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El Copey: tierra de desapariciones, despojo y muerte

Con más de 300 reclamaciones sobre 21 mil hectáreas, los campesinos de este municipio del Cesar esperan la primera restitución de las tierras de donde los obligaron a salir los grupos paramilitares.

La Asociación Veredal de Víctimas del municipio de El Copey se ha ocupado en los últimos años de unir a los campesinos que fueron víctimas de los grupos paramilitares, para reclamar lo que un día les perteneció. Al frente de ella está una mujer que recorre en caballo las veredas, fincas y parcelas que, a comienzos de la década de los noventa, recibieron tituladas por parte del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder), pero que hoy son solo montañas.

La violencia paramilitar se ensañó con esta población del Cesar. A su paso por la región ocasionaron 176 desapariciones forzadas y generaron el desplazamiento de 5.311 desplazados; además,  afectaron la propiedad rural y por ello hoy se registran más de 300 reclamaciones en la Unidad de Restitución de Tierras que suman cerca de 22 mil hectáreas.

La líder* de esta Asociación recordó para VerdadAbierta.com el miedo que vivieron, especialmente en la vereda Entre Ríos, donde comenzaron a desaparecer a los líderes comunales mucho antes de que llegaran las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), debido a que un grupo de campesinos colonizaron las tierras que pertenecían a un coronel retirado del Ejército Nacional.

“Antes del 99, el primer líder de esta vereda fue desaparecido, su familia nunca lo encontró. Lo que supimos fue que el dueño de la tierra contrató a un grupo de hombres para sacarnos y antes de que el Incora nos adjudicara la tierra hubo un asesinato y esta desaparición. Después llegó la guerrilla y hubo asesinatos sistemáticos”, cuenta la mujer, que pidió la reserva de su nombre.

Las tierras a las que llegaron en 1982 eran productivas y estaban bañadas por diferentes ríos, pero tenían un problema, quedaban en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, por donde trasegaban grupos guerrilleros, y limitaban con el departamento del Magdalena, desde donde era fácil llegar desde los municipios de El Difícil, San Ángel y Santa Ana, pueblos donde facciones de las Auc instalaron años después sus bases.

La líder explica que comenzaron a escuchar que a la zona iban a llegar las Auc del Urabá, “pero nosotros no sabíamos qué era eso”. El anuncio se consolidó en 1996, cuando un grupo armado y mató a Nerio Rojas, un parcelero de la vereda Entre Ríos.

Lo que vino después fue peor. Tenían el estigma de ser colaboradores de la guerrilla, estaban sitiados por los paramilitares y el Ejército los acusaba de ayudar a ambos bandos, quedando muchas veces en medio del fuego cruzado.

Así como Entre Ríos, con 20 familias, que fue abandonada en 2003 después de un bombardeo del Ejército, también estaban las veredas San Miguel, con un número similar de familias que fueron desplazadas porque ahí se instaló un grupo paramilitar liderado por Jorge Luis Escorcia Orozco, alias ‘Rocoso’.

“Ellos se apoderaron de todo, la electrificación de Entre Ríos se la llevaron para las veredas San Miguel, Las Brisas y Las Navajas, por ahí no quedó nadie”, dice esta mujer que tuvo que ver cómo los paramilitares mataron a palos a su hermana, que vivía en el corregimiento de Chimila, un pueblo de El Copey que fue calificado siempre por las Auc como guerrillero.

También en la vereda Piedras Blancas hubo un desplazamiento masivo en 2003, cuando después de un bombardeo del Ejército las familias salieron de miedo, sólo con lo que tenían puesto y abandonándolo todo. “A esa vereda llegaba el Ejército y les decía a los campesinos que esas casas eran para esconder a los guerrilleros y por eso cuando se dio el desplazamiento, los paramilitares las quemaron”, afirma la líder.

Otro miembro* de la Asociación Veredal de Víctimas de El Copey cuenta que en el 2002 las Auc mataron al presidente de la junta de acción comunal de Entre Ríos, Eloy García, porque lo acusaron de colaborarle a la guerrilla. Pero lo que más lo marcó fue el caso que le ocurrió a su hermano, poblador de la vereda La Primera, quien fue víctima de despojo de su parcela y de su esposa: “Un paramilitar se quedó con la tierra y con la mujer, y él no pudo hacer nada”.

Para este hombre, que expresa timidez al hablar del pasado, la reparación o la restitución de las tierras que hagan es poco con todo lo que han tenido que sufrir: “Mi primer desplazamiento fue en 1996, cuando yo era presidente de la junta de acción comunal, pero regresé en 1999 y fue la época en que los paramilitares estaban tomando posesión de todo el territorio. Ese año a un vecino de parcela lo picaron y volví a salir; en el 2004 a mi hermana, que vivía en San Ángel, la mataron porque los paramilitares decían que cuando venía a El Copey traía información a la guerrilla. Ella tenía cinco hijos y vendía productos de revistas de catálogo para poder sobrevivir, muchos de sus clientes eran miembros de las Auc, pero le fiaban y después no le pagaban, entonces ella fue a donde alías ‘110’ y puso las quejas y la respuesta fue la muerte”.

Despojo de tierras
La Unidad de Restitución de Tierras del Cesar microfocalizó a todo el municipio de El Copey, debido a que los hechos de despojo y abandono de tierras por presión de grupos armados se dio en los tres corregimientos con que cuenta (Chimila, Caracolicito y San Francisco de Asís) y en las 71 veredas. Aunque aún no ha habido la primera sentencia de restitución, los líderes siguen su lucha en medio de la esperanza y el miedo que siente por las amenazas que reciben y lo desprotegidos que están.

“Yo soy mujer y aún así me voy sola a las veredas, sin acompañamiento policial a ver cómo están las parcelas, si existen todavía, si están ocupadas, porque en El Copey a las autoridades no les interesa el tema de víctimas”, denuncia con ahínco la líder, quien ha pedido protección desde comienzos del 2013 porque, según ella, en El Copey andan libres muchos de los paramilitares que propiciaron los desplazamientos y despojos de tierras: “Constantemente me los encuentro en la calle, hay gente que me sigue, gente en moto que ronda las veredas”.

En este municipio la mayoría de parceleros abandonaron la tierra por miedo a morir. Muchos tienen los títulos que les adjudicó el Incora, pero otros vendieron obligados a quienes les indicaban los jefes paramilitares. La vereda La Primera es una muestra de ello: queda a un kilómetro del corregimiento Caracolito, sobre la Troncal de Oriente, y ahí vivían 16 familias propietarias que poco a poco tuvieron que ceder a las amenazas de los armados.

Uno de esos dueños* relató a VerdadAbierta.com que por ahí pasaba un tubo de Ecopetrol y estaban al lado de la empresa Palmeras de la Costa, donde antes había cultivos de algodón.

“El interés era sembrar la palma que hay actualmente. Es una tierra plana, productiva, donde nosotros sembrábamos maíz, yuca, batata, auyama, pero querían la tierra y comenzaron a desplazar y a matar gente. Los paramilitares que estaban en la zona querían que todos los parceleros les firmáramos un proyecto de palma, pero yo no estaba de acuerdo. Un día llegué del monte y me estaban esperando con un papel para que desistiera del proyecto, pero me engañaron y era un poder y por ahí comenzaron a molestarme. Después me ofrecieron comprar la parcela con la mejora que había hecho, vinieron las amenazas a mi mujer, un día me emboscaron y me salvé de milagro, hasta que un día le vendí por siete millones a un colaborador de las Auc, que también era parcelero”.

Otro caso es el de una pareja que vivía en la vereda La Lucha. Ellos contaron* cómo el 4 de octubre de 2000, llegó alias ‘El Rocoso’ (en la actualidad está preso en Santa Marta) con sus hombres a la parcela donde vivían los padres de la señora. “Llegaron a la finca y amarraron a mi mamá, a mi papá y a un primo. Los maltrataron y luego se llevaron a los hombres y a varios metros de la casa los mataron. A mi mamá la dejaron amarrada en la casa, ella sólo escuchó los tiros y a la mañana siguiente como pudo se soltó y fue a una finca vecina a avisar”.

Ella sólo recuerda que a raíz de este hecho dejaron todo y al poco tiempo un paramilitar que estaba en el corregimiento de Chimila les dijo que se iba a quedar con la tierra, la misma que hoy tiene sembrada de palma. “Toda esa zona está llena de palma africana. Ahí cerca quedan las veredas Los Navajos, San Miguel y La Mano de Dios, también lo que antes era la arrocera Ariguaní, todo está sembrado de palma”, dice.

Para esta pareja, el proceso de restitución en El Copey no ha sido efectivo. “Esto está muy demorado y lo vemos incierto. El solo hecho de entregar las tierras con escoltas es poner a los campesinos a merced de los malos”, dice el hombre con preocupación.

Chimila, sitio de poder
El corregimiento de Chimila, a dos horas de la zona urbana de El Copey, fue tierra de disputa entre guerrilla y paramilitares. Antes de 1996 era una zona dominada por los frentes 59 y 46 de las Farc, y con presencia del Eln.  Eso hizo que fuera uno de los primeros sitios a donde llegaron los paramilitares de las Auc. Su importancia se confirmó en marzo de 2006, cuando Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, escogió ese corregimiento para hacer la primera de las dos desmovilizaciones que faltaban del Bloque Norte. Allí se desmovilizaron más de 1.700 hombres.

La primera aparición de paramilitares en Chimila fue en 1997. Llegó un grupo armado y anunció que ‘patrullarían’ la zona. Tres días después regresó en la madrugada y se llevaron a Eloy García Vives, presidente de la junta de acción comunal de San Miguel, a él lo obligaron a llevarlos a la vereda La Mano de Dios, de donde sacaron a otro líder comunal, Wilson Theran. A ambos los mataron a puñaladas y los arrojaron al río Ariguaní.

Según cuenta uno de los jóvenes* que en esa época vivió el terror paramilitar en la parcela donde vivía con sus padres y ocho hermanos –hoy es abogado-, en la vereda San Miguel los paramilitares mataron a muchos parceleros: “La gente no aparecía más, porque a los que sacaban de Entre Ríos los mataban en Chimila y la gente de Chimila en San Miguel y así iban de vereda en vereda. Nadie podía enterrar a sus muertos”.

El abogado le dijo a VerdadAbierta.com que en toda la zona veredal de El Copey existen fosas comunes. “Un día vimos pasar un buldócer, con el que abrieron un gran hueco, como una fosa. Dicen que el día de la desmovilización mataron a más de 50 guerrilleros que se habían entregado en esos días porque no tenían comida debido a la presión paramilitar”. La afirmación, sin confirmar hasta el momento, quedó como un rumor que ninguna autoridad desmintió o confirmó.

La parcela de la familia de este joven fue tomada como base por los paramilitares y aún así ellos decidieron quedarse. Pagaban vacuna y los obligaban a llevarles agua desde el cerro, a regalarles gallinas, leche y lo que ellos pidieran. Sin embargo, los tildaban de guerrilleros y el 6 de agosto de 2005 el comandante del grupo, alias ‘Mingo’, los citó a su campamento ubicado entre las veredas La Mano de Dios y San Miguel, y les dio dos horas para abandonar la parcela. La familia se fue con pocas pertenencias a El Copey, donde tenían una casa. Atrás dejaron los animales, media hectárea sembrada de frutales, un cultivo de yuca y un estanque con más de 2.500 peces.

El problema los persiguió hasta el pueblo, a donde una semana después llegó un emisario de las Auc y les dijo que para quedarse en el pueblo, debían entregar la finca a una hermana de ‘Mingo’. Aún así se resistían a perder la tierra, pero finalmente el 3 de septiembre de 2005, llegó alias ‘Sotomayor’ con un comerciante del pueblo y un contrato de compraventa.

“Traían un sobre con 20 millones, pero no se los quisimos recibir, mi mamá firmó el contrato y ‘Sotomayor’ se llevó la mitad de la plata y la otra mitad se quedó en la mesa. Después la consignamos y hoy estamos en un litigio por la justicia ordinaria”, afirma el abogado de su propia familia.

Muertes colectivas
El 11 de septiembre de 1998 ocurrió en la zona urbana de El Copey la primera masacre paramilitar. Era la media noche cuando llegó un grupo armado que se identificó como de la Fiscalía y sacó de sus viviendas a cuatro personas a quienes les dijeron que sólo era para confirmar una información. Al día siguiente amanecieron muertos Devis Enrique Caballero De la Hoz, Edison Segundo Pacheco Barros, Armando Rafael Barrios Almendrales y Dairo José Acuña De la Hoz.

La segunda masacre ocurrió el 16 de marzo del 2000, en una incursión al corregimiento de Chimila, a donde llegó un grupo de más de 150 hombres. Allí mataron a puñaladas a Damaso Miguel Hernández Becerra, Pedro Luna Niño, Luis Emel Ballesteros Díaz, Carlos Segundo Duran Ramos y José Trinidad Barbosa Rojas.

Hubo más asesinatos. Como los que recuerda la líder de la Asociación de Víctimas, ocurridos en la vereda La Mano de Dios, donde mataron a Hernando Navarro de 70 puñaladas. Él era dueño de una tienda y los paramilitares decían que le vendía provisiones a la guerrilla. Ese día lo asesinaron junto con su sobrino que acababa de llegar de prestar el servicio militar. Así como la muerte de un señor apellido Parra, a quien le cortaron las manos y le sacaron los ojos, y el caso aterrador de José Pastor, a quien cortaron en pedacitos.

“Cuando recorro las veredas y siento los perros ladrar, me asusto. Hace unos meses mataron a dos señores en Palmarí, que es una hacienda de palma, que queda como a 20 minutos de Entre Ríos, ese día reviví todo, la llaga no se cierra, sigue viva”, dice con voz nostálgica.

*Se omiten nombres por razones de seguridad.
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