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Plan para restituir 1,2 millones de hectáreas a indígenas y afros
Un grupo de antropólogos, abogados, ingenieros catastrales y sociólogos de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Tierras se internó en las selvas de Bagadó (Chocó) por casi dos semanas. ¿Su misión? Recabar pruebas del despojo de tierras que por causa de la minería ilegal sufrieron indígenas embera-katíos del Alto Andágueda.

Los testimonios de los pocos pobladores ancestrales que permanecen en la región serán llevados ante un juez de restitución de tierras. El objetivo es devolverles a 1.718 familias 50.000 hectáreas, mediante la figura de restitución colectiva. (Lea también: Fiscalía investiga denuncias de 6.000 víctimas.

Esta es una de las 21 demandas que la Unidad de Tierras prepara desde hace varios meses para lograr que 14.245 familias indígenas y afrodescendientes retornen a territorios equivalentes a 1,2 millones de hectáreas que les fueron arrebatadas en los últimos años por diferentes formas de violencia. De las 21 demandas, 12 corresponden a casos de resguardos y nueve a consejos comunitarios.

La magnitud y la violencia de ese despojo acaban de ser retratadas por otra entidad del Estado. El último informe ‘Forensis’, del Instituto de Medicina Legal, advierte que entre el 2003 y el 2012 fueron asesinados 1.063 indígenas, y que en los últimos seis años más de 79.000 fueron desplazados.

Citando datos de la Organización Nacional Indígena (Onic), Medicina Legal asegura que muchos de esos homicidios y masacres responden a una forma de “apropiación violenta de la tierra”.

Su tesis coincide con la Dirección de Asuntos Étnicos, al indicar que la minería ilegal e incluso la legal son una de las amenazas más recurrentes contra estas poblaciones. También destaca el impacto en el despojo a causa de las acciones del narcotráfico, guerrilla, bandas criminales y hasta empresas formales de cultivos de palma africana.

Luis José Azcárate, director de Asuntos Étnicos de la Unidad, le dijo a EL TIEMPO que se conformó un grupo élite que tiene como misión recorrer Chocó, Antioquia, La Guajira, Cesar, Meta, Cauca y Nariño, los departamentos con más casos de robo y ocupación de tierras colectivas.

Agregó que en los próximos días los jueces de tierras de Cali conocerán la primera demanda de ese tipo en el suroccidente del país. Es el caso de los territorios de los que fue desalojado el consejo comunitario Bajo Mira y Frontera, en Tumaco (Nariño).

En este caso, los investigadores documentaron que 46.481 hectáreas fueron apropiadas por una compañía palmera. La Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali dictó medidas cautelares sobre ese consejo comunitario y ordenó suspender –mientras se define la propiedad– la “explotación económica con palma africana”.

La Unidad de Tierras señaló que, una vez avancen los procesos, se continuará con otros 30 casos de indígenas y 20 más de afros que ya interpusieron la solicitud de restitución y que están en estudio.

Medicina Legal alerta por extinción de 34 comunidades

Aunque hace cuatro años un auto de la Corte Constitucional alertó al Estado sobre los riesgos de extinción física y cultural de al menos 34 pueblos indígenas, la protección para estas comunidades sigue siendo deficiente.
Esa es una de las principales conclusiones a las que llegaron los investigadores de Medicina Legal en el último ‘Forensis’, que entregó este organismo hace dos semanas.

El informe, que recoge estadísticas de la Onic y de organizaciones de derechos humanos, señala que el riesgo de desaparición se hace evidente, ya que de los 102 pueblos indígenas que sobreviven en el territorio nacional, 32 tienen una población menor de 500 personas, mientras que 18 comunidades tienen menos de 200 integrantes y 10, menos de 100.
Los yamaleros, makaguajes, pisamiras, tsiripus, taiwanos, piaroas, waipijiwis y muinanes son algunos de los pueblos en vías de extinción.

Las investigaciones muestran cómo, además del conflicto, el narcotráfico tiene una gran incidencia en el éxodo indígena.
Según el programa de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en el 2011 existían en las tierras de estas comunidades 6.004 hectáreas con cultivos ilícitos. Esos cultivos, dice ‘Forensis’, “generan inseguridad alimentaria y obstaculizan la siembra, caza y pesca de los pueblos”. Además, se registra confinamiento de comunidades que habitan regiones como Urabá y La Guajira, atravesadas por rutas del narcotráfico.

La mayoría de plantaciones están en el Pacífico, con 3.084 hectáreas. En otros enclaves indígenas como Guaviare y Meta hay 1.298, y en Putumayo y Caquetá, 830.

Otra amenaza son los crecientes cultivos de marihuana, muchos de ellos hidropónicos, que crecen en el Cauca y que son controlados por las Farc. De allí sale la hierba que alimenta la segunda ‘bonanza marimbera’ que se vive en el país.
La minería es otro de los azotes. De los 8.000 títulos mineros vigentes, 233 están superpuestos en resguardos indígenas. “El 89 por ciento de las violaciones de derechos a miembros de pueblos indígenas se cometieron en zonas en las que las actividades de agricultura y pesca se cambiaron por la extracción del oro y petróleo”, concluye un informe de la Contraloría publicado en mayo de este año.

justicia@eltiempo.comREDACCIÓN JUSTICIA

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