Ayer en horas del medio día en la ciudad de Medellín fue acribillado por sicarios Carlos Arturo, de 22 años, hijo de la lideresa, Ana Fabricia Córdoba, asesinada en 2011 en la capital de Antioquia.

Carlos Arturo, en particular, junto con sus hermanas, han aportado en el esclarecimiento judicial del asesinato de su madre. Desde ese el día de ese crimen, Carlos contribuyó hasta el día de ayer en la búsqueda de pruebas para que la Fiscalía General de la Nación logrará sancionar a los responsables del asesinato de su madre. Ésta decisión por el derecho a la verdad y a la justicia la asumió en medio de riesgos y de una cotidianidad plagada de las graves consecuencias de la desigualdad y de la exclusión social.

Tanto dolor de hoy y de ayer es la consecuencia de una espiral que se desata entre la violencia y la impunidad desde 1995.

El drama de Carlos y los que sobreviven aún hoy de su familia se inició en 1995 con el asesinato de su padre Delmiro Ospina y Carlos Mario y el desplazamiento forzado desde Chigorodó causado parte de paramilitares que operaron con apoyo de la brigada 17 y Policía de Urabá, conductas que permanecen en la impunidad.

Desplazados continúan siendo víctimas de la persecución del paramilitarismo en la ciudad de Medellín con amenazas de muerte, hecho en impunidad

Posteriormente, el hermano mayor de Carlos, Jonatan Arley, es asesinado por la policía, crimen que se encuentra en la impunidad.

Hace ya más de dos años, en 2011, su madre, Ana Fabricia Córdoba luego de ser amenazada y hostigada es asesinada, crimen en la impunidad.

Y ayer en medio de la sobrevivencia con trabajos aquí y allá, en el amor profundo por su madre y sus hermanas, entre la búsqueda de un futuro distinto con la satisfacción del derecho a la verdad y a la justicia, Carlos fue asesinado.

Desde 1995 hasta hoy todo es infamia sustentada en la impunidad, en la exclusión social a la que se ha llegado por el desarraigo forzoso y la ausencia de medidas efectivas de todos los gobiernos para proteger a las víctimas y dar respuesta justa a sus demandas.

Bogotá, D.C. 2 de febrero de 2014
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 

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