
El martes 27 de agosto de 2013, hacia las 6:00 horas, en la vereda Las Nieves, aledaña a la vereda la Unión donde existe un asentamiento de la Comunidad, un grupo de paramilitares ingresó a la vivienda del campesino JOSÉ ALBERTO MUÑOZ y se lo llevaron retenido por casi dos horas. El grupo paramilitar lo amenazó y lo ultrajó físicamente, advirtiendo que no fuera a denunciar estos hechos y que nadie debería saber que ellos estaban allí, ya que se les podrían dañar los planes que llevaban. En medio de su operativo, profirieron nuevamente amenazas contra la Comunidad de Paz, anunciando una nueva incursión. El grupo paramilitar se retiró de la vivienda resguardándose en el bosque cercano y afirmando que iban a estar por allí ya que estaba todo coordinado con la fuerza pública para realizar una incursión contra la Comunidad de Paz en la vereda La Unión, aledaña a ese lugar. Hay que recordar que en el filo de Las Nieves, a escasos 10 minutos de allí, hubo presencia militar desde hace varios días.
El miércoles 28 de agosto de 2013, hacia las 11:00 horas, en la vereda la Hoz, perteneciente al corregimiento de San José, se presentó un fuerte combate entre paramilitares y guerrilleros de las FARC, según informaciones de los campesinos, resultaron muertos varios paramilitares.
El jueves 29 de agosto de 2013, en horas de la tarde, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda La Esperanza, allí amenazaron con ejecutar a varias personas que tienen en una lista para asesinar, anunciando que van a estar en la vereda constantemente hasta dar con los de la lista.
El viernes 30 de agosto de 2013, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia anunciaron que iban asesinar a varias personas de la zona y que tienen en lista, pues, tienen que vengar el daño que les ha hecho la guerrilla con las tres muertes el lunes 5 de agosto de 2013; y las muertes sufridas en el reciente combate en La Hoz, el miércoles 28 de agosto de 2013. Al menos 34 personas entre niños y adultos, de 9 familias, se han tenido que desplazar de las veredas la Hoz y Rodoxalí por las amenazas de los paramilitares, y otras 14 familias de estas dos veredas están en riesgo de desplazarse por el temor a las represalias de los paramilitares.
Este mismo viernes 30 de agosto de 2013, hacia las 10:30 horas, se presentó un hostigamiento a la base militar de San José de Apartado, bastante prolongado desconociéndose la suerte de los civiles que quedaron en medio del fuego cruzado.
El sábado 31 de agosto de 2013, hacia las 14:30 horas, se registró un fuerte combate entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC, en la vereda La Linda, del corregimiento de San José. Según informaciones de los campesinos, hubo muertos en las filas de los militares, de al menos tres soldados. Este mismo día, aterrizó el helicóptero en la zona de los hechos. Posteriormente y hacia las 18:30 horas se escucharon detonaciones cerca al lugar de los combates, al parecer los militares bombardearon indiscriminadamente una montaña, cerca de donde acampaban los militares.
Este mismo sábado 31 de agosto de 2013, hacia las 19:00 horas, un grupo de paramilitares que habían estado acampando en la vereda la Hoz, del corregimiento de San José, ingresaron a la vivienda del joven Campesino BUENAVENTURA HOYOS HERNANDEZ, de aproximadamente 18 años de edad, y se lo llevaron detenido obligándolo a seguirlo al campamento de los paramilitares, los cuales se encuentran aproximadamente a 10 minutos de distancia de una tropa militar del Ejército Nacional que se encuentra en la zona desde hace varios días, ante ello, la Comunidad hizo responsable al Gobierno Nacional por la suerte que corra HOYOS HERNÁNDEZ.
El mismo sábado 31 de agosto de 2013, hacia las 8:00 horas y por espacio de dos horas, en la vereda La Resbalosa, junto al asentamiento de la Comunidad de Paz, fue retenido el campesino WALTER DAVID, por tropas de la Brigada Móvil 24. Al enterarse de que David no era miembro de la Comunidad de Paz, le advirtieron que no fuera a hacer parte de esa HP de Comunidad de Paz, ya que ellos estaban dolidos porque habían sido retirados de los espacios de vida de la Comunidad de Paz por miembros de esa Comunidad. Allí nuevamente los militares profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz diciendo que “la Comunidad de Paz es una ideología de la guerrilla y es la guerrilla quien la maneja”, y advirtieron que “ojala así como los sacaron a ellos, ojalá sacaran a los paramilitares que vienen detrás de ellos”, como insinuando que los paramilitares podrían actuar con más brutalidad ya que no comprometen directamente la responsabilidad del Estado.
El domingo 1 de septiembre de 2013, hacia las 2:00 horas, un grupo de militares se atrincheró en la entrada al asentamiento de la Comunidad de Paz, en San Josecito, y allí se mantuvieron hasta el amanecer.
El mismo domingo 1 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, varios campesinos de la vereda la Hoz decidieron acudir al rescate del Joven campesino HOYOS HERNÁNDEZ, detenido por los paramilitares desde el día anterior; al llegar a donde se encontraban los paramilitares la respuesta fue que no lo soltarían y además amenazaron al hermano de HOYOS HERNÁNDEZ y lo obligaron a abandonar la zona, de lo contrario no responderían por su vida. Allí, los paramilitares mostraron varias fotos que tenían de varias personas de la vereda y de la zona, y las cuales fueron tomadas por las tropas del ejército nacional y posteriormente entregaron a los paramilitares. Debido a las amenazas de los paramilitares, las familias de la vereda la Hoz decidieron abandonar la vereda y salir desplazados a causa de las amenazas de los paramilitares contra la población civil del entorno. Es de anotar que los paramilitares y militares no solo han venido realizando los operativos conjuntamente en esta vereda, sino que además se han llevado los celulares y, saqueado las viviendas, y se han llevado las aves de corral de los campesinos.
Este mismo domingo 1 de septiembre de 2013, hacia las 18:50 horas, un grupo paramilitar ingresó al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, en busca de los miembros de la Comunidad de Paz, quienes no se encontraban en el momento, posteriormente se acercaron a los vecinos del asentamiento y preguntaron por el paradero de las familias de la Comunidad de Paz, asegurando que continuarían junto al lugar ya que tenían una incursión preparada contra la Comunidad de Paz y campesinos de la zona.
El martes 3 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, fue visto un grupo de paramilitares que se dirigían desde la vereda La Hoz hacia la vereda Zabaleta donde llevaban amarrado a BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ a quien desaparecieron forzadamente.
El miércoles 4 de septiembre de 2013, un miembro de la Comunidad de Paz, mientras caminaba realizando compras en el centro urbano de Apartadó, fue abordado por un reconocido paramilitar quien se le acercó y le pidió que le diera los contactos de GERMÁN GRACIANO miembro del Consejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de Paz; además le ofreció dinero para que colaborara con ellos brindándole información de cuándo Germán salía a la ciudad y de sus movimientos en la zona.
El jueves 5 de septiembre de 2013, hacia las 10:15 horas y por espacio de dos horas se presento un fuerte combate entre tropas del Batallón Voltígeros, adscritas a la Brigada XVII, y guerrilleros de las FARC en la vereda Las Claras del Corregimiento de San José de Apartadó, resultando un militar muerto, según las informaciones de los militares. A esa misma hora pasaba por ese sitio la Comisión Humanitaria conformada por miembros de la Comunidad de Paz y organizaciones internacionales, la cual quedó como blanco de la balacera, pues varios disparos impactaron a tan solo dos metros de distancia de donde estaba el grupo de civiles. A pesar de que la Brigada XVII del Ejército Nacional con sede en Carepa, al mando del CORONEL MIGUEL GÓMEZ QUINTERO, tenía conocimiento de que un grupo de civiles transitaría por aquel lugar en comisión humanitaria, no tomó medidas para que no se colocara en peligro la vida de los civiles, por lo cual los civiles se vieron en la obligación de permanecer acostados en el piso, a orillas del camino, al menos durante una hora y media, resguardándose de los disparos que daban en blancos cercanos y hasta tanto no se terminara el combate.
El viernes 6 de septiembre de 2013, hacia las 13:00 horas, la Comisión Humanitaria de la Comunidad de Paz que llevaba como misión acompañar a varias familias de la vereda La Hoz, en el corregimiento de San José, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, para que recuperaran parte de los enseres y animales que habían dejado abandonados, se encontró con un grupo de paramilitares quienes se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Después de varios minutos y después de que los internacionales mediaran para que se retiraran del lugar, por fin la Comisión Humanitaria y las familias pudieron recoger los pocos alimentos que aún quedaban como sobras que los paramilitares habían dejado de sus robos y saqueos a las viviendas. Testigos de ello fueron las más de 40 personas que integraban la Comisión Humanitaria, pues luego de un recorrido de nueve horas entre San Josesito y la Hoz, la Comisión tuvo en frente suyo a dicho grupo paramilitar, sin embargo la fuerza pública durante más de 16 años dicen “no haber encontrado nunca paramilitares en la zona” y desde los más altos mandos militares, las comandancias de las divisiones, brigadas y batallones con jurisdicción en Urabá, se atreven a negar su existencia, a encubrirlos y a protegerlos, mientras la población civil se los encuentra por doquier. Este grupo paramilitar ha permanecido estos días en la vereda La Hoz y en el mismo lugar, exactamente en la coordenada N 07.58.403 W 076.26.195, desde el lunes 26 de agosto de 2013 permanecieron a tan solo 400 metros de distancia de donde había presencia militar comprobada. De allí se llevaron al joven BUENAVENTURA HOYOS el sábado 31 de agosto de 2013 y a pesar de la denuncia insistente de la Comunidad de Paz sobre la presencia paramilitar en la zona y sobre las amenazas y desplazamientos que vienen generando dichos paramilitares, el Gobierno no hace sino cerrar los ojos y evadir sus responsabilidades constitucionales.
El sábado 7 de septiembre de 2013, un grupo de paramilitares reunió a los campesinos en la vereda Sabaleta perteneciente al corregimiento de San José de Apartadó y les manifestó públicamente que los civiles tenían que colaborar con ellos y que no se preocuparan por la Fuerza Pública, pues ellos eran amigos; que cada vez que los militares se movían de un lugar a otro, se lo informaban a ellos y que de igual forma, cuando los paramilitares se movían de un lugar a otro le informaban a los militares para que no fuera a ocurrir errores militares.
El domingo 8 de septiembre de 2013, hacia las 11:00 horas, un grupo de hombres fuertemente armados fue visto en la parte alta de la vereda La Unión, en el corregimiento de San José, los cuales se dirigían hacia el caserío de la Comunidad de Paz en dicha vereda.
El lunes 9 de septiembre de 2013, el reconocido paramilitar alias “Tribilín”, quien hace presencia en Nuevo Antioquia, contactó a un habitante del corregimiento de San José para que le suministrara los nombres de los líderes de la Comunidad de Paz y sus movimientos y contactos, advirtiéndole que había buenas recompensas en dinero para ese trabajo.
El martes 10 de septiembre de 2013, hacia las 12:20 horas y por espacio de 50 minutos fue retenido GILDARDO TUBERQUIA, miembro de Consejo Interno de la Comunidad de Paz, por militares de la base militar del centro urbano de San José, quienes intentaban empadronarlo ilegalmente. Después de varios minutos de estar retenido llegó el comandante de la Estación de Policía de San José, AGUSTÍN BOTELLO, quien encolerizado amenazó a Gildardo de llevarlo al Comando de Policía de Apartadó, haciendo caso omiso a lo ordenado por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02 que prohíbe los empadronamientos. Allí, se le reclamó a la fuerza pública el pretender este control ilegal contra miembros de la Comunidad de Paz y el campesinado de su entorno mientras en el poblado de Nuevo Antioquia los paramilitares se movilizan a su amaño por la zona, hacen lo que quieren y nadie los controla a pesar de la intensa presencia de la fuerza pública allí, a lo que el oficial BOTELLO respondió enfurecido con una amenaza de judicialización por atreverse a denunciar lo que está pasando en Nuevo Antioquia, en La Hoz y en Rodoxalí. Hacia las 13:10 horas un grupo de miembros de la Comunidad de Paz se trasladó, con acompañamiento internacional, hacia el centro urbano de San José para exigir la libertad de Gildardo y en ese mismo instante lo dejaron en libertad, no sin antes tratar a los miembros de la Comunidad de Paz de “lambones” por exigir el respeto a la ley. Allí mismo los militares intentaron impedir el paso de alimentos para los niños de la escuela comunitaria que la Comunidad de Paz tienen en la vereda Mulatos, asentamiento de la Comunidad de Paz o Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra.
Entre el lunes 9 y martes 10 de septiembre de 2013, instituciones del Estado, tales como la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, las cuales habían anunciado que visitarían las veredas La Hoz y Rodoxali, entre otras, sólo hicieron presencia en la vereda Mulatos Cabecera, evitando así llegar directamente a las veredas más afectadas por el desplazamiento generado por los paramilitares como La Hoz y Rodoxalí; allí en Mulatos, prometieron a algunas familias atenderlas como desplazadas después de noviembre de 2013, fecha en la cual realizarían un censo.
El martes 10 de septiembre de 2013, mientras GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, transitaba por el centro poblado de Apartadó, se percató de que un hombre con traje de civil le seguía. Después de varios minutos le llamó por su nombre, a lo cual Germán hizo caso omiso. Esto sucedió en presencia de acompañantes internacionales.
Este mismo martes 10 de septiembre de 2013, la Comunidad de Paz fue informada de que los paramilitares continuaban en la vereda La Hoz, en el mismo lugar donde fueron encontrados por la Comisión Humanitaria el día viernes 7 de septiembre de 2013 y que a pesar de las constancias, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para exigir la entrega del joven secuestrado BUENAVENTURA HOYOS y sus secuestradores continúan allí mismo, en zona plenamente controlada por el Ejército, y aún más, siguen recibiendo remesas que han sido trasladadas en 15 mulas que han salido desde Nuevo Antioquia hacia la vereda La Hoz, saqueada y ocupada por los paramilitares con toda la complicidad del Ejército, mientras sus pobladores fueron forzadamente desplazados. Allí, han amenazado de muerte a varias familias acusándolas de ser las responsables de la difusión que ha tenido la presencia de los paramilitares allí.
El miércoles 11 de septiembre de 2013, hacia las 12:00 horas, en la emisora Radio Litoral, la cual emite sus programas desde el municipio de Turbo, Antioquia, el GOBERNADOR DE ANTIOQUIA, SERGIO FAJARDO, el ALCALDE DE APARTADO, LUIS GONZALO GIRALDO y el CORONEL MIGUEL GÓMEZ, COMANDANTE DE LA BRIGADA XVII DEL EJÉRCITO NACIONAL, hicieron declaraciones públicas en las cuales negaron la presencia de los paramilitares en la región, negaron el desplazamiento forzado de familias y negaron la desaparición forzada del Joven Buenaventura Hoyos Hernández. Afirmaron que en la región lo que existe es la presencia de una Fuerza Pública que protege y que la Comunidad de Paz es la comunidad más protegida de la región. No es la primera vez que las autoridades civiles regionales y locales encubren los crímenes de la fuerza pública y de sus enormes brazos paramilitares en la región. A pesar de que toda esta barbarie es verdad de a puño para toda la población que la sufre y la ha sufrido de manera ininterrumpida, el poder civil cierra sus ojos y sus oídos y mira para otra parte, diciendo siempre que “todo es falso” o que ellos “no están enterados”. El mismo poder judicial ha encontrado como excusa para no investigar nada y para dejarle las manos libres a los criminales, decir que “las víctimas no denuncian”, pero cuando las víctimas denuncian, a las pocas horas sus denuncias están en manos de militares y paramilitares quienes reaccionan anunciando las más brutales represalias: o la muerte, o el desplazamiento, o la judicialización del denunciante mediante montajes. Así se ha logrado proteger a los criminales mediante todo tipo de omisiones, complicidades y seguridades.
El mismo miércoles 11 de septiembre de 2013, hacia las 12:30 horas, en la vereda La Resbalosa fue retenido por tropas del Ejército Nacional URÍAS GUISAO, miembro de la Comunidad de Paz. Un soldado se le acercó y lo amenazó con el fusil de dotación, y le advirtió que “la Comunidad de Paz no iba a durar mucho, que por un lado venían los paramilitares y que el fuero militar les iba permitir hacer lo que quisieran”.
El jueves 12 de septiembre de 2013, hacia las 10:20 horas, BLANCA TORRES, miembro de la Comunidad de Paz, fue abordada mientras caminaba por el centro poblado de Apartadó, por un paramilitar quien le pidió información de su esposo GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de Paz.
El viernes 13 de septiembre de 2013, a través de la emisora ANTENA ESTÉREO con audiencia en toda la zona de Urabá, el CORONEL DE LA BRIGADA XVII DEL EJÉRCITO con sede en Carepa manifestó que es falso lo del desplazamiento en la zona porque no existen denuncias oficiales por parte de las víctimas ante los órganos pertinentes. En relación a la presencia paramilitar en la zona, manifestó que nos hay paramilitares ya que existe una fuerte presencia del ejército en la región, que en la región existe es la presencia de los frentes 5º y 58 de las FARC. En relación a una marcha pacífica que se está anunciando en Urabá a partir del lunes 16 de septiembre de 2013 por parte de los campesinos, el oficial del ejército manifiesta que esta es organizada por la guerrilla de las FARC. También aseveró que existen algunas organizaciones que no permiten el desarrollo en la región como es la construcción de carreteras y la electrificación en algunas veredas. Por último manifestó que las denuncias sobre la presencia del paramilitarismo y desplazamiento en la región sólo pretendían hacerle daño a la imagen y al progreso que se vive en Urabá; que hablar de la relación entre el Ejército y el paramilitarismo en la región es algo que se explica por odios del pasado por parte de un pequeño sector en la región. En dicho programa un ciudadano que se identificó como miembro de un Comité de Derechos Humanos de San José y habitante de San José, manifestó que la marcha pacífica programada para el lunes 16 es una iniciativa de los campesinos del corregimiento quienes han tomado la decisión con plena autonomía e hizo un llamado a los campesinos para que quien se sienta presionado por las FARC no salga a la marcha. Tal declaración pone en riesgo a la Comunidad de Paz y a sus miembros, ya que la Comunidad de Paz no participa en este tipo de actividades y el no participar no significa que no sea víctima de un sistema paramilitar avalado desde el mismo Estado.
Este mismo viernes 13 de septiembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Guineo Alto perteneciente al corregimiento de San José. A varios campesinos les preguntaron por el camino que los llevaba a la vereda La Unión, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz.
Entre los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2013, paramilitares que hacen presencia en la vereda Campamento, del corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, amenazaron a varios campesinos con asesinarlos si participaban en la marcha programada para el 16 de septiembre de 2013. Desde hace años la comunidad de Paz ha puesto en conocimiento del Presidente de la República la presencia de una base paramilitar allí, pero la ausencia de toda acción correctiva evidencia la tolerancia y apoyo del alto Gobierno a esa presencia y accionar criminal.
El domingo 15 de septiembre de 2013, hacia las 8:45 horas, mientras un carro de servicio público que cubría la ruta entre San José y Apartadó, a la altura del reconocido lugar llamado Tierra Amarilla, un grupo de paramilitares lo interceptó allí, varios de ellos encapuchados, y amenazaron con asesinar a las personas que participaran de la marcha programada por campesinos de la región para el lunes 16 de septiembre de 2013.
El mismo domingo 15 de septiembre de 2013; hacia las 11:10 horas y por espacio de 20 minutos, se registró un nuevo combate entre efectivos de la Estación de Policía de San José con guerrilleros de las FARC, lo que generó pánico entre los civiles que allí se encontraban ya que era un día en el que la gente de las diferentes veredas concurren al lugar a comprar provisiones para su sustento.
Como puede apreciar, Señor Presidente, la agresión contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra la población campesina de su entorno, por parte de sus subalternos militares y policías quienes actúan en unidad de acción con enormes estructuras paramilitares que tienen reconocidas bases en la zona, como las de Nuevo Antioquia, Los Mandarinos, Playa Larga, Sabaleta, Piedras Blancas, Batata, Tierra Amarilla; quienes se pasean por toda la zona amenazando, haciendo censos, anunciando el exterminio de la Comunidad de Paz, ejecutando a pobladores, desapareciendo gente, perpetrando abusos sexuales, robando los enseres y alimentos de las familias, destruyendo cultivos y animales, desplazando grupos de familias, defendiendo a empresas poderosas y modelos de “progreso” que en nada benefician sino que perjudican radicalmente a los pobladores, todo en una innegable coordinación criminal con las instituciones del Estado, siendo lo más lamentable el que todo esto lo hemos puesto en su conocimiento directo mediante ya 11 derechos de petición sin que su despacho haya hecho absolutamente nada para frenar, corregir y sancionar a los responsables de tanta barbarie, lo que lleva a concluir que su responsabilidad frente a todo esto es ineludible.
Uno de los recursos más hirientes de las instituciones del Estado para evadir ante la opinión pública sus responsabilidades, es el recurso de la mentira. Desde 1997, cuando se constituyó la Comunidad de Paz, todos los comandantes de la Brigada han negado la realidad ante los medios masivos de comunicación. La misma justicia, después de muchos años, pudo comprobar la cadena de mentiras oficiales que acompañaron la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que conmovió al mundo entero, mentiras que han sido comprobadas poco a poco mediante confesiones, pero que involucraron a las más altas autoridades del Estado. En los últimos meses y semanas, cuando la acción criminal de militares y paramilitares ha sido intensa, es triste ver cómo las mismas autoridades civiles, como el Gobernador de Antioquia, el Alcalde de Apartadó, el Comandante de la Brigada XVII, utilizan las cadenas radiales para NEGAR todo lo que sucede, alegando que no se han puesto denuncias formales ante el aparato judicial, como ignorando que la Comunidad hace años que dejó de acudir a las fiscalías, procuradurías, juzgados, tribunales y defensorías, luego de comprobar la enorme corrupción con que actuaban y luego de poner esa podredumbre, con multitud de casos concretos, en conocimiento de todas las Altas Cortes del Estado, sin que se hiciera nada para corregir tan vergonzosos y criminales comportamientos.
Le reitero, pues, Señor Presidente, las peticiones aún no atendidas, en flagrante desacato a la Corte Constitucional, que se sustentan en la parte resolutiva de la Sentencia T-1025/07 y otras adicionales que se fundan en las últimas actuaciones criminales de sus subalternos:
· Suministrarme los nombres de los integrantes del Estado Mayor y de las direcciones de operaciones y de inteligencia de las brigadas XI y XVII durante el último año.
· Suministrarme los nombres de los oficiales que han tenido el mando de las bases o unidades militares y policiales acantonadas en el corregimiento de Nuevo Antioquia, municipio de Turbo, durante los últimos cinco años, con sus códigos militares.
· Suministrarme el nombre completo, código militar, unidad de pertenencia y línea de mando del Superintendente García, supuestamente adscrito a la base militar de Nuevo Antioquia.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros del Ejército y la Policía presentes en el caserío de San José de Apartadó los días: 11 de diciembre de 2011; 13 de marzo de 2012 y más específicamente identificar al militar que este día disparó contra la humanidad de John Freddy Úsuga; y entre el 27 y el 30 de mayo de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar presente en el retén de Caracolí los días 15 de diciembre de 2011 y 11 de enero de 20012.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Mulatos de San José de Apartadó los días 28 de enero de 2012; 2 de febrero de 2012; 10 de febrero de 2012 y 20 de febrero de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial presente en la vereda La Cristalina de San José de Apartadó, los días 31 de enero de 2012 y 7 de febrero de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que sostuvo un combate con la guerrilla en la vereda Arenas Bajas el 20 de febrero de 2012 en medio del cual fue asesinada la civil discapacitada Marlobe David Sánchez.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que llegó en helicópteros a la vereda Las Nieves de San José de Apartadó el 24 de julio de 2012.
· Exigirle al Coronel Javier Eduardo Vallejos, Comandante de la Brigada XVII, reparación de sus calumnias contra la Comunidad de Paz o demostrar que las pequeñas donaciones que la Comunidad recibe de grupos solidarios están condicionadas a denuncias que la Comunidad realice contra instituciones del Estado, así como probar al mismo tiempo que los crímenes denunciados por la Comunidad son falsos.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia el 7 de agosto de 2012 en la vereda La Resbalosa y que sostuvieron un supuesto combate con insurgentes en el que murió un supuesto guerrillero.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, el día 14 de agosto de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en el cerro Chontalito, de San José de Apartadó (entre las veredas Buenos Aires y Mulatos) el día 15 de agosto de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia entre las veredas La Unión y Las Nieves, de San José de Apartadó, el día 18 de agosto de 2012, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía motorizada de la ciudad de Apartadó que condujeron al comando a Germán Graciano el 28 de agosto de 2012 en coordinación con personas en trajes de civil quienes intentaron identificarlo en presencia de la Policía luego de hacerle seguimientos por la ciudad.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que mantuvieron un retén en el sitio “La Cabaña” de Apartadó el 29 de agosto de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, el 30 de agosto de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en el corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, el 31 de agosto de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que hacían presencia en el retén del barrio Mangolo, de Apartadó, el 5 de septiembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en el corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, el 5 de septiembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que hacían presencia en un retén ubicado entre la ciudad de Santa Fe de Antioquia y el municipio de Cañasgordas, en la noche del 6 de septiembre de 2012. Aunque en este caso la Policía ha enviado una abundante documentación sobre puestos de control en la zona, no es creíble que un atraco a tan poco distancia ni siquiera haya sido registrado.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en la base militar de San José de Apartadó (junto al centro urbano del corregimiento) el 13 de septiembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia de patrullaje en la vereda Miramar, de San José de Apartadó, el 19 de septiembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército y de la policía que hacían presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 27 de septiembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia a la entrada de la finca privada La Holandita de San José de Apartadó, el 3 de octubre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en la base militar de San José de Apartadó, junto a su centro urbano, el 4 de octubre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que dirigían la emisora del ejército en Apartadó el 4 de octubre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército y de la policía que hacían presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 6 de octubre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército o de la policía, presentes en el caserío de San José de Apartadó, quienes el 12 de octubre de 2012 ingresaron a la vivienda del Señor Jorge Bedoya.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de los oficiales de la Brigada XVII a cuya responsabilidad estaba asignada la protección de los pobladores de las veredas El Porvenir, La Esperanza y Caraballo, entre 1° y el 16 de diciembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de quienes comandaban e integraban las unidades militares que llegaron en dos helicópteros a la vereda La Esperanza el 29 de diciembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la base militar del centro urbano de San José de Apartadó el 6 de enero de 2013 en horas de la noche.
· Informarme sobre la relación con la fuerza pública del supuesto desmovilizado “Santiago Giraldo”, así como del usuario del celular 311-3422998.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que fumigó los cultivos de pan-coger de la vereda La Resbalosa el 17 de enero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar de la Brigada XI a cuya responsabilidad estaba asignada la protección de los pobladores de la vereda El Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, el 17 de enero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de los integrantes de las patrullas militares y auxiliares civiles que patrullaron la vereda Rodoxalí durante las semanas segunda y tercera de enero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar a cuyo mando y coordinación han estado y están los hermanos Cardona Borja, paramilitares residenciados en la Brigada XVII del Ejército.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda Miramar y cercanías de la vereda La Cristalina, entre el 25 y 26 de enero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la base militar de San José de Apartadó el miércoles 30 de enero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de los integrantes de la Brigada Móvil No. 24 que el viernes 1° de febrero de 2013 se encontraban en cercanías de la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó y que el día 2 de febrero ingresaron a la vivienda de la Señora Nolfa Sánchez en la misma vereda, en el punto conocido como La Máquina.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que se encontraba en el centro urbano de San José de Apartadó el viernes 8 de febrero y el domingo 10 de febrero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que en la semana del 11 al 16 de febrero de 2013 se encontraba en el corregimiento de Nuevo Antioquia, en el corregimiento de Piedras Blancas y en la vereda de Zunguito.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que condujo los helicópteros militares que hicieron presencia en cercanías del centro urbano de San José de Apartadó el jueves 14 de febrero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Piedras Blancas del municipio de Carepa el martes 19 de febrero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Nuevo Antioquia entre el 21 y 23 de febrero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Brigada Móvil No. 24 que el 26 de febrero de 2013 hizo presencia en la vereda La Esperanza, en los espacios de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Policía Anti Narcóticos que ha estado fumigando (febrero de 2013) las veredas de La Resbalosa, Mulatos y Las Nieves.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que el 6 de marzo de 2013 a las 04:00 horas de la madrugada allanó ilegalmente la humilde vivienda de Alfredis Rivas en la vereda La Linda de San José de Apartadó y que luego provocó un combate en medio de la población civil poniendo a ésta en alto riesgo.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda La Hoz el viernes 8 de marzo de 2013, quienes se enfrentaron con un grupo paramilitar dando de baja a varios de ellos pero considerando todo esto un “error” y dejando sin decomisar el armamento que ellos tenían y sin investigar las identidades de los occisos.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que estableció un retén en cercanías del aeropuerto de Carepa , en horas de la mañana, el lunes 11 de marzo de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la base militar del centro urbano de San José de Apartadó el viernes 15 de marzo de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Piedras Blancas, municipio de Carepa y en cercanías de la vereda Miramar de San José de Apartadó, el miércoles 27 de marzo de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Nuevo Antioquia el viernes 29 de marzo de 2013 y particularmente del personal militar a cuyo servicio se encuentran los paramilitares Leider Osorio David, alias “Tribilín”, y José Adelmo Osorno, alias “Panelo”.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que el 1° de abril de 2013 detuvo ilegalmente en Apartadó a Julio Guisao, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda La Sucia el jueves 4 de abril de 2013 y que provocó un enfrentamiento junto a la vivienda de la Familia Florez causándole daños.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que el jueves 4 de abril de 2013 detuvo ilegal y arbitrariamente en Apartadó a Germán Graciano, Representante Legal, y a Julio Guisao, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el centro urbano de San José de Apartadó el 5 de abril de 2013 quienes tomaron como suyo el centro de formación que allí existe, construido por la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda La Hoz el viernes 5 de abril de 2013 practicando detenciones ilegales y arbitrarias.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que los días 5 y 6 de abril de 2013 invadieron los lugares de trabajo de familias de la Comunidad de Paz del asentamiento de San Josesito impidiéndoles trabajar en sus labores agrícolas de subsistencia.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba entre San Josesito y San José de Apartadó el 6 de abril de 2013 hacia las 18:30 horas, quienes retuvieron ilegal y arbitrariamente al Representante Legal de la Comunidad de Paz y profirieron amenazas e insultos contra la Comunidad.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en inmediaciones de la vereda La Sucia donde fue asesinado el joven campesino Agustín Mora Sucerquia el sábado 6 de abril de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en cercanías del estadero Caracolí, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, quienes ejecutaron al joven campesino Carlos Andrés Torres Borja el 9 de abril de 2013 hacia las 16:45 horas.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda Arenas Altas el martes 9 de abril de 2013 y que presentaron combate en predios de viviendas y cultivos de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba el 13 de abril de 2013 en la vereda Arenas Bajas o en sus cercanías.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba el 16 de abril de 2013 en la vereda Arenas Altas, al parecer de la Brigada Móvil 24, quienes confesaron ser amigos y departir continuamente con el reconocido paramilitar Dairo de Jesús Rodríguez alias “Lalo” en el centro urbano de San José de Apartadó durante varios años y que este día practicaron detenciones ilegales, malos tratos y amenazas.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal que se encontraba en la vereda La Linda de San José de Apartadó el 19 de abril de 2013 en compañía de paramilitares y practicando detenciones ilegales y afrentas y amenazas a los pobladores.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que irrumpió en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra de la vereda Mulatos de San José de Apartadó el 21 de abril de 2013, violando propiedades privadas, impidiendo el trabajo de supervivencia de los pobladores y realizando amenazas, detenciones ilegales y chantajes.
· Suministrarme los nombres de los miembros del Estado Mayor y Dirección Operacional de las Brigadas XVII y Móvil 24, quienes a todas luces han tolerado, permitido y avalado la presencia de grupos criminales paramilitares de cuya coordinación con el ejército no queda duda alguna.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando los miembros del personal militar que hizo presencia en la vereda La Linda de San José de Apartadó el 19 de abril de 2013 y que en los días posteriores se comunicó repetidas veces, vía telefónica, con el campesino William Cardona.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Linda de San José de Apartadó el día 23 de abril de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia el 5 de mayo de 2013 en la vereda La Osa del corregimiento de Tierralta, municipio de Tierralta, Córdoba, quienes asesinaron al campesino Manuel Enrique Martínez Cardona.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la Policía Nacional adscritos al comando de Apartadó y a los policías de civil o colaboradores civiles de dicho comando quienes privaron ilegal y arbitrariamente de su libertad a la Sra. Laura Serna y Elvia María Cataño y las sometieron a otros procedimientos ilegales el 14 de mayo de 2013 y les quitaron sus documentos.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la carretera entre Apartadó y San José de Apartadó el domingo 19 de mayo de 2013, trayecto en el cual fue interceptado un vehículo de servicio público y retenido, amenazado y llevado con intenciones de asesinarlo, el campesino Ángel Eusebio Graciano.
· Suministrarme el nombre completo, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del SUBINTENDENTE HERNÉNDEZ, de la Policía, quien hacía presencia en el aeropuerto de Carepa el 19 de mayo de 2013 empadronando a la gente en flagrante violación de preceptos explícitos de la Corte Constitucional y respondiéndole a sus víctimas que no obedecía a la Corte Constitucional porque la Policía podía “hacer lo que le dé la gana” sin someterse a las leyes.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se enfrentó en combate con un grupo guerrillero el 23 de mayo de 2013 en el sitio El Barro de la vereda Mulatos de San José de Apartadó, tomando como trinchera la vivienda de una familia civil, perpetrando así el crimen de guerra de Escudo, proscrito en el Derecho Internacional Humanitario.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que detuvo ilegal y arbitrariamente al menor de edad Edilberto Tuberquia, de la Comunidad de Paz, el 25 de mayo de 2013 en la vereda Mulatos, sometiéndolo a insultos y amenazas.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 27 de mayo de 2013 ocupó una propiedad privada en la vereda La Unión y que el mismo día se enfrentó con un grupo guerrillero junto a otra vivienda de civiles en la vereda Las Claras, cercana a La Unión, poniendo en alto riesgo a la familia.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los agentes de la Policía que hacían presencia en el aeropuerto de Carepa el lunes 27 de mayo de 2013 a las 14:50 horas, quienes trataron de empadronar ilegalmente, en flagrante violación de normas de la Corte Constitucional, a Jesús Emilio Tuberquia, integrante del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Policía que hacía presencia en el aeropuerto de Carepa el 28 de mayo de 2013 a las 8:40 horas, quienes trataron de empadronar ilegalmente, en abierta violación de normas de la Corte Constitucional, a Arley Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Policía que el 30 de mayo de 2013 a las 15:00 horas interceptó a los 32 delegados de la Comunidad de Paz que regresaban de Bogotá donde el día anterior el Presidente Santos había anunciado que haría la retractación de las calumnias contra la Comunidad de Paz proferidas por el anterior Presidente, acto que fue incumplido. Los policías sometieron a interrogatorios y requisas a los delegados.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se enfrentó con un grupo de guerrilleros el 30 de mayo de 2013 a las 14:00 horas entre las veredas La Esperanza y Mulatos de San José de Apartadó, haciendo blanco de sus disparos la casa del campesino Reinaldo Cardona, la cual quedó casi destruida, sin reparar que la familia y sus niños se encontraban en su interior.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que ingresó ilegal y abusivamente a la propiedad privada Aldea de Paz, de la vereda Mulatos.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 3 de junio de 2013 hizo presencia en la vereda La Unión y violó propiedades privadas afirmando explícitamente que no les importan las leyes.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que acampó en la vereda La Esperanza de San José de Apartadó del 1 al 4 de junio de 2013 violando espacios privados de vida y trabajo.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Mulatos el 5 de junio de 2013 que retuvieron ilegal y arbitrariamente a Bernardo Sepúlveda, integrante de la Comunidad de Paz y anunciaron nuevas acciones ilegales contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar acantonado en la base militar del centro urbano de San José de Apartadó el 7 de junio de 2013 que disparó proyectiles contra las aulas de la escuela del lugar en medio de un enfrentamiento con la guerrilla y que profirió amenazas contra la población civil del caserío ese mismo día.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 8 de junio de 2013 que amenazó de muerte al campesino Juan Sánchez mientras atravesaba a caballo el caserío.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Mulatos de San José de Apartadó el 9 de junio de 2013 quienes retuvieron ilegalmente al campesino Ramón Isidro Guerra, intentaron robarle su mula, lo amenazaron y anunciaron nuevas agresiones contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se coordinó estrechamente con los grupos paramilitares para rescatar las mulas que la guerrilla le robó a los paramilitares y que proclamaron el 10 y 11 de junio en varias veredas que estaban unidos para rescatar las mulas.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 15 de junio de 2013 el cual retuvo ilegal y arbitrariamente a Luis Alberto Correa Borja.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 13 de julio de 2013 ocupó ilegal y abusivamente la vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz en la vereda La Unión.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que el 22 de julio fumigó y destruyó criminalmente los cultivos de pancoger de la Comunidad de Paz en las veredas Mulatos y La Resbalosa, envenenando las aguas de consumo cotidiano.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Cristalina de San José de Apartadó el 27 de julio de 2013 obligando a desplazarse a una familia del lugar bajo amenazas de muerte.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la Policía que hacían presencia en un retén sobre la carretera entre San José y Apartadó el 29 de julio de 2013 a las 15:20 horas, quienes retuvieron a John Freddy Úsuga y lo amenazaron con una falsa orden de captura.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Arenas Altas de San José de Apartadó el 16 de agosto de 2013, quienes apoyaron un censo y empadronamiento ilegal llevado adelante por los paramilitares.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Resbalosa entre el 20 y 25 de agosto de 2013 ingresando ilegalmente a espacios privados de las familias de la Comunidad de Paz, forzando un empadronamiento ilegal y afirmando que no obedecen las leyes sino que hacen lo que les venga en gana, negándose a retirarse de los espacios privados ante peticiones de comisiones de la Comunidad de Paz que se trasladaron al lugar.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 21 de agosto retuvo ilegalmente al campesino Filinardo Quintero entre las veredas La Unión y Arenas Altas, amenazándolo y anunciando que los paramilitares venían detrás para atentar contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que llegó en helicóptero a la vereda Arenas Altas el 26 de agosto en una evidente coordinación logística con los militares que hacían presencia allí mismo desde días antes.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que bombardeó una zona de la vereda La Linda el 31 de agosto de 2013, sin reparar en la presencia de población civil.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la vereda La Hoz de San José de Apartadó el 31 de agosto de 2013, cuando paramilitares desaparecieron forzadamente al joven Buenaventura Hoyos Hernández de 18 años, estando los militares a pocos metros del lugar donde los paramilitares cometieron numerosas vejaciones, obligaron a la mayoría de las familias a desplazarse y saquearon todas las viviendas robando enseres y animales domésticos.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó el 31 de agosto de 2013, reteniendo ilegalmente al campesino Walter David y profiriendo amenazas contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que rodeó el asentamiento de San Josesito de la Comunidad de Paz en la madrugada del 1 de septiembre de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el centro urbano de San José el 5 de septiembre de 2013, el cual se enfrentó con la guerrilla en medio de la población civil en momentos en que atravesaba por el poblado una Comisión Humanitaria de la Comunidad de Paz con acompañamiento internacional, poniendo en alto riesgo la vida de los miembros de la Comisión y de los pobladores del caserío quienes fueron blancos de impactos a dos metros de distancia, estando previamente anunciado a la comandancia de la Brigada el paso de la Comisión.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que hacía presencia en el caserío de San José el 10 de septiembre de 2013 quienes retuvieron e intentaron ilegalmente empadronar al miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz Gildardo Tuberquia.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó el 11 de septiembre de 2013 quienes retuvieron ilegalmente y amenazaron al integrante de la Comunidad de Paz Urías Guisao, anunciando nuevas agresiones y crímenes contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial encargado de la seguridad de la carretera que une a San José con Apartadó en la jornada del 15 de septiembre de 2013, quienes permitieron que en el sitio Tierra Amarilla, multitud de veces denunciado por la presencia allí de estructuras paramilitares, paramilitares amenazaran a los ocupantes de los vehículos anunciando que quienes participaran en la marcha campesina del día siguiente serían asesinados.
· Suministrarme los nombres y códigos institucionales de los oficiales responsables del comando de las Brigadas 17, 11 y Móvil 24, en cuyas jurisdicciones se han movido durante el año 2013 con plena libertad grandes contingentes de paramilitares, quienes en repetidas ocasiones le han asegurado al campesinado que todo lo tienen coordinado con el ejército y que mutuamente se comunican sus rutas de desplazamiento por la zona, manteniendo grandes bases paramilitares de público conocimiento en Nuevo Antioquia, Playa Larga, Sabaleta, Los Mandarinos, Piedras Blancas, Batata y otras sin que haya el más mínimo intento de represión y control contra dichos grupos ilegales.
El desacato a la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional que todos estos hechos y negativas de información están revelando, se agrava, Señor Presidente Santos, por el desacato adicional al Auto 164 de la misma Corte Constitucional, que constituye un seguimiento de la misma sentencia y es fruto de una audiencia de seguimiento y evaluación llevada a cabo en la Corte Constitucional el 27 de marzo de 2012.
Es muy de lamentar, Señor Presidente, que Usted mismo haya desacatado la primera orden contemplada en dicho Auto 164 de la Corte Constitucional, al negarse a expresar la retractación de las calumnias que su antecesor en el cargo profirió contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en 2004 y 2005. Esto reviste mayor gravedad dado que los buenos oficios del Ministerio del Interior en la preparación del acto de resarcimiento nos aseguraron que iba a tener lugar la retractación y para ello trasladaron desde Apartadó a Bogotá, en la tarde del 29 de mayo de 2013, a 32 miembros de la Comunidad de Paz quienes participarían en el acto, sin embargo, una vez llegados a Bogotá, se les comunicó que usted se negaba a realizar la retractación, hecho que la Comunidad tomó como una agresión más contra su dignidad.
De igual forma, las demás órdenes de la Corte Constitucional, que involucraban a varias instituciones del Estado, no fueron cumplidas, frustrándose nuevamente las expectativas de reanudación de la interlocución entre la Comunidad de Paz y el Estado.
Finalmente y de manera encarecida y urgente, en virtud del derecho constitucional de petición, le ruego, Señor Presidente, ordenar la entrega sano y salvo del joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, secuestrado por tropas paramilitares quienes actuaban a pocos metros de tropas oficiales en la vereda La Hoz, el pasado 31 de agosto, en un contexto en que los mismos paramilitares propalaron por toda la región su estrecha unidad de acción con las tropas oficiales. El joven Hoyos Hernández, de 18 años de edad, es un campesino dedicado al trabajo agrícola sin ninguna relación con grupos o actividades ilegales y sólo víctima de una acción terrorista y criminal que ningún Estado tiene derecho a realizar. Les suplico, Señor Presidente, que a la mayor brevedad ordene le entrega de este joven a su familia y comunidad, sancione a todo el personal que tomó parte en el ilícito y tome medidas eficaces para conjurar la alianza criminal que se da desde hace muchos años en esa zona, entre las fuerzas armadas del Estado y los grupos paramilitares.
Le agradezco de antemano, Señor Presidente su pronta respuesta, dentro de los términos legales, a estas apremiantes peticiones.
Atentamente,
Javier Giraldo Moreno, S. J.
[ ———————————- ]
CC:
· Corte Interamericana de Derechos Humanos – Caso 12325
· Comisión Interamericana de Derechos Humanos
· Corte Penal Internacional – Exp. OTP-CR. 266/07
· Corte Constitucional de Colombia (Sala de Seguimiento a Sentencia T-1025/07)
…
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org
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