Habitantes de esta población del Casanare rechazaron ayer, a través de una consulta popular, el proyecto Odisea 3D, que contempla exploración sísmica, perforación, producción y transporte de hidrocarburos en esta región.

 
El municipio de Tauramena, en Casanare, le dijo no a la exploración y explotación petrolera en su territorio, a través de una consulta popular en la que votaron 4.610 ciudadanos, de los cuales, 4.426 rechazaron esta actividad. La exploración sísmica Odisea 3D, que adelantaría Ecopetrol en los municipios de Tauramena, Aguazul, Recetor, Chámeza, Monterrey (Casanare) y un sector de Páez (Boyacá), y que hoy está suspendida, desató un fuerte movimiento en defensa de los recursos hídricos de la región.
 
La pregunta que fue puesta a consideración de los taurameneros fue: “¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate la Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?”, a lo que podían responder sí o no. Sólo 151 personas se inclinaron por el sí.
 
Alexánder Contreras, alcalde del municipio, aseguró con entusiasmo que se trató de “un ejercicio de mucha importancia, porque siendo unas elecciones atípicas, votaron más personas que para la elección del alcalde”. Sostuvo, además, que el paso a seguir “es sentarnos con el Gobierno para analizar el tema jurídico. El Gobierno ha dicho que el municipio no es competente para tomar decisiones frente a los recursos del subsuelo, pero está claro que la gente de Tauramena no apoya estos procesos de explotación”.
El presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, ha insistido en que a pesar de que este proyecto “es estratégico para las metas de producción petrolera del país”, la empresa no va a entrar en conflicto con la comunidad ni a pasar “sobre la voluntad de la gente”. Incluso ha sostenido que desistirían de sus pretensiones.
 
Los promotores de la consulta sostienen que la zona que fue elegida para adelantar la actividad sísmica es de una riqueza hídrica fundamental para los habitantes casanareños. “En estas zonas se conservan bosques primarios que regulan el componente hídrico y climático y contribuyen a la recarga de los acuíferos subterráneos de la sabanas del Casanare, sobre los cuales se sustenta la economía de agricultores y ganaderos”, señala la acción popular interpuesta por la corporación Raíces Verdes y otras similares el pasado 6 de noviembre ante el Tribunal Administrativo de Yopal.
 
El proyecto de exploración sísmica contempla un área de cerca de 440 mil kilómetros cuadrados y le fue adjudicado a Ecopetrol, que a su vez contrató con la Unión temporal Odisea 3D la socialización con las comunidades y los estudios sísmicos. Para el caso específico de Tauramena, el bloque Odisea 3D se desarrolla en el 49% de su territorio y afecta a once veredas, en las que se encuentran 798 manantiales.
 
Alexánder Roa, líder comunitario que impulsó la consulta, afirmó que los ministros de Ambiente y Minas, la viceministra del Interior y el presidente de Ecopetrol estuvieron el jueves pasado en Tauramena buscando detener la consulta e hicieron unos compromisos para adelantar una serie de estudios de vulnerabilidad. “Pero decidimos seguir adelante, porque en cualquier momento pueden reabrir el proyecto. No queremos sísmica en ese territorio ni hoy ni mañana. Ellos tienen miedo de que se dé el efecto dominó y empiecen a aparecer consultas en todas partes”.
 
Frente al auge que empiezan a tener estas consultas populares en las regiones donde hay presencia de proyectos minero-energéticos (Aguazul, Recetor, Chámeza y Monterrey están en proceso de realizar una), el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, expresó que su deber es garantizar el derecho a la participación, pero reconoció que “existe el riesgo de que estas consultas terminen volviéndose populistas al limitar la extracción de los recursos naturales, lo que llevaría al país a una situación económica terrible. ¿Se imagina lo que pasaría si paramos los ingresos del petróleo y de la extracción minera?”.
 
Iragorri Valencia también señaló que estas disputas “se pueden conciliar en la medida en que las empresas entiendan que tienen que no solamente extraer recursos, sino hacer inversión social en la zona y reparar los impactos que genera la extracción del recurso. Muchas veces el problema ha sido que algunas de esas empresas olvidan que en esas zonas de influencias, donde la gente los recibió con expectativas de empleo, deben invertir”.
 
Reconoció además que la comunidad de Tauramena “siente que  en los procesos de extracción anteriores no los tuvieron en cuenta. Lo que quieren es que contraten a la gente de la región, las tractomulas de la gente local, y creo que en eso ha faltado conciencia social de las empresas. Así como podemos mostrar ejemplos de zonas donde solo ha habido afectación, también hay  las que invierten en  la zona de extracción”.
 
La voluntad de la comunidad ya se hizo escuchar. Ahora el debate pasa al ámbito jurídico para determinar hasta qué punto los mecanismos de participación ciudadana son vinculantes para estos proyectos minero-energéticos.
 
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