Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Los pueblos indígenas desde su propia voz: Discurso de coordinadora CLACPI en recepción del Premio Bartolomé de las Casas 2013

Discurso Premio Bartolomé de las Casas 2013 Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas, CLACPI.

Los pueblos indígenas desde su propia voz

Jannet PaillalAmérica Latina es un continente en el que los Pueblos Indígenas hemos hecho grandes contribuciones a la construcción de sociedades plurales donde se garanticen los derechos de todos los pueblos que conformamos los diferentes estados nacionales. Paradójicamente, en esta misma región se constatan altos niveles de discriminación hacia nosotros y, en muchas ocasiones, las reivindicaciones fundamentales que exigimos no son entendidas por el resto de la sociedad.

A nivel identitario existe una negación importante del componente indígena que determina a la mayoría de la población mestiza latinoamericana. Los valores que caracterizan a la cultura moderna dominante basada en el modelo socioeconómico neoliberal, se contraponen en diversos niveles a la cosmovisión de las culturas indígenas, cuestión que ha creado un terreno propicio para la violación reiterada de nuestros derechos humanos.

Se trata de un proceso difícil de revertir cuando no se cuenta con los canales o puentes de comunicación que permiten visibilizar una voz y mirada distintas, y que nos afecta no sólo a nosotros, sino también a la sociedad latinoamericana y mundial en general, ya que implica la desaparición de características culturales que podrían enriquecer la visión de mundo y las prácticas sociales de los habitantes del continente, así como su calidad humana.

En directa relación con lo anterior, durante las últimas décadas, el ejercicio de la comunicación en América Latina ha estado marcado por la excesiva concentración de los medios y, por lo tanto, del poder para difundir discursos y crear realidades. La escasa regulación e inversión en esta área por parte de los estados, ha facilitado históricamente la vinculación de la prensa al sector privado. La intensificación del neoliberalismo en 1980 y 1990, permitió la entrada de transnacionales como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony y Prisa, que en alianza con grupos mediáticos locales, configuraron un panorama marcado por los monopolios.

En la actualidad, Televisa controla el 69 por ciento de la televisión abierta, TV Azteca el 31,37 por ciento; el grupo Clarín hace lo suyo con el 31 por ciento de la circulación de los diarios, el 40,5 por ciento de la televisión abierta, y el 23,2 por ciento de la televisión de pago. Por su parte, Globo responde por el 16,2% de los medios impresos, 56 por ciento de la TV abierta y el 44 por ciento de la TV de pago. Entre Brasil, México y Argentina, estas empresas se llevan más de la mitad de los diarios, radios y canales de televisión, además del 75 por ciento de las salas de cine de la región.

Si a ello sumamos el hecho de que el 85, 5 por ciento del contenido audiovisual importado de América Latina viene desde Estados Unidos, no debiera sorprendernos la falta de representatividad de los contenidos que circulan a través de estos espacios. No es ninguna novedad que en un modelo como este la información sea considerada una mercancía más que un derecho, y que, por lo tanto, amplios sectores de la sociedad queden excluidos tanto de la posibilidad de identificarse y acceder a ella, como de su producción.

Desde hace años los pueblos indígenas de América Latina hemos comprendido la gravedad de este contexto en el que somos uno de los grupos más perjudicados: cuando los medios de comunicación no nos omiten -como suele suceder- nos retratan desde el exotismo, los estereotipos y la distancia abismal de la mirada occidental y su estandarte del progreso. En el marco del sistema económico neoliberal los pueblos originarios y sus territorios son constantemente saqueados por la ambición transnacional que, en complicidad con los estados, explota de manera excesiva la madre tierra.

Desde la mirada mercantilista, los pueblos indígenas que se oponen a la destrucción de estos lugares por considerarlos una fuente de vida sagrada, no son más que “obstructores del progreso”. Y lo hacen no sólo a través de los escasos medios de comunicación que tienen a su alcance, sino también con el trabajo colectivo en sus comunidades, e incluso con sus propias vidas.

Entre 2003 y 2012, fueron asesinados 563 indígenas en Brasil. El 2012 fueron 104 solo en Colombia, y hasta mayo de 2013 ya iban 24 en ese mismo país, en donde confluye además el conflicto político entre el estado y las FARC. En marzo pasado Venezuela se conmovió ante el asesinato, a mano de sicarios, del líder del pueblo yukpa, Sabino Romero, quien luchó incansablemente ante la repartición injusta de las tierras de su pueblo por parte del gobierno. En Ecuador han procesado a 194 indígenas por sabotaje y terrorismo, y en países como Guatemala, Honduras, Perú, México, Paraguay o Chile, la situación no es más reconfortante.

Se trata de una realidad que casi no aparece en los “grandes medios”, y cuyo clima de impunidad e injusticia, solo puede ser contrarrestado por los medios alternativos, principalmente de comunidades. La labor de los y las comunicadoras indígenas se convierte entonces en un trabajo invisible para la mayor parte de la sociedad, pero fundamental para la protección de los derechos humanos de indígenas y no indígenas. Al dejar en evidencia la complicidad de los poderes fácticos con hechos derechamente ilegales, la criminalización se ha convertido en un escenario común para los comunicadores indígenas que deben lidiar permanentemente con el cierre de sus radios, los procesos judiciales, y el encarcelamiento, sin olvidar que muchos de ellos forman parte de las cifras de asesinados que tristemente reclaman las estadísticas de nuestro continente.

Sumando fuerzas

Cuando en 1985 creamos la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, lo hicimos entendiendo que el arte y la comunicación son mecanismos de promoción y consolidación de percepciones correctas y de justa valoración hacia las expresiones determinantes de nuestra cosmovisión indígena. Los Festivales Internacionales de Cine y Vídeo Indígena tuvieron mucho que ver con ese proceso, al permitirnos reunirnos y reflexionar sobre la construcción de una imagen propia, e ir avanzando hacia una postura política más compleja y representativa, respecto a nuestro propio trabajo como comunicadores y comunicadoras indígenas. Así mismo fuimos perfeccionando nuestro manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC’s, y apropiándonos de ellas a través de diversos talleres y espacios de formación, y sobre la base de la oralidad y el equilibrio espiritual, que caracteriza nuestras raíces y métodos de aprendizaje.

Ese mismo crecimiento nos permitió entender la importancia de ampliar el alcance de nuestros certámenes a otras regiones y culturas de América Latina, dando origen al Premio Anaconda al Vídeo Indígena Amazónico del Chaco y los Bosques Tropicales de América Latina y el Caribe. Posteriormente, cuando nos reunimos en noviembre de 2010 para celebrar la I Cumbre Continental de Comunicación Indígena en el Cauca, Colombia, lo hicimos convencidos de la necesidad de potenciar nuestro trabajo. En esa valiosa instancia no sólo pudimos establecer redes y compartir experiencias, sino también llegar a acuerdos sobre qué es lo que distingue a la comunicación indígena de otras formas de comunicación, planteamiento que reafirmamos en la II Cumbre Continental de Comunicación Indígena realizada en Oaxaca en octubre pasado.

Nuestro punto de partida fue reafirmar la validez de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de acuerdo a los cuales, la comunicación en sí constituye un derecho humano, innegable e impostergable. Paralelamente, nos dimos cuenta que nuestro Derecho a la Comunicación Indígena no se trataba de algo nuevo, sino que estaba amparado plenamente en el marco normativo internacional, a través de documentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, Declaración universal sobre la diversidad cultural, la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, el Convenio 169 de la OIT, el Pacto de San José de Costa Rica sobre Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión, la Carta de Santo Domingo, entre otros.

Establecimos además que nuestra forma de comunicar se rige por un principio ordenador, inseparable del reconocimiento a la libre determinación de los Pueblos Indígenas. De esta forma nos comprometimos tanto en la práctica, como en la teoría, con una comunicación liberadora, descolonizadora y de contenidos propios, basados en nuestra cosmovisión. Entendida así la comunicación indígena debe ser capaz de visibilizar las luchas, acciones, valores y sentimientos de las comunidades, sustentándose en la vida, identidad, cultura, idioma y aspiraciones de los pueblos y nacionalidades indígenas.

El compromiso por ejercer una comunicación autónoma, pluralista y en profundo respeto a la dignidad y espiritualidad de los distintos pueblos y nacionalidades de Abya Yala, lo reafirmamos durante el Primer Parlamento Internacional de Comunicación Indígena y Plurinacionalidad, realizado en noviembre de 2012 en Buenos Aires, Argentina, en el Año Internacional de la Comunicación Indígena; y en el Segundo Parlamento por el Derecho a la Comunicación en América Latina, realizado en Santiago de Chile, en junio de este año. Vale decir que todas estas actividades no podrían haber sido realizadas sin el apoyo del Programa Indígena de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, que se ha destacado como un pilar fundamental, frente a la indiferencia generalizada de los estados latinoamericanos.

Hoy recibimos con orgullo el Premio Bartolomé de las Casas 2013, no sólo como un reconocimiento al trabajo de todos los que han pasado por CLACPI y que han contribuido al movimiento indígena de la región, sino también, como una instancia que nos permite poner en evidencia nuestras luchas, y revisar el estado de la comunicación indígena en Abya Yala, constatando de manera inevitable que nos encontramos ante grandes avances, pero también, importantes desafíos.

Si bien, en todos los países de América Latina existen regulaciones sobre telecomunicación, ha sido recién en la última década que algunos gobiernos han comprendido la necesidad de superar la perspectiva mercantilista sobre la comunicación y la información, reconociéndola como un derecho. Muchos menos son los que han incorporado a los pueblos indígenas en estas reformulaciones.

Sin duda, Bolivia nos lleva la delantera en este proceso a través de diversos decretos que vienen reconociendo la existencia de los medios comunitarios e indígenas, desde 2004. La Ley General Nº 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, de 2011, otorga el 17 por ciento del espectro público de frecuencias radiales, a los pueblos indígenas originarios, campesinos, interculturales y afrodescendientes, y además exige a los Gobiernos Autónomos Municipales, garantizar la creación de estos espacios con plena participación y control social.

Dos años antes, en Argentina, se promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con un título dedicado específicamente a los pueblos originarios. A través de este instrumento se creó una cuarta categoría de propiedad – además de la estatal, privada y sin fines de lucro-, que autorizó legalmente la instalación y el funcionamiento de servicios de comunicación por televisión abierta, y radio de amplitud modulada (AM) y modulación de frecuencia (FM), para los pueblos indígenas, reservándoles el 17 por ciento del espectro.

En la reciente Ley de Comunicación impulsada por Ecuador, el Artículo 113 restringe la creación de monopolios y oligopolios, al mismo tiempo que garantiza, a través del Artículo 36, la diversidad y pluralidad de las voces representadas en los medios de comunicación, con especial atención a la cosmovisión y la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, a través de un mínimo del 5 por ciento de su programación diaria. Así mismo, el 4 por ciento del espectro radioeléctrico debe estar abierto y reservado para organizaciones sociales sin fines de lucro, comunidades indígenas y afro descendientes.

Otras reformas recientes, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay o la reforma que se viene impulsando a la Ley de Telecomunicaciones de México, constituyen avances para la democratización de la comunicación y el mejoramiento de sus contenidos. Sin embargo, no aportan avances significativos para los pueblos indígenas, toda vez que se limitan a reconocer su existencia como voces que forman parte de una pluralidad más amplia y encasillada dentro de la comunicación comunitaria, sin asegurar su representación y acceso a los medios. Esto se entiende quizás en el caso de Uruguay, en donde, producto del genocidio, la población indígena ha sido reducida a una minoría, pero no así en México que posee la mayor cantidad de habitantes indígenas de toda América.

En Brasil recién se está impulsando la democratización de los medios de comunicación a través de una ley impulsada por las recientes movilizaciones sociales, mientras en el resto de los países los proyectos se encuentran atascados, o ni siquiera forman parte de la preocupación de los gobiernos, como es el caso de Chile. La única forma de asegurar que el tema indígena forme parte de estas reformas legales y las que están por venir, es que estén acompañadas de un fuerte proceso de empoderamiento por parte de las mismas comunidades y la sociedad civil, tal como pasó con las legislaciones de Bolivia y Argentina, que se cuentan entre las más avanzadas de su tipo.

Asimismo, es fundamental que ese empoderamiento se mantenga a través del tiempo, asegurando la autonomía del bloque social, frente al poder estatal y la utilización política. Basta ver los casos de los países recién mencionados para darse cuenta de la necesidad de llevar esta premisa a la práctica. En el caso de Bolivia, los y las comunicadoras indígenas han logrado un alto nivel de acceso a los medios en relación a otros países de la región, pero sus espacios continúan relegados a horarios de baja audiencia.

En Argentina el manejo del gobierno ha logrado dividir a las organizaciones indígenas impidiendo además la correcta aplicación de la ley al no asegurar en la práctica el acceso de los pueblos a los medios de comunicación masivos. Una muestra de ello es Wall Kintun TV, el primer canal indígena del país que hoy no cuenta con equipos para producir contenidos propios.

En definitiva, las últimas reformas representan un avance importantísimo, pero que no resguarda las especificidades de la comunicación indígena. Los comunicadores y comunicadoras indígenas no necesitamos sólo tener acceso a una radio de corto alcance, necesitamos formar parte de la multiplicidad de miradas que aparecen diariamente en los medios masivos, y constituirnos como voces validas dentro de las disputas discursivas que acontecen en la opinión pública. Y tenemos la certeza de que no es necesario llegar al intervencionismo de la prensa para lograrlo. Asimismo, tenemos derecho a crear y mantener nuestros propios medios, sin que ello implique estar a la deriva del mercado o los vacíos legales, pues la función que cumplimos dentro del contexto de vulneración permanente a la que se ven sometidos nuestros hermanos y hermanas, es fundamental e irremplazable.

Debemos entender que asegurar el Derecho a la Comunicación Indígena, no es un regalo por parte de los estados, sino una tarea pendiente. Tanto las reformas legales como los programas que se impulsen a partir de ella deben contar con el acompañamiento de las comunidades y la ciudadanía en general, de tal forma que sean producto del trabajo social y no préstamos del gobierno de turno. Los fondos estatales que se entreguen para la creación, mejoramiento o mantención de medios de comunicación indígena no pueden depender de la simpatía de los políticos hacia determinado líder o sector del movimiento indígena. Es nuestra obligación luchar porque estos mecanismos funcionen de manera autónoma y que, independiente del sector que gobierne, podamos registrar avances a través del tiempo.

Por otro lado, creemos firmemente que instalar el Derecho a la Comunicación Indígena es una necesidad que no solo sirve al bienestar de nuestros pueblos, sino a la sociedad latinoamericana en general, en tanto las condiciones mínimas para su concreción exigen mejorar el nivel de acceso a los medios de comunicación y modificar las pautas culturales asociadas al elitismo, la discriminación, el conservadurismo y el mercantilismo, que actualmente los rigen.

Es por lo mismo que no necesitamos sólo leyes, sino políticas públicas y estados que se hagan cargo de iniciar e impulsar con los pueblos indígenas, procesos de empoderamiento respecto a la comunicación, en particular a la indígena. Tenemos la seguridad que el resultado innegable de eso será una América Latina más libre, justa y diversa, y ese es el compromiso por el que apostamos como Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas. Muchas gracias.

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